La Asociación de Afectados del Grupo admite sin embargo que la situación jurídica es complicada
Los afectados por impagos tras la quiebra de Viajes Marsans han visto en los últimos días renovadas sus esperanzas de cobro tras la detención del copropietario del grupo, Gerardo Díaz Ferrán, por ocultar su patrimonio para así evitar el pago a sus acreedores, tal y como explicó a Europa Press el expresidente del Comité de empresa, Joan Mairal.
«Es una alegría personal y para todos los afectados, porque siempre se nos dijo que no había dinero y que no cobraríamos, por lo que hasta que arrestaron a estos señores no teníamos ninguna esperanza de cobro. Ahora hasta la Interpol está buscando dinero por el mundo, y eso es una esperanza para poder cobrar», ha asegurado.
En esta misma línea se expresó el presidente de la Asociación de Afectados del Grupo Marsans, Gregorio Martín, quien recordó que ya en 2010 ellos aseguraban que «todo era una estafa bien montada». «Por eso reclamábamos que se paralizase la venta de las empresas. Ahora todo se reconoce oficialmente y estamos satisfechos», remarcó.
Martín coincidió con Mairal en que ahora hay «mayores perspectivas» de cobro para los acreedores, y reiteró que ya sabían que «habían ocultado un botín que aparece ahora», por lo que adelantó la intención de la Asociación de personarse como acusación en la causa abierta en la Audiencia Nacional, mientras esperan otra sentencia del Juzgado Mercantil número 12 en la misma línea.
Además, añadió que ahora que se han encontrado bienes de Díaz Ferrán, su socio Gonzalo Pascual, y del liquidador Ángel de Cabo, es la Audiencia Nacional la que debe «determinar de donde procede ese cuerpo del delito y devolver a cada uno lo suyo».
Eso sí, reconoció que el «tema jurídico es muy complicado», puesto que las inversiones, «aunque todas provienen del saco inicial que es Marsans, se diluyen en cascada por todo el grupo de empresas», por lo que es «complicado» saber hasta qué grado de profundidad se podrá llegar.
Según las investigaciones, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, «diseñaron una estrategia» para ceder las empresas del Grupo Marsans y sus bienes personales al empresario Ángel de Cabo con el fin de «aparentar su insolvencia patrimonial». Una actividad delicitiva de ocultación de patrimonio y activos que superó los 30 millones de euros, con lo que provocaron un fraude que afectó a «más de 10.000 acreedores».
Entre los acreedores figuran AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, empresas a las que Marsans les adeuda 45 millones de euros.
«CONFIAMOS EN EL SENTIDO COMÚN»
«Confiamos en el sentido común. Si efectivamente se ha demostrado que nos hemos quedado sin trabajo por la comisión de una serie de delitos, y está demostrado que ha salido el dinero, sería absurdo que cobrasen las empresas, Hacienda, la Seguridad Social y otros acreedores, y no los trabajadores», argumentó.
Mairal indicó a este respecto que los trabajadores cobraron los 20 días del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero aún les faltan otros 12 de indeminización que la empresa nunca pagó, más la bolsa de trabajo de 1,9 millones de euros para los mayores de 50 años.
«Nuestra desgracia es que los medios no hicieran más ruido en aquel momento, porque todos sabíamos que eran liquidadores. Ni la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, ni nadie, se puso a investigar algo que era obvio, de manera que hicimos todo el ruido que se dejó escuchar», sentenció.
