No es habitual que un día comience con una sentencia capaz de transformar el panorama de la economía digital.
El Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid ha dictado una condena contra Meta, obligándola a abonar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias informativas españolas.
Esto se debe a que Facebook e Instagram utilizaron datos personales de millones de usuarios para obtener una ventaja publicitaria “desleal”, infringiendo así la normativa europea sobre protección de datos.
La resolución, fechada el 19 de noviembre de 2025, es contundente: Meta ha empleado información personal de manera ilegal, lo que le permitió crear campañas altamente segmentadas, inalcanzables para los medios tradicionales.
Esta estrategia no solo distorsionó la competencia, sino que también comprometió la viabilidad económica de los editores españoles, quienes se han visto desplazados por este gigante tecnológico en la lucha por los ingresos publicitarios.
El juez aplicó las reglas sobre la carga de la prueba debido a la negativa de Meta Irlanda (la filial responsable en España) a presentar sus cuentas detalladas. De esta forma, aceptó los cálculos realizados por los demandantes y fijó la indemnización en función de los ingresos generados por Meta en España entre mayo de 2018 y agosto de 2023: más de 5.281 millones de euros obtenidos mediante infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Si la cifra real hubiera sido menor, Meta habría podido presentar sus cuentas; sin embargo, el silencio por parte de la multinacional ha jugado en su contra.
La distribución del monto indemnizatorio sigue una lógica clara: las ganancias obtenidas vulnerando la ley deben ser redistribuidas entre aquellos que compiten en el mismo ámbito. El juzgado se apoyó en un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para asignar las correspondientes cuotas a cada editor, evaluando el daño causado por el desplazamiento en el mercado del display digital.
El trasfondo legal y europeo: ¿por qué Meta vulneró la ley?
El eje central de esta condena radica en el uso indebido de datos personales sin contar con una base legal adecuada. En 2018, Meta modificó su política: dejó atrás el consentimiento explícito del usuario y lo reemplazó por “la ejecución del contrato”, lo que le permitió seguir explotando datos para publicidad a pesar del hecho de que el RGPD exige bases jurídicas estrictas para cualquier tratamiento que afecte a la privacidad. Esta acción fue sancionada en 2022 por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y ahora se convierte en el núcleo central del fallo español.
El artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) establece que obtener una ventaja competitiva mediante infracciones legales es considerado desleal. La sentencia dedica gran parte de su análisis a revisar tanto la legislación como la jurisprudencia comunitaria, destacando que los servicios ofrecidos por Facebook e Instagram funcionan bajo un marco normativo común en toda la UE. En Francia ya se está tramitando una demanda similar, y no sería sorprendente que otros países sigan los pasos dados por España.
Impacto en el sector y en la economía digital
Este veredicto ha generado inquietud en el sector publicitario y mediático. Los medios digitales españoles llevaban años denunciando cómo el modelo publicitario impuesto por Meta les marginaba sistemáticamente, privándoles así de ingresos esenciales y debilitando el pluralismo informativo. Ahora, con este fallo judicial se reconoce explícitamente ese perjuicio y se abre un camino hacia futuras reclamaciones en Europa relacionadas con el uso indebido de datos personales.
Es importante señalar que esta sentencia no es definitiva; Meta tiene derecho a apelar ante la Audiencia Provincial de Madrid. Aun así, su impacto podría ser significativo. El juez enfatiza que las acciones llevadas a cabo por Meta afectaron directamente los ingresos generados por los medios digitales, quienes vieron cómo sus facturaciones caían mientras esta multinacional consolidaba su dominio apoyándose en un tratamiento ilícito de datos personales.
Inteligencia artificial y segmentación: el nuevo frente de la competencia
El caso también pone sobre la mesa el papel crucial que juegan los avances en inteligencia artificial dentro del mercado publicitario. Las técnicas basadas en IA y aprendizaje automático permiten a plataformas como Facebook e Instagram analizar grandes cantidades de datos y crear perfiles detallados sobre los usuarios, optimizando así sus campañas publicitarias con una precisión casi milimétrica.
Sin embargo, esta sentencia española deja claro que innovar tecnológicamente no puede ser excusa para pasar por alto derechos fundamentales. La explotación intensiva de datos personales debe respetar tanto la privacidad como las normativas vigentes. Ya en 2018, el Parlamento Europeo advirtió sobre cómo el derecho a competir debía limitar los excesos derivados del uso masivo de datos personales, especialmente cuando esto genera un poder económico e informativo desproporcionado.
La resolución judicial plantea preguntas importantes: ¿hasta qué punto pueden coexistir inteligencia artificial y big data con una adecuada protección a la privacidad y sostenibilidad para los medios? Por ahora, queda claro que el futuro del ecosistema digital deberá buscar un equilibrio entre innovación y respeto a las leyes establecidas.
¿Y ahora qué? El futuro de Meta y la publicidad en Europa
Meta aún no ha hecho declaraciones acerca si impugnará esta decisión judicial; sin embargo, este fallo ya resuena dentro un marco europeo cada vez más atento al uso indebido de datos personales. En un sector como el publicitario, donde las batallas se libran tanto económica como legalmente, esto representa un cambio importante.
La condena impuesta por 479 millones no solo supone un duro golpe para Meta; además marca un hito significativo en cuanto a protección de datos personales y regulación dentro del ámbito publicitario digital. Los medios españoles celebran esta victoria que podría tener repercusiones más amplias en toda Europa y que seguramente transformará las dinámicas competitivas entre plataformas tecnológicas y prensa tradicional.
En una era donde algoritmos e inteligencia artificial parecen tomar decisiones cruciales casi automáticamente, este pronunciamiento judicial recuerda que existen normas que deben ser cumplidas; porque al final del día, todos debemos rendir cuentas ante ellas.
