Muchas horas de cháchara ha llevado la sentencia del caso Ábalos, donde el corruptor de la trama, Víctor de Aldama, se ha salido casi de rositas, a diferencia de los otros implicados. Y ha sido así porque la ley prescribe una serie de beneficios a quienes colaboren con la justicia.

Esa figura jurídica está vigente y a ella se han acogido varios de los acusados en el caso Plus Ultra, el de las ayudas concedidas a esa empresa de aviación. Más concretamente, ha sido Julio Martínez, responsable de la empresa de intermediación Análisis Relevante. No sólo ha reconocido haber cobrado una mordida por la financiación gubernamental de la aerolínea, sino que ha implicado en ella a Rodríguez Zapatero, quien siempre ha negado cualquier vinculación con Plus Ultra. Para Martínez, Zapatero “lideraba y decidía la estrategia y captación de clientes” en Análisis Relevante, entre ellas contratar con la empresa de sus hijas por presuntos trabajos de maquetación,

El ex presidente, según esta versión, también le había anticipado a su interlocutor el rescate de Plus Ultra días antes de que fuese otorgado. A la ausencia de menciones de Zapatero a cualquiera de los temas de estas alegaciones durante su declaración ante el juez, se añade al silencio sobre el origen de las joyas halladas en su caja fuerte, cuya procedencia se comprometió a decir antes de quince días y llevamos dos meses sin saberla.

A esta protección de un delincuente por la justicia para reducir su pena, llevando en todo la contraria a Zapatero tenemos también a otros dos directivos de Plus Ultra, non santos ellos, que vinculan al ex presidente con su empresa y las presuntas mordidas.

Se trata, pues, de unas declaraciones que acorralan al ex presidente y dificultan gravemente su presunción de inocencia como el Gobierno no se cansa de afirmar. El juicio de Zapatero, gracias a los delincuentes arrepentidos, le pone más cerca de la condena y arrastrará con ella la reputación de un Gobierno que liga su destino inevitablemente al del procesado.