La revista Semana en su edición del 5 de julio de 2023 vuelve a publicar un romance que mezcla política con judicatura. Como en los mejores tiempos de Esther Doña con el Juez Santiago Pedraz. La revista del corazón devela la relación de la actriz Lara Dibildos con el abogado Cándido Gómez-Pumpido.
Según el semanario «a raíz de los últimos movimientos de la pareja, aunque en un primer momento prefirieran mantener su romance en el más absoluto hermetismo para no llamar excesivamente la atención, ahora se han convertido en un sólido tándem». La misma publicación descarta que los planes de la pareja sea, cuando sus compromisos profesionales lo permitan, dejarse ver en Marbella, lugar de veraneo habitual de la actriz.
Para la intérprete esta relación llega después de un duro año en el que ha perdido a su madre la mítica presentadora Laura Valenzuela que falleció a los 92 años de edad tras varios años apartada del foco mediático. Al igual que Lara, su actual novio también siguió el mismo camino profesional que su progenitor. Él es hijo de Cándido Conde-Pumpido Ferreiro que fue nombrado hace meses presidente del Tribunal Consitucional con gran polémica.
Cándido Conde-Pumpido, nacido en La Coruña en 1949 fue magistrado del Tribunal Supremo desde 1995, para luego serlo del Constitucional. Entre 2004 y 2011 ejerció como Fiscal General del Estado bajo los dos mandatos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora vuelve a un cargo importante bajo la presidencia de Pedro Sánchez.

Cándido Conde-Pumpido.
Su hijo, el novio de Lara, nació en La Coruña hace 42 años y ejerce como abogado socio fundador del Despacho Conde-Pumpido & de Porres Abogados que cuenta con sedes tanto en Madrid como en Málaga. El abogado estuvo casado y tiene dos hijas de esta unión. A nivel mediático tuvo mucha repercusión por ser el primer abogado de Rafael Amargo en el caso en el que se la acusa de organización criminal.
Polémicas
En diciembre de 2018 los medios de comunicación recogían que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, llamaba a declarar el 15 de enero de 2019 al letrado como «imputado colaborar en el lavado de dinero de los dueños de un prostíbulo de Madrid investigados por la Justicia».
Fue en el marco del conocido como ‘Caso Bandenia’ que investigaba a los dueños del prostíbulo ‘Vive Madrid’ situado en el madrileño barrio de Tetuán, y el origen supuestamente ilícito de su dinero. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba que «podría haber utilizado una línea de crédito de un ‘chiringuito financiero’ para lavar el dinero de las personas que regentan este club de alterne». Los responsables de este entramado habían sido detenidos en 2015 en el marco de la ‘operación Pompeya’ que perseguía el blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual.
Según el auto de citación que recogieron varios medios los movimientos bancarios de Conde-Pumpido hijo permitieron presuntamente «esquivar las medidas cautelares decretadas por la Autoridad Judicial, permitiendo que fondos procedentes de los ilícitos investigados fueran desviados a dicha posición financiera, para ser posteriormente reintegrados a los investigados mediante los procedimientos expuestos».
Según el Juez de la Mata, Conde-Pumpido utilizó Bandenia Banca Privada, no autorizada para operar en España, para «llevar a cabo movimientos de fondos de forma paralela al sistema financiero ordinario” y blanquear fondos propiedad de Ángel Crispín Gilaranz, detenido en 2015, propietario del citado prostíbulo ‘Vive Madrid’ y acusado de liderar un organización dedicada a la trata de personas y al blanqueo de capitales. Conde-Pumpido era el abogado de Crispín Gilaranz.
No es esta la primera polémica de Conde Pumpido hijo. En 2015 salieron a la luz unos correos de éste dirigidos a la jueza de Lugo Pilar de Lara, instructora de la Causa Pokemon, un escándalo de corrupción a finales de la década pasada en la que Conde-Pumpido Jr. ejercía la defensa de José Ramón Gómez Besteiro. Según de Lara estos correos incluían «amenazas veladas», el abogado le solicitaba alejarse del caso hablaba de sus influencias en el Consejo General del Poder Judicial para el traslado a Gijón del que la jueza estaba pendiente. Un asunto que generó mucho ruido mediático cuando salieron a la luz los citados correos, debido a la posición del padre del abogado que ese momento estaba el Tribunal Constitucional, después de haber ocupado el cargo de Fiscal General del Estado durante los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

