Hoy, lunes 26 de mayo de 2025, Venezuela amanece con un panorama político previsible pero no menos controvertido. Las elecciones legislativas y regionales celebradas este domingo han culminado con la proclamación de una contundente victoria del oficialismo chavista, que se adjudica el 82,6% de los votos y prácticamente todas las gobernaciones en unos comicios marcados por una participación oficial de apenas el 42,6%, según los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El proceso electoral, que debía renovar los 285 escaños de la Asamblea Nacional y elegir a 24 gobernadores regionales, incluida la recién creada gobernación para la región en disputa con Guyana conocida como El Esequibo, se desarrolló en un ambiente de notable desánimo ciudadano. Los centros de votación permanecieron prácticamente vacíos durante toda la jornada, según constató la prensa internacional en recorridos por distintas zonas de Caracas.
Una jornada marcada por la abstención
La baja afluencia a las urnas no sorprendió a los analistas políticos. La oposición mayoritaria, liderada por María Corina Machado, había llamado a no participar en estos comicios como protesta por las irregularidades en las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuyos resultados siguen siendo cuestionados internacionalmente. «Más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no», destacó Machado tras conocerse los primeros datos de participación.
El contraste con las elecciones presidenciales del año pasado resultó evidente. Mientras en julio de 2024 los centros de votación registraron largas filas y una alta participación, este domingo muchos permanecieron prácticamente desiertos durante horas. Esta situación refleja el profundo desencanto de una sociedad que, en gran parte, no reconoce la legitimidad del actual gobierno ni confía en la transparencia del sistema electoral venezolano.
La jornada transcurrió «con tranquilidad y aparentes altos niveles de abstención», según reportaron diversos medios internacionales. El oficialismo, sin embargo, se apresuró a celebrar lo que calificó como una «gran victoria», mientras la oposición interpretó la baja participación como un rechazo masivo al régimen de Maduro.
El factor Zapatero en la política venezolana
La figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha estado estrechamente vinculada a los procesos electorales venezolanos desde 2015, actuando como observador y mediador entre el gobierno y la oposición. Su papel ha sido objeto de fuertes críticas, tanto en España como internacionalmente, por lo que muchos consideran un respaldo implícito al régimen de Maduro.
En las elecciones presidenciales de julio de 2024, Zapatero viajó a Caracas como observador, generando controversia por su aparente legitimación de un proceso electoral cuestionado. Sin embargo, tras aquellos comicios, el expresidente español mantuvo un inusual silencio que, según fuentes venezolanas, provocó malestar en la cúpula del régimen.
«El expresidente y máximo valedor de Pedro Sánchez se ha convertido en el mayor refuerzo de Maduro», denunció Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular español, quien añadió que esta situación «avergüenza a los demócratas de todo el mundo». El PP ha solicitado incluso que Zapatero comparezca en el Parlamento Europeo para explicar su posición respecto a los resultados electorales en Venezuela.
El Gobierno español, por su parte, ha defendido que las actividades de Zapatero en Venezuela las realiza «a título individual», aunque sus críticos señalan la coincidencia entre su labor como «lobista» de Maduro y la ambigüedad del ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de condenar las violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
Un sistema electoral cuestionado
Las elecciones del domingo se celebraron en un contexto de profunda crisis política, derivada de las presidenciales de julio de 2024 que desencadenaron protestas masivas contra los resultados anunciados por el CNE. La falta de transparencia en la entrega de resultados detallados fue denunciada por observadores internacionales, llegando incluso a iniciarse investigaciones en la ONU por posible fraude electoral.
Para estos comicios legislativos y regionales, el CNE habilitó 15.736 centros electorales y 27.713 mesas para que más de 21 millones de electores pudieran ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la desconfianza en el sistema electoral y el llamado de la principal coalición opositora a no participar marcaron definitivamente la jornada.
El gobierno de Maduro, además, intensificó la presión sobre la oposición en los días previos a las elecciones, con el arresto de al menos 70 personas, entre ellas el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Esta nueva acometida gubernamental fue interpretada como un intento de silenciar las voces críticas y desmovilizar aún más al electorado opositor.
La disputa territorial con Guyana
Un elemento singular de estas elecciones fue la inclusión, por primera vez, de la elección de autoridades para el territorio del Esequibo, una región de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con la vecina Guyana. Venezuela sostiene que fue víctima de una «conspiración de robo de tierras» en 1899, cuando Guyana era una colonia británica.
El presidente Maduro, quien ejerció su derecho al voto varias horas después de la apertura de las urnas, pidió durante la jornada electoral que «nadie meta sus narices» en esta disputa territorial. La creación de una gobernación para El Esequibo y la inclusión de seis diputados para representar esta región en la Asamblea Nacional constituyen movimientos estratégicos del gobierno venezolano para reforzar sus reclamaciones sobre el territorio.
Perspectivas para Venezuela
Con estos resultados, el chavismo consolida su control sobre todas las instituciones del Estado venezolano. La nueva Asamblea Nacional, que iniciará funciones el 5 de enero de 2026 para un período de cinco años, estará dominada por diputados afines al gobierno, lo que garantiza a Maduro un respaldo legislativo incondicional para su tercer mandato presidencial.
La oposición, dividida entre quienes llamaron a la abstención y figuras como Henrique Capriles que motivaron a votar, enfrenta ahora el desafío de mantener su relevancia política en un escenario cada vez más adverso. La estrategia de no participación electoral, si bien puede haber evidenciado la falta de legitimidad del proceso, también deja el campo institucional completamente en manos del oficialismo.
La comunidad internacional observa con preocupación este nuevo capítulo de la crisis venezolana. Mientras algunos gobiernos cuestionan abiertamente la legitimidad de los resultados, otros, como el español, mantienen posiciones más ambiguas, generando críticas internas y externas.
Para los venezolanos, tanto los más de 7 millones que han emigrado en los últimos años como los que permanecen en el país, estas elecciones representan la continuidad de un régimen que ha sumido a la nación en una profunda crisis económica, política y social, sin que se vislumbren en el horizonte cercano posibilidades reales de cambio democrático.
El panorama que se dibuja tras estos comicios es el de un régimen que, a pesar del rechazo mayoritario de la población y el cuestionamiento internacional, logra mantenerse en el poder gracias al control de las instituciones, la represión de la disidencia y la desmovilización forzada de la oposición. Un escenario que, lejos de resolverse, amenaza con prolongar el sufrimiento de millones de venezolanos que siguen anhelando un retorno a la democracia plena y el respeto a los derechos fundamentales.
