La condena de Jorge Glas a 13 años de prisión por malversación en el caso Manabí es más que un fallo judicial: es un reflejo de las tensiones políticas y sociales que atraviesan Ecuador.
Mientras Daniel Noboa busca consolidar su liderazgo, el caso de Glas pone a prueba la credibilidad del sistema judicial y la capacidad del país para sanar las heridas de la corrupción.
Aunque el fallo satisface a quienes exigen justicia, también alimenta la narrativa de persecución política entre los seguidores de la izquierdista y desastrosa Revolución Ciudadana.
A la cárcel de máxima seguridad por malversación de fondos públicos destinados a la reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016 en Manabí.
La sentencia, dictada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, también inhabilita a Glas de por vida para ocupar cargos públicos.
Este fallo marca otro capítulo en la saga judicial de un político clave de la Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por Rafael Correa. Desde una perspectiva internacional, este caso refleja las tensiones políticas y el esfuerzo del gobierno de Noboa por combatir la corrupción.
Un nuevo golpe judicial
Jorge Glas no es ajeno a los tribunales. Ya cumple condenas por otros casos de corrupción, incluyendo una sentencia de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra de ocho años por cohecho. La nueva condena por peculado suma 13 años de prisión, lo que eleva su tiempo tras las rejas. El tribunal determinó que Glas desvió 225 millones de dólares destinados a la reconstrucción de Manabí, una provincia devastada por el sismo de 2016 que dejó más de 600 muertos y miles de damnificados.
El fallo ordena además que Glas pague una multa de 60 salarios básicos unificados y emita una disculpa pública a las víctimas del terremoto. “Es una sentencia ejemplarizante que busca justicia para los afectados”, señaló un portavoz judicial citado por BBC. Para muchos, este veredicto refuerza la imagen de un sistema judicial comprometido con la lucha anticorrupción. Sin embargo, los seguidores de Glas lo ven como una persecución política.
Contexto político: ¿Justicia o venganza?
Jorge Glas fue una figura central en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), un período marcado por el auge de la Revolución Ciudadana. Este movimiento izquierdista prometió modernizar Ecuador, pero también enfrentó acusaciones de autoritarismo y corrupción. Tras la ruptura entre Correa y su sucesor, Lenín Moreno, Glas se convirtió en un blanco de investigaciones judiciales. Su arresto en 2017 por el caso Odebrecht marcó el inicio de su declive.
Para analistas internacionales, esta nueva condena llega en un momento clave para Daniel Noboa, el joven presidente que busca consolidar su liderazgo antes de las elecciones de 2026. “El gobierno de Noboa utiliza estos casos para proyectar una imagen de mano dura contra la corrupción”, señala un reporte de Reuters. Sin embargo, críticos como Guillaume Long, exministro de Correa, argumentan que las sentencias contra Glas son parte de un “lawfare” o uso político del sistema judicial para neutralizar a la oposición.
La condena ha generado reacciones encontradas. En redes sociales, usuarios cercanos al gobierno celebran el fallo. “Es una victoria para Ecuador y para Noboa”, escribió un usuario en X, reflejando el sentir de quienes ven en la sentencia un paso hacia la transparencia. Por otro lado, simpatizantes de la Revolución Ciudadana denuncian una persecución orquestada. “Glas es un preso político, víctima de un sistema manipulado”, afirmó RobolucionC, una cuenta afín al correísmo.
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han expresado preocupación por la polarización del sistema judicial ecuatoriano. Aunque reconocen la importancia de combatir la corrupción, advierten que la falta de independencia judicial podría socavar la legitimidad de estas condenas. “Es crucial garantizar que los procesos sean transparentes y no respondan a intereses políticos”, señaló HRW en un comunicado reciente.
Impacto económico y social
El caso de Manabí resuena profundamente en Ecuador. El terremoto de 2016 dejó pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares. Los fondos malversados por Glas y otros implicados debían destinarse a reconstruir escuelas, hospitales y viviendas. “La gente de Manabí sigue sufriendo las consecuencias de esa traición”, dijo un líder comunitario entrevistado por CNN.
La sentencia incluye la orden de reparar a las víctimas, pero muchos dudan de que esto ocurra. La economía ecuatoriana, golpeada por la crisis postpandemia y la inseguridad, enfrenta desafíos para financiar proyectos de reconstrucción. Además, la inhabilitación de Glas refuerza el mensaje de que los cargos públicos conllevan una alta responsabilidad.
Desde una perspectiva global, el caso de Jorge Glas pone a Ecuador bajo el foco de la comunidad internacional. Países como Estados Unidos y organismos como el FMI, que han apoyado al gobierno de Noboa con préstamos, ven con buenos ojos los esfuerzos anticorrupción. “Es un paso hacia la gobernanza transparente que los inversionistas internacionales valoran”, señaló un análisis de WSJ.
Sin embargo, la condena también aviva tensiones con aliados tradicionales de la Revolución Ciudadana, como Venezuela y Bolivia. Rafael Correa, exiliado en Bélgica, ha calificado el fallo como “una farsa judicial” y ha prometido llevar el caso a instancias internacionales. Esto podría complicar las relaciones diplomáticas de Ecuador en la región.
¿Qué sigue para Glas y Ecuador?
Con Glas tras las rejas y enfrentando múltiples condenas, su futuro político parece terminado. Sin embargo, su caso sigue siendo un símbolo de la polarización en Ecuador. Para el gobierno de Noboa, esta sentencia es una victoria, pero también un desafío: debe demostrar que puede combatir la corrupción sin caer en acusaciones de persecución política.
A continuación, algunos puntos clave sobre el impacto del fallo:
- Judicial: Refuerza la percepción de un sistema judicial activo, pero cuestionado por su imparcialidad.
- Político: Fortalece a Noboa, pero aliena a los votantes correístas de cara a 2026.
- Social: Reaviva el dolor de las víctimas del terremoto, que exigen justicia y reparación.
- Internacional: Posiciona a Ecuador como un país comprometido con la lucha anticorrupción, pero bajo escrutinio por posibles motivaciones políticas.
