Entre amigos anda el juego.
Y si no es una cuestión de amistad, lo que sí está claro es que se trata de un vínculo de afinidad ideológica completamente innegable.
Tanto es así que, desde que Alberto Garzón llegó a esa cartera, la entidad de Rubén Sánchez se ha embolsado una cuantía importante de ayudas desde el año 2020.
Tanto es así que en el año 2021 vio duplicadas las cantidades procedentes de Consumo en relación a las cifras del año 2018.
Y eso a pesar de que el número de socios de Facua sufrió una merma.
Pero el departamento de Garzón, que tiene explicaciones para todo, esgrimió como argumento que el número de socios no era un indicador válido a la hora de la solicitud y posterior aprobación de la ayuda.
Lo cierto es que en el curso de 2018, la organización del portavoz y secretario general Rubén Sánchez tenía cerca de 53.000 socios, 52.795 para ser exactos.
En 2021, en cambio, la cantidad de afiliados bajó en más de 2.500 hasta quedarse en solo 50.168.
Según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, Facua percibió una subvención, del Ministerio de Consumo, de 382.888,8 euros en el año 2018.
En el ejercicio de 2019 esa cantidad se elevó hasta los 432.616 euros; en 2020 las ayudas oficiales superaron el medio millón, 564.926,4 euros; y en 2021 alcanzaron los 723.010,37 euros.
El portavoz de Facua, ante la evidencia de los datos, recurrió al pataleo y a cargar contra el medio que destapó la noticia:
Los cambios que se han producido en el movimiento de consumidores en los últimos años, las cantidades solicitadas por las distintas organizaciones y la puntuación obtenida por Facua en convocatorias sometidas a la concurrencia competitiva han sido determinantes para el aumento en la cuantía de las ayudas públicas destinadas a nuestra asociación desde el ministerio competente.
De paso, Rubén Sánchez arremete contra otras asociaciones de consumidores poniendo en tela de juicio su transparencia económica:
Durante mucho tiempo, organizaciones prácticamente desconocidas por los consumidores se presentaban como las que contaban con el mayor número de afiliados y estaban a su vez entre las que recibían más ayudas públicas, sin que se produjese ninguna auditoría sobre las cifras que declaraban.
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