Los quiere desactivar.
Como sea.
Y a la espera de que Bolaños le haga el trabajo legal y ponga a los agentes de la UCO a la órden del fiscal sanchista, juega otra cartas.
Y la más sencilla, para él, es la económica.
En el tablero político español, a veces la realidad supera a la sátira. Esta vez, la polémica llega de la mano del Ministerio del Interior y su política de dietas para los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los agentes, responsables de algunas de las investigaciones más delicadas y mediáticas —incluyendo casos que afectan directamente al Gobierno—, denuncian que solo disponen de 77,13 euros diarios para cubrir sus gastos de alojamiento y manutención cuando una investigación les obliga a desplazarse por el territorio nacional.
La cifra, desglosada, resulta casi un chiste: 48,92 euros para dormir y 28,21 euros para desayunar, comer y cenar.
Todo ello en pleno 2025, con los precios de los hoteles y restaurantes por las nubes. No es extraño que algunos ironizasen en redes sociales preguntándose si el ministro Fernando Grande-Marlaska sería capaz de sobrevivir a un día fuera de casa con ese presupuesto.
Un problema enquistado: “Siempre les cuesta dinero trabajar”
Según Daniel Fernández Arnáiz, vicepresidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), “siempre les cuesta dinero trabajar” a los agentes que deben viajar por exigencias del servicio. El problema afecta especialmente a unidades como la UCO, pero también a la Jefatura de Información y a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), todos ellos sometidos a una gran movilidad. El caso paradigmático es el de los agentes enviados a Barcelona o Lérida, donde el precio medio de una habitación supera holgadamente los 48 euros diarios asignados por Interior. En consecuencia, los propios funcionarios deben cubrir la diferencia de su bolsillo.
El malestar no es nuevo. La actualización de las dietas está pendiente desde hace años y el Ministerio del Interior se limita a señalar que “no es competente para solucionarlo”, remitiendo la responsabilidad al Gobierno central. Mientras tanto, se aplican soluciones improvisadas: autorizaciones extraordinarias para cubrir el sobreprecio del alojamiento en ciudades caras, aunque la cantidad destinada a comidas sigue siendo irrisoria.
El impacto sobre las investigaciones: menos efectivos y desmotivación
La consecuencia directa es que muchos guardias civiles renuncian a comisiones de servicio o se ven obligados a seleccionar cuidadosamente qué desplazamientos realizan. En ocasiones incluso adelantan el dinero necesario para completar sus dietas —el Ministerio paga unas veces por adelantado y otras a posteriori— con el consiguiente perjuicio personal y familiar.
No se trata solo de una cuestión económica. Las dietas insuficientes pueden acabar condicionando el desarrollo mismo de las investigaciones sobre corrupción o crimen organizado. La propia UCO está en plena actualidad mediática por sus pesquisas sobre tramas que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al presidente Pedro Sánchez. Si los agentes no disponen de medios adecuados, ¿cómo garantizar que podrán actuar con plena eficacia e independencia?
Comparación con otros cuerpos: el malestar se extiende
La indignación no es exclusiva del cuerpo verde. Los Policías Nacionales han estado también en pie de guerra tras la cumbre de la ONU en Sevilla: se les obligó a adelantar hasta 1.000 euros para manutención en misión oficial. La situación se ha agravado hasta el punto que hay agentes a quienes Interior debe hasta 4.000 euros en dietas atrasadas. Y algunos han tenido que cancelar o posponer sus vacaciones estivales por falta de liquidez.
La IGC reclama una solución estructural: crear una dieta única común para todos los guardias civiles desplazados en comisión de servicio. Hasta ahora, sin respuesta concreta ni calendario.
¿Por qué importa tanto la UCO?
La Unidad Central Operativa no es una unidad cualquiera dentro del Instituto Armado. Está formada por especialistas en urbanismo, contratación pública o negociación en crisis, y ha participado en más de 150 investigaciones sobre corrupción política y delitos económicos en España durante los últimos quince años. Sus actuaciones han sido clave en casos tan conocidos como el ‘Caso Koldo’ o las tramas municipales en València.
Pero no todo es trabajo detectivesco; también sufren su propia novela negra administrativa cuando llega el momento del reembolso.
Un sistema anacrónico frente al coste real
¿Puede un funcionario público encontrar hoy alojamiento digno por menos de 50 euros? Basta una búsqueda rápida por Internet para comprobar lo absurdo del baremo oficial. Ni siquiera ciudades medianas permiten ese tipo de tarifas salvo renunciando al mínimo confort o seguridad.
Y si hablamos del menú diario, los 28 euros apenas cubren dos menús del día estándar fuera del área metropolitana madrileña… si uno decide saltarse el desayuno o cenar un bocadillo comprado en una gasolinera.
Por eso no sorprende que circulen chistes internos entre los agentes sobre practicar el ayuno intermitente forzoso cada vez que hay que investigar fuera.
