Según todas las encuestas, VOX está en máximos y subiendo mientras el PP lleva varios meses estancado en intención de voto. Esto es en lo único en lo que el CIS de Tezanos coincide con los demás sondeos y el marido de Begoña cree que ahí quiza se le abre una oportunidad.
Pedro Sánchez repite estos días como un disco rayado que no habrá adelanto electoral, que la legislatura se extenderá hasta 2027 y que gobernar en minoría es perfectamente factible.
Sin embargo, quien observe con atención los movimientos de Moncloa en las últimas semanas se dará cuenta de que la realidad política dista mucho de lo que reflejan los comunicados oficiales.
El presidente del Gobierno Frankenstein ha comenzado a desplegar una coreografía bien conocida de sus anteriores campañas electorales: incremento de publicidad institucional, techo de gasto récord, comparecencias solemnes en el Congreso, intervenciones en programas radiofónicos dirigidos a audiencias más jóvenes y un relato incesante sobre España como potencia económica.
Todos estos elementos fueron el preludio en 2019 y 2023, cuando Sánchez disolvió anticipadamente las Cortes sin agotar los plazos legislativos.
El entorno presidencial insiste públicamente en que la legislatura alcanzará su término natural, pero las acciones concretas del Ejecutivo cuentan una historia bien distinta.
Desde hace meses, algunos miembros del gabinete mantienen conversaciones privadas muy diferentes a las que sostienen ante los medios.
En la sede socialista de la calle Ferraz, donde se toman decisiones clave del PSOE, ya se habla abiertamente de un posible adelanto electoral.
Las fuentes consultadas en Sumar, el partido de Yolanda Díaz, mencionan específicamente el mes de abril como una fecha potencial, aunque muchos pronósticos apuntan más vagamente a «la próxima primavera». Lo más revelador es que aquellos que hace poco negaban rotundamente un adelanto han cambiado por completo sus pronósticos.
Los señuelos conocidos
La estrategia de Sánchez no es nada nueva. En 2019, cuando ERC y el PDeCAT (actualmente Junts) se unieron al PP y Ciudadanos para tumbar sus Presupuestos, el Congreso marcó el final de la legislatura y el Gobierno abrió inmediatamente la puerta a las generales del 28 de abril.
Cuatro años después, en 2023, tras el duro revés socialista del 28-M en las elecciones municipales y autonómicas, volvió a romper el calendario y adelantó los comicios al 23 de julio, cuando estaban previstos para diciembre. Para muchos veteranos del PSOE, la situación actual evoca un déjà vu perfecto de 2019, cuando el rechazo a los Presupuestos fue el pistoletazo de salida hacia las generales.
Lo que distingue este momento es que el Gobierno sostiene con insistencia que puede gobernar mediante prórrogas y decretos, sin necesidad de contar con unos Presupuestos aprobados. Sin embargo, esta afirmación coexiste tensa con la intención declarada de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, de presentar las cuentas públicas para 2026 antes de que concluya el año.
Aquí encontramos una contradicción fundamental: si realmente creyeran que pueden operar sin presupuestos, ¿por qué empeñarse en presentarlos sabiendo que su rechazo es casi seguro? La respuesta resulta evidente. Unos Presupuestos Generales expansivos, generosos con el gasto social e infraestructuras, funcionarían como un excelente programa electoral. Su posible rechazo proporcionaría entonces una coartada perfecta para convocar elecciones.
La presión desde adentro
Los barones territoriales del PSOE, alcaldes y presidentes autonómicos han comenzado a ejercer presión creciente sobre Sánchez.
Durante meses han insinuado en privado que podría ser más conveniente adelantar las generales a 2025 o 2026 antes que llegar a 2027 con un goteo constante de casos judiciales y una «conjunción electoral» que arrastraría al poder territorial del partido.
Temen repetir lo sucedido en 2023, cuando las elecciones autonómicas y municipales precedieron a las generales de julio, permitiendo así distribuir el castigo electoral entre todos los niveles. Esta vez quieren que Sánchez se enfrente a las urnas primero para que el desgaste recaiga sobre él y no sobre sus administraciones territoriales.
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido especialmente claro en sus críticas. Predice que las elecciones generales tendrán lugar en 2026 y advierte al PSOE sobre evitar repetir lo ocurrido en 2023.
Otros secretarios generales autonómicos exigen que esta decisión sea «colegiada», permitiendo así una campaña más centrada en territorio. La frase que resume este sentimiento es contundente: «El problema es aguantar dos años así; lo veo imposible, además sin Presupuestos».
La corrupción
Mientras Sánchez se aferra a su narrativa sobre el adelanto electoral, la corrupción sigue siendo ese elefante en la habitación del cual nadie quiere hablar.
Las grabaciones recogidas por la UCO, unidad anticorrupción de la Guardia Civil, donde los dos últimos secretarios de Organización —José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto a Koldo García— discuten presuntas mordidas a cambio de contratos públicos han generado una creciente presión dentro del partido socialista.
Desde Moncloa aseguran públicamente que ni Ábalos ni Koldo tienen nada comprometedor desde un punto penal o político frente al presidente. Sin embargo, esa aparente seguridad contrasta con la urgencia manifiesta de Sánchez por convocar elecciones cuanto antes.
El Gobierno sostiene haber «amortizado» la corrupción y cree que el regreso de Carles Puigdemont podría servir como elemento distractor y normalizador.
Puigdemont regresaría como vencedor tras una batalla legal; esto permitiría a Sánchez presumir sobre reconciliación y normalización en Cataluña, comunidad cuyo apoyo fue crucial en 2023. No obstante, Puigdemont ha demostrado ser impredecible; existe riesgo real de que intente forzar unas generales aprovechando su situación actual al ver cómo Aliança Catalana ha decidido no presentarse a los comicios para el Congreso.
El frente de los socios débiles
Todos los partidos aliados del Gobierno Sánchez están perdiendo apoyos según indican las encuestas; sólo Bildu, formación proetarra vasca parece mantenerse firme.
Si trasladamos esto a escaños, tendríamos una mayoría centro-derechista —PP y VOX— acumulando alrededor de 202 escaños mientras el bloque progresista se debilita continuamente. Esta erosión electoral explica precisamente por qué Sánchez tiene tanta prisa por convocar elecciones mientras aún existe alguna oportunidad para minimizar daños. Cuanto más tiempo pase esperando peor será su situación frente a una derecha cada vez más sólida.
Por su parte, Sumar ya está inmersa en dinámica electoral. Para los morados de Podemos, si Sánchez opta por presentar los Presupuestos Generales del Estado —aunque sea para perder esa votación— eso llevaría inevitablemente al país hacia nuevas urnas.
Todos estos factores indican que el partido-movimiento liderado por Díaz ya reconoce que Sánchez podría llevar al país nuevamente a votar esta primavera aprovechando el revuelo generado por las autonómicas junto al protagonismo creciente de Vox y la polarización acentuada por decisiones judiciales.
El calendario del silencio
Sánchez ha logrado ganar tiempo hasta la segunda semana de febrero; solo hay programado un Pleno en el Congreso hasta entonces.
La Moncloa opera al ralentí; el Ejecutivo aprovecha este respiro para desplegar su maquinaria comunicativa sin actividad parlamentaria significativa durante este periodo. Mientras tanto se acercan elecciones en Extremadura, evento donde desde el PSOE dan prácticamente por hecho un mal resultado; solo aspiran a visibilizar cómo depende el PP del apoyo recibido por Vox ante una eventual investidura.
Lo cierto es que Sánchez no es un político acostumbrado a dejar pasar plazos sin tomar decisiones rápidas. En su carrera política ha demostrado estar dispuesto siempre a convocar elecciones anticipadas cuando siente que pierde control sobre la situación. Sin embargo esta vez enfrenta un bloque derechista liderando tanto votos como escaños; esto convierte cualquier adelanto electoral en una jugada considerablemente más arriesgada comparado con ocasiones anteriores. Aun así, la presión provocada por escándalos relacionados con corrupción junto con debilidades entre sus socios parlamentarios podrían acabar inclinando finalmente sus reticencias iniciales.
El factor Puigdemont
El regreso potencial de Puigdemont se perfila como clave dentro del calendario político actual para Sánchez. El Tribunal Constitucional, bajo presidencia de Cándido Conde Pumpido, tiene previsto abordar todos los aspectos relacionados con la Ley de Amnistía antes del verano; los primeros pasos serán dados ya este enero cerrando temas pendientes respecto al magistrado conservador José María Macías.
Aunque Macías ha manifestado estar dispuesto a dar batalla legal dejando claro no renunciará voluntariamente; sin embargo existe mayoría progresista dentro del Constitucional dispuesta aplicar esa fuerza para apartarlo durante votaciones.
Si todo sale conforme prevén desde Moncloa, Puigdemont podría regresar a España entre diciembre o enero próximos; esto le permitiría volver si el Tribunal Supremo aplica correctamente ley vigente sin plantear cuestiones prejudiciales retrasando dicha vuelta nuevamente.
El Gobierno confía también poder lograr apoyo suficiente desde Junts hacia Presupuestos durante primer trimestre 2026 asegurándose cumplir completo ciclo legislativo cuatro años . Sin embargo ese escenario podría desmoronarse si Sánchez decide convocar elecciones antes , algo nada descartable aún.
La decisión tomada recientemente por abogado general del Tribunal Justicia Unión Europea respaldando amnistía facilita regreso Puigdemont aunque última palabra recae Supremo quien podría mantener bloqueo actual . Puigdemont mediante abogado Gonzalo Boye exige inmediata vuelta basándose argumento decisión europea permite retorno legal.
La encrucijada de febrero
Los seguidores de Carles Puigdemont deben recomponer estrategia pues todos «deben mover ficha» durante febrero ya escenario variará según cálculos establecidos desde Moncloa.
Se descarta posibilidad Junts apoye moción censura presentada por PP dado necesariamente incluiría participación Vox, algo completamente inaceptable para independentistas catalanes . Sin embargo imprevisibilidad Puigdemont continúa siendo factor riesgo presente dentro planes establecidos por Sánchez .
Está claro hoy presidente tiene varios escenarios planteados ante sí . Primero intentar alcanzar meta llegar hasta 2027 gobernando mediante decretos prorrogas presupuestarias.
Segundo presentar unos Presupuestos expansivos servirían programa electoral anticipando rechazo justificación posterior convocatoria elecciones . Tercero sería caso Puigdemont tras resolución situación legal decida forzar nuevas generales aprovechando posición fuerza adquirida.
En cualquier caso indicios sugieren teatro negaciones llegará pronto fin primavera . No se trata ya solamente si habrá adelanto electoral sino cuándo finalmente tomará decisión convocar urnas.
Lo irónico aquí radica precisamente hecho presidente quien hace pocos meses afirmaba podía gobernar perfectamente sin necesidad presupuestos ahora insiste presentar unos sabiendo serán rechazados . Como si requiriese coartada parlamentaria hacer aquello probablemente planeaba realizar desde inicio: convocar elecciones cuando situación menos desfavorable aunque eso continúe siendo bastante malo.
En política verdadero arte radica muchas veces no solo palabras sino acciones realizadas mientras se niega realidad contraria.
