Victoria Lafora – Gratuidad contra el machismo.


MADRID, 28 (OTR/PRESS)

Ha sido una normativa europea y no la voluntad del ministro Gallardón la que ha salvado a las mujeres maltratadas de tener que pagar por reclamar justicia frente a su verdugo.

Las tasas judiciales iban a suponer un grave inconveniente en la ya ardua lucha contra la violencia machista. Cuando las propias víctimas reconocen la dificultad que conlleva mantener una denuncia contra su agresor, el pago de las tasas podía disuadir muchas mujeres.

Precisamente el miércoles el PP voto en contra de una proposición no de ley socialista en la que se reclamaba la gratuidad para las víctimas de la violencia machista. De nada sirvieron los informes del Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial. Su presidenta, Inmaculada Montalbán, alertó al ministro que si tenían que pagar, muchas maltratadas desistirían de reclamar algún bien común a su agresor o cualquier indemnización por los daños padecidos.

También la Asociación de mujeres juristas, Themis, advirtió de que muchas mujeres tendrían que llegar a pactos extrajudiciales con sus agresores para recuperar el patrimonio común. Hasta que la normativa europea ha puesto solución a este desatino, solo las maltratadas con hijos menores seguían teniendo derecho a una justicia gratuita. Pero se da el caso de infinidad de victimas que se atreven a denunciar, después de toda una vida de sufrimientos, y cuyos hijos ya son mayores de edad.

Gallardón aprovechó la sesión de control al Gobierno para anunciar la gratuidad como si fuera una reconsideración por su parte de una realidad social. Con gran teatralidad el ministro de Justicia vendió el cambio de postura del Gobierno, en respuesta a la diputada del PSOE, Carmen Montón, que calificó la ley de tasas de «Machista y el machismo mata».

La directiva europea, que al parecer en el ministerio de Gallardón desconocían, a pesar de que cuentan con suficientes asesores como para no cometer semejante error de bulto, además de que el propio ministro es jurista, obliga a los países miembros a mantener la justicia gratuita para las víctimas del terrorismo, maltrato infantil, violencia de género y trata de blancas.

Demasiado miedo tiene ya las mujeres que se atreven a denunciar a sus parejas ante el juez, por el riesgo real de que les cueste la vida, como para que el Estado les ponga trabas a la hora de defenderse de unas agresiones que, en la mayoría de los casos, se remontan a los primeros días de la desgraciada convivencia y que alcanzan a los hijos que conviven con el maltratador.

¿Cómo defender a unos hijos si, al perder los ingresos por la separación, no se puede reclamar judicialmente los bienes que les pertenecen? Cincuenta y tres mujeres han sido asesinadas por los hombres con los que convivían en lo que llevamos de 2012. Una historia sangrienta que afecta a toda la sociedad y a cuyas víctimas no se puede dejar fuera del sistema judicial por un afán recaudatorio, o con la excusa del atasco en los juzgados.

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