Los jerifaltes de UGT ya no podrán seguir ocultando lo que la Justicia acaba de demostrar con datos fehacientes. Un sentencia del Juzgado Social 4 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de dictaminar que los jefazos del sindicato habían estado cobrando desde 1998 hasta finales de 2005 sus sueldos de funcionarios de la UGT a través de las subveciones que el Ejecutivo canario pagaba a Fundescán para organizar cursos de formación de empleo.
La broma le va a salir por un pico a los ugetistas (aunque ya hay quien promueve el cambio de la ‘g’ por la ‘j’). Por lo pronto, deberán abonar las nóminas íntregras desde diciembre de 2009.
El actual secretario general de UGT-Canarias, Juan Francisco Fonte, empeñado una y otra vez en desvincular al sindicato de Fundescan, se tiene que tragar una a una sus palabras. Quizá por algo, en julio de este año, el gran capo de la organización a nivel estatal, Cándido Méndez, dio órdenes precisas y concisas para que los afectados de Fundescán no entrasen al recinto tinerfeño (pabellón Santiago Martín) para evitar que les reventasen el acto a favor de la «gran putada», Toxo dixit.
El portal Canarias Ahora revela que había como mínimo tres altos dirigentes de UGT Canarias estaban dados de alta en la Seguridad Social como empleados de Fundescan, entre 1998 y 2005. El ex secretario general, Carlos Ucha, figuró en la Seguridad Social, a cuenta de Fundescan, desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 19 de junio de 2002, en un primer periodo, del 21 de junio de 2002 al 31 de agosto de 2007, en un segundo tramo de vida laboral, y del 27 de julio de 2009 al 15 de mayo de 2010, en este último caso, formalmente como gerente de Fundescan.
El ex secretario de organización Miguel Ángel Barrios tiene contabilizado desde el 1 de agosto de 1998 hasta el 1 de diciembre de 2005 en Fundescan, mientras que el ex secretario de Acción Sindical (1998-2002) y Coordinador de Federaciones (2002-2005), Hermógenes Hernández, lo hizo desde la misma fecha hasta el 30 de noviembre de 2005, año en que accedió a la secretaría general Alicia Rodríguez, en sustitución de Ucha.
Por si no había quedado perfectamente acreditada la relación contractual de UGT con Fundescán, fueron las declaraciones como testigos en el juicio por extinción de contrato de la ex secretaria general Alicia Rodríguez (2005-2009) y de la ex secretaria de la Mujer (2002-2005) y de Igualdad (2005-2009) de la Ejecutiva de UGT, Manuela Fernández las que pusieron los puntos sobre las íes.
En la sentencia también se recogen unas partidas del Gobierno de Canarias, de 2006 a 2009, concedidas como subvención pública del Servicio Canario de Empleo (SCE) a Fundescan para desarrollar cursos de formación, en la que se incluyen partes como gastos internos asociados que fueron destinados para pagar nóminas de trabajadores de UGT sin que tuvieran nada que ver con Fundescan.
