El panorama político español amanece hoy con una nueva sacudida. El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decidido abrir diligencias previas contra Leire Díez Castro, conocida en los mentideros socialistas como la «fontanera» de Ferraz, y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Ambos son investigados por supuestos delitos de estafa procesal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias dentro del célebre “caso del hermanísimo”, que gira en torno al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El auto judicial, firmado por el magistrado Emilio García-Cancho, responde a una querella presentada por la asociación Hazte Oír. El documento señala indicios suficientes para investigar si existió una campaña orquestada desde la órbita socialista para influir, desviar o torpedear procedimientos judiciales que afectan a personas muy cercanas al poder, con especial atención al caso de David Sánchez, conocido como “el hermanísimo”.
De militante discreta a protagonista involuntaria
Hasta hace poco más de dos semanas, Leire Díez se presentaba como una simple militante socialista. Sin embargo, la publicación de diversos audios en medios digitales destapó su papel clave como mediadora y estratega en las sombras. Según los autos judiciales y las informaciones filtradas, Díez habría mantenido encuentros con el exjuez Sáenz de Tejada para tratar de apartar a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, del proceso judicial. Todo con la supuesta intención de proteger al hermano del presidente y otros afines al PSOE en la Diputación pacense.
En una pirueta digna de novela negra castiza, la defensa de Díez argumenta que sus gestiones respondían a una investigación periodística para un futuro libro. Una explicación que, cuanto menos, ha provocado más carcajadas que convencimientos en los pasillos judiciales y políticos.
El exjuez Sáenz de Tejada: polémica reincidente
El otro gran protagonista es Luis José Sáenz de Tejada, un exmagistrado apartado años atrás por condena relacionada con violencia de género. Su nombre vuelve a la palestra como presunto artífice junto a Díez de las maniobras para desacreditar y desgastar a jueces incómodos para el socialismo local. La querella sostiene que ambos urdieron un plan premeditado para desprestigiar a la instructora y favorecer intereses concretos dentro del partido.
El juzgado ha solicitado opinión previa al Ministerio Fiscal sobre su competencia territorial antes de admitir formalmente la querella, pero ya ha iniciado diligencias previas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales.
Enredos procesales y derivadas políticas
Conviene subrayar que esta investigación es independiente del procedimiento abierto contra David Sánchez por su controvertida contratación como alto cargo en la Diputación de Badajoz. Aun así, ambos casos se entrelazan en una madeja donde política, justicia y poder regional se dan cita en un escenario cada vez más turbio.
- La Fiscalía pidió recientemente el archivo del caso contra David Sánchez al considerar que las imputaciones eran más fruto de conjeturas que de pruebas sólidas.
- Sin embargo, la jueza instructora Beatriz Biedma había apreciado indicios para sentar en el banquillo tanto al hermano del presidente como a varios cargos socialistas vinculados a su nombramiento.
- El futuro procesal depende ahora también del aforamiento adquirido por Miguel Ángel Gallardo (presidente socialista provincial), lo que podría llevar parte del caso ante el Tribunal Superior de Justicia extremeño.
Este contexto genera sospechas sobre posibles intentos desde el entorno socialista para controlar el desenlace judicial o buscar un tribunal más afín. La presencia en el TSJ Extremadura de una magistrada propuesta por el PSOE añade otro ingrediente a este caldo político-judicial.
El impacto mediático: la ‘fontanera’, los audios y Ferraz
No han faltado reacciones airadas ni titulares llamativos: desde “la cloaca socialista” hasta referencias casi costumbristas sobre las labores subterráneas atribuidas a la “fontanera”. Los audios publicados han alimentado las sospechas sobre prácticas poco edificantes destinadas a embarrar investigaciones policiales (con menciones directas a la UCO) o enturbiar procesos clave con relevancia nacional.
La figura de Leire Díez se ha convertido en símbolo involuntario —y no precisamente halagador— del lado oscuro que puede tener la política cuando se cruzan los límites legales o éticos.
Así están las cosas hoy en Badajoz: una ciudad donde lo judicial y lo político se entremezclan con aroma a culebrón nacional. Y donde todo apunta a que aún nos esperan más capítulos —y quizás alguna filtración extra— antes del verano.
