Y todo bajo el paraguas de Pedro Sánchez.
Porque sin la connivencia del marido de Begoña, nada hubiera sido posible.
La Casa Real se convirtió en el telón de fondo de una de las mayores contradicciones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras Felipe VI solicitaba mascarillas de protección en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya había comenzado a tejer una compleja red de corrupción. Su objetivo era cobrar comisiones en negro, inflar precios de suministros sanitarios y dirigir rescates públicos hacia empresas afines.
Los documentos obtenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican que solo cuatro días antes del encuentro protocolario en Zarzuela, Ábalos había puesto en marcha las primeras operaciones que darían lugar al mayor escándalo de corrupción sanitaria en la historia democrática española.
La cronología es esclarecedora.
Lo detalla la periodista Almudena Martínez-Fornés en ‘El Debate’.
En un momento en que la monarquía parlamentaria necesitaba protección sanitaria básica para cumplir con sus funciones institucionales, el ministro socialista había tejido ya una red compuesta por intermediarios, empresas pantalla y funcionarios corruptos.
Esta red transformó la emergencia sanitaria en una máquina generadora de dinero negro. La sociedad aragonesa Mediaciones Martínez, que actuaría como canal para las mordidas, ya estaba operativa.
Un grupo de WhatsApp llamado Hirurok —que significa «los tres» en euskera— facilitaba las primeras operaciones fraudulentas. Los actores principales, entre ellos Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso, estaban coordinados para llevar a cabo un plan que generaría decenas de millones en sobrecostes y comisiones ilegales.
El sistema de corrupción sanitaria
Lo que distingue este escándalo de otros casos similares es su naturaleza sistémica.
No se trataba simplemente de irregularidades aisladas ni de funcionarios deshonestos actuando por su cuenta. Las indagaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO han puesto al descubierto que casi todos los ministerios del Gobierno de Sánchez participaron en esta orgía de corrupción bajo la excusa del suministro de mascarillas y otros productos sanitarios. Desde el Ministerio de Transportes hasta el Ministerio de Hacienda, pasando por Sanidad y Transición Ecológica, todos formaron parte de una orquesta donde cada uno tocaba su propia melodía del fraude.
La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) se erigió como el núcleo central de esta red corrupta. Bajo la dirección de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, esta empresa pública canalizó rescates por cientos de millones hacia compañías que carecían muchas veces incluso de viabilidad económica real.
La aerolínea venezolana Plus Ultra, que apenas contaba con un avión operativo entre los cuatro que poseía, recibió 53 millones. Por su parte, Tubos Reunidos, una firma vasca del sector del acero, logró obtener 112,8 millones. También se beneficiaron fondos públicos empresas como Air Europa. En cada una de estas operaciones, la trama orquestada por Ábalos y sus cómplices intermediaban cobrando comisiones que variaban desde los 114.950 euros para Tubos Reunidos hasta cifras aún más elevadas en otras transacciones.
El mecanismo empleado era sencillo pero eficaz. Los intermediarios detectaban empresas necesitadas de rescate y luego facturaban servicios inexistentes a través de Mediaciones Martínez, creando así un flujo constante desde las arcas públicas hacia cuentas privadas, todo ello respaldado por documentación falsificada y sobrecostes inflados. En el caso concreto de Enusa (Empresa Nacional del Uranio), con un 60% del capital estatal, los investigadores han podido comprobar cómo se amañaron adjudicaciones a cambio sobornos.
Un bufete sevillano recibió pagos por servicios inflados con sobrecostes que alcanzaban hasta el 50%, mientras que Mediaciones Martínez facturaba 17.545 euros por sus supuestas labores.
El escándalo de las mascarillas y la prisión de Ábalos
El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra Ábalos junto a otros implicados como Víctor Aldama y Koldo García, todos relacionados con el escándalo acerca contratos vinculados a las mascarillas; emblemático símbolo del negocio sanitario durante aquellos días pandémicos tan difíciles.
Estos contratos estaban intrínsecamente relacionados con la trama desarrollada dentro SEPI donde cobraban presuntas comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares; hoy Ábalos permanece detenido preventivamente enfrentando graves acusaciones tales como cohecho o tráfico influencias además malversación fondos públicos; su caída arrastra consigo decenas funcionarios políticos empresarios socialistas involucrados directamente dentro este sistema corrupto.
Lo alarmante radica en cómo mientras España lidiaba con emergencias sanitarias sin precedentes —hospitales saturados ciudadanos falleciendo falta equipamiento— Gobierno Sánchez utilizaba dicha crisis como coartada para robar dinero público sin pudor alguno: contratos mascarillas rescates empresariales sobrecostes inflacionarios todo formaba parte mismo engranaje donde pandemia se convirtió oportunidad enriquecimiento ilícito muchos políticos funcionarios empresarios conectados PSOE.
