En breve comienza el nuevo curso académico en las universidades y, tristemente, muchos estudiantes de nuestro país no van a poder continuar con sus estudios. ¿Cuál es el motivo? Su inminente expulsión alegando bajo rendimiento académico.
Lógicamente, esta actuación por parte de las universidades no es arbitraria, sino que está regulada en los llamados «Reglamentos o Normas de Permanencia», promovidas por la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y fijadas por cada universidad según los criterios que estimen tanto rectorado como estudiantes.
La mayoría de los campus españoles las revisaron y modificaron en 2008, con la inminente entrada del Espacio Europeo de Educación Superior o «Plan Bolonia» y, en esencia, establecen un número mínimo de créditos que el alumno debe superar y un plazo máximo para ello.
A modo de ejemplo, las Normas de Permanencia de la Universidad de Salamanca determinan, en su artículo 3, que para poder continuar matriculados en los estudios iniciados, los estudiantes de nuevo ingreso deberán superar al menos el 20% de los créditos ECTS matriculados. No serán considerados dentro de este cómputo aquellos créditos que sean reconocidos.
Otra universidad, esta vez la de Oviedo, establece en su reglamento que un alumno debe tener al menos 90 créditos en su tercer año universitario, de los que 48 tendrán que ser de asignaturas del primer curso. Es en este último centro donde sus alumnos pretenden que se derogue esta normativa por entender que no tiene en cuenta las circunstancias individuales de cada estudiante, puesto que muchos compaginan el estudio con un trabajo y ello podría ser causa de dejadez en sus obligaciones académicas.
Pero, ¿a cuánto asciende la infernal cifra de expulsados? Según el experto en financiación universitaria Juan Hernández Armenteros, unos 30.000 estudiantes al año. Un número realmente alarmante, que quizás no lo sería tanto si se informara al alumnado de lo que supondría una no superación del mínimo fijado de créditos para cada curso, algo que en general no se está haciendo de forma efectiva a la hora de la matriculación.
