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Ni motos ni leches.
A la hora de la verdad, lo que sube son los precios y los impuestos.
Porque la triste realidad es que los españoles trabajamos 52 días más al año para pagar impuestos que cuando Sánchez llegó a La Moncloa.
El calendario de la liberación fiscal se ha convertido en un termómetro social sobre el esfuerzo impositivo que soportan los ciudadanos.
En 2025, según el último informe de la Fundación Civismo, la fecha simbólica en la que los españoles dejan de trabajar para el Estado y empiezan a generar ingresos netos para sí mismos se retrasa hasta el 18 de agosto.
Nunca antes, desde que existen registros comparables, el contribuyente medio había tenido que dedicar 228 días de trabajo a cumplir con sus obligaciones fiscales.
Este retraso supone 16 días más que el año pasado y refleja un incremento del 7,5% en la carga fiscal en apenas doce meses.
El dato es aún más llamativo si miramos la tendencia: desde 2019, el esfuerzo fiscal se ha incrementado más de cinco puntos porcentuales, alcanzando en 2025 el 54,5% de las rentas de los hogares.
En otras palabras, más de la mitad de lo que ingresa un ciudadano medio se destina a impuestos y cotizaciones.
Cómo se ha llegado hasta aquí: el impacto de la inflación y la política tributaria
La explicación de este fenómeno no está en grandes reformas fiscales ni en una mejora sustancial de la economía de los hogares. El informe apunta a dos factores clave:
- La falta de deflactación de los tramos del IRPF: El Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por no actualizar los tramos del impuesto sobre la renta conforme a la inflación, lo que provoca que los aumentos nominales de salario –que en muchos casos solo compensan la subida de precios– empujen a los contribuyentes a tramos impositivos superiores. Es lo que los expertos denominan “progresividad fría” o “inflación fiscal encubierta”, un mecanismo que eleva la recaudación sin necesidad de subir tipos ni anunciar nuevos tributos.
- Fin de las rebajas fiscales extraordinarias: Durante los años más duros de la pandemia y la crisis energética, se adoptaron rebajas temporales en algunos impuestos. Su retirada ha coincidido con una inflación persistente, amplificando la presión sobre las familias.
El resultado es una recaudación récord: entre 2020 y 2024, los ingresos del Estado por IRPF han pasado de 86.221 millones a 129.408 millones de euros, un salto de más del 50% en solo cuatro ejercicios fiscales. La recaudación total superó en 2024 los 294.000 millones de euros, con un incremento del 8,4% respecto a 2023.
Más allá del IRPF: el peso de los impuestos invisibles
El IRPF y el IVA acaparan los titulares, pero el informe de la Fundación Civismo subraya el peso creciente de otros tributos menos visibles:
- IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
- Impuesto de circulación
- Transmisiones patrimoniales
- Sucesiones
- Tasas municipales
Estos impuestos suponen, de media, 4.850 euros anuales adicionales y representan más de 80 días laborales de esfuerzo fiscal para el ciudadano medio. Aunque suelen quedar fuera del debate político, impactan directamente en la vida cotidiana y aumentan la sensación de asfixia fiscal.
Diferencias regionales y el debate sobre la equidad
El día de la liberación fiscal no llega al mismo tiempo en todo el país. En País Vasco se alcanza el 12 de agosto, mientras que en Cataluña y Extremadura hay que esperar hasta el 24 de agosto. La diferencia responde, en gran parte, al diseño autonómico del IRPF y a la proliferación de tributos propios, especialmente en comunidades como Cataluña, que cuenta con más de 15 impuestos adicionales.
Esta disparidad ha reabierto el debate sobre la equidad y la neutralidad del sistema tributario. Según el informe, el modelo actual se aleja cada vez más de estos principios y se orienta a financiar un aparato estatal en expansión, con poco margen para la eficiencia o la corresponsabilidad fiscal.
El coste social y económico de una presión fiscal al alza
La consecuencia más inmediata de este escenario es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. A pesar de que los salarios han subido en términos nominales, la mayor parte del aumento se diluye en impuestos y cotizaciones, dejando poca mejora real en la capacidad de consumo o ahorro.
El informe alerta de que este “incremento silencioso” de la carga fiscal afecta a la planificación financiera de los ciudadanos, distorsiona la transparencia y complica la toma de decisiones vitales, como la compra de vivienda o la inversión en proyectos personales.
El debate pendiente: ¿reforma o resignación?
Cada año, la publicación del informe sobre el Día de la Liberación Fiscal reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma tributaria profunda. Entre las propuestas más repetidas están:
- Simplificación del sistema: reducir el número de impuestos y trámites.
- Transparencia fiscal: hacer más comprensible y predecible el impacto de cada tributo.
- Deflactación del IRPF: adaptar los tramos a la evolución real de los precios.
Sin embargo, la inercia recaudatoria y la ausencia de consensos políticos han frenado cualquier avance en esta dirección. Mientras tanto, los contribuyentes españoles afrontan un 2025 con el calendario fiscal más exigente de la historia reciente.
Claves del esfuerzo fiscal en España en 2025
- Día de la liberación fiscal: 18 de agosto (16 días más tarde que en 2024).
- Días trabajados para pagar impuestos: 228 (el 62% del año).
- Porcentaje de renta destinado a impuestos: 54,5%.
- Recaudación por IRPF (2024): 129.408 millones de euros (50% más que en 2020).
- Recaudación total (2024): más de 294.000 millones de euros.
- Impuestos adicionales (IBI, circulación, sucesiones…): 4.850 euros/año y 80 días de trabajo.
El debate está servido: ¿hasta cuándo podrán los españoles dedicar más de ocho meses de su vida laboral anual a satisfacer las necesidades fiscales del Estado?
