Cada día una ocurrencia.
El jueves, un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid se transformó en el escenario del último gran enfrentamiento laboral en España.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio a conocer su intención de extender el permiso retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días.
Esta propuesta, que encontró apoyo inmediato por parte de los sindicatos, desató una tormenta dentro del ámbito empresarial y también en el propio Gobierno.
La iniciativa, que implicaría modificar el Estatuto de los Trabajadores a través de un decreto ley, incluye la creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.
Díaz argumentó que “es imposible trabajar bien a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo o un amigo”, destacando la necesidad de mejorar los derechos laborales en momentos de duelo y enfermedad grave.
En la actualidad, el permiso se establece en dos días para el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Este período puede ampliarse a cuatro días si se requiere desplazamiento. El cambio propuesto elevaría ese límite a diez días, aunque aún se están estudiando los detalles sobre los grados familiares y las circunstancias específicas.
La respuesta no tardó en llegar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, instó a analizar el impacto que esta medida podría tener en las empresas antes de avanzar en nuevos derechos laborales. Subrayó la necesidad de incorporar la voz empresarial en las decisiones. Cuerpo enfatizó que cualquier progreso debe considerar la viabilidad y sostenibilidad del tejido productivo español, sobre todo en un contexto donde la economía busca consolidar su recuperación.
Su intervención ralentizó el avance del anuncio hecho por Díaz, sugiriendo que es fundamental alcanzar mayor consenso y diálogo, especialmente con los agentes sociales. Desde el Ministerio de Trabajo reconocieron que la propuesta ha sido trabajada dentro del Gobierno, pero no ha sido negociada con la CEOE ni con otras organizaciones empresariales.
Críticas de la patronal: “Es agotador, cada día es una ocurrencia”
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, fue directo al expresar su rechazo. Descalificó la propuesta de Díaz como una “ocurrencia”, bromeando sobre necesitar “un permiso de diez días solo para descansar de los anuncios del Ministerio de Trabajo”. Garamendi lamentó la falta de diálogo y criticó lo que considera una ausencia total de un informe económico que respalde esta medida. “¿Se ha analizado qué significa esto económicamente? No. Esto surge porque me apetece. ¿Dónde está ese informe? ¿Qué coste tiene?”, cuestionó públicamente.
Desde la patronal sostienen que medidas tan significativas deben debatirse en la mesa del diálogo social y estar respaldadas por estudios rigurosos acerca del impacto empresarial. Critican lo que perciben como “falta de consenso” y tildan los anuncios de Díaz como “electoralistas”, afirmando que buscan únicamente “sacar cuatro votos” a costa del bienestar general.
Opiniones enfrentadas en el Gobierno y entre los partidos
Mientras que desde la patronal se arremete contra Yolanda Díaz, otros miembros del Gobierno y representantes políticos defienden firmemente esta medida. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó como “arcaica” la postura adoptada por Garamendi y defendió con vehemencia la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales para fomentar así una mayor productividad. Puente sostiene que las empresas modernas ya implementan beneficios similares para motivar a sus empleados y asegura que avanzar en derechos es totalmente compatible con mantener competitividad.
Desde Sumar, su coordinadora general Lara Hernández respondió afirmando que lo verdaderamente “agotador” es la resistencia constante por parte del sector empresarial ante cualquier avance social. Reivindicó así el derecho al cuidado y al duelo por encima incluso de intereses económicos. Otros miembros del espacio político enfatizaron lo importante que es “recoser una vida” tras perder a un ser querido y criticaron la visión mercantilista planteada por Garamendi, quien prioriza “maximizar beneficios” antes que defender los derechos fundamentales de los trabajadores.
El debate sobre el coste y el modelo de permisos
En esencia, toda esta controversia gira entorno a quién debe asumir finalmente el coste asociado con estos nuevos permisos. El periodista Chapu Apaolaza indicó que aunque es decisión exclusiva de Díaz, son las empresas quienes terminan pagando este tipo de permisos. Propuso entonces que sería más razonable compartir estos costes con la Seguridad Social, tal como ocurre actualmente con las bajas médicas.
Por otro lado, Garamendi advirtió que muchas pequeñas empresas y pymes no podrían soportar económicamente esta medida sin poner en riesgo su viabilidad. También criticó las afirmaciones realizadas por Díaz respecto a que las pymes “se están forrando”, invitándola a visitar estos negocios para comprender mejor su realidad cotidiana.
¿Un nuevo modelo de relaciones laborales?
La ampliación del permiso por duelo así como el nuevo permiso para cuidados paliativos forman parte de una tendencia más amplia en Europa hacia mejorar tanto la conciliación como la protección social laboral. Sin embargo, la falta evidente de consenso social junto con las tensiones entre actores clave reflejan lo complicado que resulta avanzar en derechos laborales sin establecer un diálogo profundo ni contar con análisis económicos sólidos que sustenten estos cambios.
Este debate pone sobre la mesa dos modelos opuestos: uno enfocado en ampliar derechos y protección para los trabajadores; otro abogando por un enfoque más realista donde se tome también en cuenta la participación empresarial durante todo este proceso normativo. En última instancia, el futuro del permiso por fallecimiento dependerá crucialmente del grado con el cual se logre negociar e equilibrar productividad junto a derechos sociales.
