Óscar Puente, titular del Ministerio de Transportes, dio luz verde a una ampliación de 6,2 millones de euros sin una justificación clara para las obras en el área donde ocurrió el trágico accidente.
Esta decisión benefició directamente a una empresa relacionada con la trama corrupta del PSOE, según una reveladora exclusiva del periodista Alejandro Entrambasaguas en ‘El Debate’.
La hipótesis principal sugiere que la rotura de una vía recién renovada podría ser la causa del siniestro, lo que pone el foco en la responsabilidad del ministerio dirigido por Puente.
La ampliación controvertida y sus beneficiarios
La ampliación del contrato se realizó por 6,2 millones de euros sin que exista una justificación adecuada. La empresa beneficiaria forma parte de una UTE con conexiones directas a la red de corrupción que afecta al PSOE. Fuentes cercanas a la investigación subrayan que esta firma, junto a Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, ha recibido adjudicaciones cuestionadas en diversas regiones.
- Servinabar aparece repetidamente en los informes elaborados por la UCO de la Guardia Civil, vinculada a pagos irregulares y encuentros con altos cargos socialistas.
- La ampliación se realizó en las obras del área del accidente, donde se sugiere que una vía recién renovada podría haber fallado.
- La autorización del gasto adicional por parte de Óscar Puente suscita interrogantes sobre los controles internos en el ministerio.
No es esta la primera vez que surgen irregularidades. En Navarra, el exconsejero Bernardo Ciriza adjudicó un proyecto de 76 millones a la misma UTE, coincidiendo con reuniones monitorizadas entre Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Ciriza. Estas reuniones son objeto de vigilancia desde que comenzaron las investigaciones.
Vínculos con la trama más amplia del PSOE
La empresa favorecida por la ampliación realizada por Puente también está vinculada a otros casos dentro de esta macrotrama corrupta. Por ejemplo, se ha revelado que Servinabar pagó un ático relacionado con un dirigente socialista, lo cual sugiere posibles sobornos encubiertos.
En las Islas Baleares, durante el mandato de Francina Armengol, la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción, perteneciente a José Ruz, recibió contratos por un total de 10,7 millones, destacando uno de ellos por valor de 10,4 millones en localidades como S’Arracó, Inca, Sineu y Sa Pobla. Cabe mencionar que fue Koldo García quien presentó a este empresario, que reconoció ante el Tribunal Supremo que «el navarro» aludía a Santos Cerdán.
- El propio José Ruz confirmó haber tenido encuentros con José Luis Ábalos, así como contactos con Armengol, pese a sus negativas.
- Víctor de Aldamas, colaborador con la Fiscalía, indicó que hay obras amañadas desde el Ministerio de Transportes, mencionando también a Ruz.
- En Valencia, el gobierno adjudicó un contrato por valor de 480.000 euros en el puerto de Santa Pola a Levantina, siendo esta oferta la más cara y eliminando competidores con excusas poco convincentes.
Las intervenciones de Santos Cerdán han sido clave en reuniones significativas, como aquella celebrada el pasado 20 de febrero de 2023 en el Ministerio para la Transición Ecológica. Días después del concurso para el túnel de Belate, junto al ministro Hugo Morán se discutieron los detalles sobre financiación por un total de 250 millones para el Canal de Navarra, coincidiendo además con la licitación del proyecto valorado en 76 millones.
La responsabilidad en el ministerio de Puente
La hipótesis sobre la rotura de una vía recientemente renovada pone bajo escrutinio al ministro. Las obras en esa área recibieron una ampliación injustificada por valor de 6,2 millones justo cuando ya existían sospechas sobre la empresa implicada. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil intenta determinar si estas decisiones fueron influenciadas por presiones políticas.
Por su parte, Ábalos enfrenta imputaciones relacionadas con organización criminal, cohecho y malversación; se le atribuyen pactos para recibir mordidas ascendentes a 1,07 millones en diversas obras, con Cerdán actuando como intermediario para las entregas. La Fiscalía Anticorrupción está evaluando su posible ingreso en prisión debido al riesgo representado por un inmueble localizado en Chimbote (Perú) y conexiones financieras ligadas a su hijo desde Colombia.
