El Banco de España ha cifrado los «hipotéticos deterioros» de activos que se producirían en el escenario adverso que plantean las pruebas de estrés en 207.473 millones de euros, lo que representaría el 7,3% de la cartera para el conjunto de las entidades consideradas (9,5% en el caso de las cajas).
Ahora bien, según el banco emisor, las entidades españolas muestran en este ejercicio una «notable capacidad» para absorber ese deterioro potencial debido, en primer lugar, a los sustanciales saneamientos que han hecho durante los dos últimos años, ya que sus provisiones acumuladas permitirían absorber un 34% de ese deterioro bruto.
Además, a través de la generación de ingresos absorberían otro 48% (incluso asumiendo una severa reducción en su margen de explotación medio respecto a 2009), gracias a un modelo de negocio que genera ingresos «más estables y predecibles» que otros modelos de banca.
A esto se le une el hecho de que, durante 2008 y 2009, las entidades reforzaron su capital emitiendo recursos propios y capitalizando beneficios, mientras que las cajas de ahorros han llevado a cabo un «importante proceso» de reestructuración en los últimos meses a través de integraciones, lo que también ayuda a aliviar las necesidades de capital.
Según la institución dirigida por Miguel Angel Fernández Ordóñez, los resultados de las pruebas confirman que el sistema bancario español «goza de solidez» y justifican el proceso de reestructuración y recapitalización de las cajas de ahorros desarrollado durante los últimos doce meses, que ha supuesto el compromiso de inyectar recursos por valor de 14.358 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Garantía de Depósitos.
A su parecer, la publicación de las pruebas supone un ejercicio de «máxima transparencia» al cubrir el total de las cajas de ahorros y de los bancos españoles cotizados, al tiempo que aporta información adicional detallada para las diferentes carteras y, en particular, la de crédito sobre actividades inmobiliarias, así como las ayudas públicas comprometidas antes de la realización de las pruebas de resistencia.
Los resultados muestran que en el escenario macroeconómico adverso, con un descenso acumulado del PIB del 2,6% en 2010-11, la inmensa mayoría de las 27 entidades y grupos españoles analizados superan el nivel objetivo de capital acordado por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) (6% de capital Tier1, que representa el 50% más que el mínimo exigido por la normativa internacional).
Aún así, la entidad dirigida por Miguel Angel Fernández Ordóñez recuerda que las pruebas se han realizado a partir de ciertos supuestos simplificados y «muy poco probables», por lo que las variables de los escenarios de referencia sirven solo a efectos comparativos y «en ningún caso» deben ser entendidas como una previsión o estimación «razonable» ni de la evolución de la economía ni de los resultados y recursos propios de las entidades.
En este sentido, explica que las pruebas de estrés analizan hasta qué punto las entidades son capaces de afrontar un escenario macroeconómico «extraordinariamente adverso» en un periodo de tiempo determinado y recuerda que el objetivo del ejercicio es evaluar la resistencia global del sector bancario europeo y la capacidad de los bancos de absorber posibles ‘shocks’ relacionados con sus riesgos de crédito y de mercado, incluidos los riegos de la deuda soberana.
«UN VALOR INESTIMABLE»
Según el Banco de España, este ejercicio europeo tiene un «valor inestimable», ya que es la primera vez que se realiza un esfuerzo conjunto de publicación de información de esta naturaleza, involucrando a las distintas instituciones supervisoras y políticas europeas.
Además, afirma que en el caso español se ha aprovechado la realización de estas pruebas para hacer un esfuerzo adicional de transparencia que pretende aportar una mejor información al mercado y que debe tener continuidad, para lo que se ha instado a las entidades a que transmitan al mercado más información relevante y de calidad.
Finalmente, señala que la reestructuración y recapitalización de las cajas ha supuesto la aportación al sector de cajas de aproximadamente un 1% del PIB en recursos públicos por parte del FROB, cantidades que tendrán que devolverse en un plazo de cinco años con los intereses correspondientes. La reforma de la ley de cajas supone que, en el futuro, deban ser las propias cajas las que obtengan capital en el mercado sin necesidad de contribuciones del erario público.
