Los pensionistas en España disfrutan de ingresos más elevados que sus homólogos europeos, con una media anual de 19.800 euros antes de impuestos, en comparación con los 17.300 euros que reciben en la UE. Esto genera un margen positivo de aproximadamente 500 euros sobre los gastos medios de un jubilado, que se estiman en 19.300 euros.
Solo países como Polonia, República Checa y Rumanía comparten esta ventaja en el continente, donde en la mayoría de las naciones las prestaciones no llegan a cubrir el coste de vida.
Por otro lado, los trabajadores españoles perciben un 4% menos que la media europea.
Esta diferencia ha generado un intenso debate: mientras las pensiones se ajustan al IPC, como es el caso del 2,7% aplicado en 2026, los salarios no logran seguir ese ritmo. En la actualidad, la Seguridad Social gestiona alrededor de 10,4 millones de pensiones para 9,4 millones de personas, con una media mensual de 1.317 euros. De estas, 6,6 millones corresponden a jubilación, lo que representa el 73% del total mensual de 13.750 millones de euros.
Cifras clave de pensionistas y dependientes
El sistema español enfrenta una carga considerable. A continuación, algunos datos relevantes:
- Pensionistas totales: Más de 9,4 millones en pensiones contributivas y más 716.000 en Clases Pasivas.
- Jubilaciones: Se registran 6,6 millones, con una media de 1.563 euros/mes para el año 2026.
- Otras pensiones: Aproximadamente 1,5 millones son por viudedad, alrededor de 1 millón por incapacidad y unas 318.000 por orfandad.
- Subidas en 2026: Un incremento general del 2,7%, alcanzando hasta un 11% para mínimas con cargas familiares.
Además, cerca del 20% de la población en la UE tiene 65 años o más. En el caso español, las pensiones mínimas se elevan a 12.441 euros anuales para quienes superan los 65 años y no tienen cónyuge. Sin embargo, muchos no dependen exclusivamente de esto: algunos reciben complementos por brechas salariales o pensiones no contributivas.
Los economistas advierten sobre la insostenibilidad del sistema actual. El modelo de reparto presenta una tasa de reemplazo del 86%, lo cual resulta generoso si lo comparamos con países como Suecia, que ofrece un 60%, o el Reino Unido, con un 30%. Aunque Italia lidera en términos de pensiones altas, es España quien destaca por contar con máximas superiores a los 3.000 euros/mes. La edad media para jubilarse ha aumentado a los 65,3 años, y se han reducido las jubilaciones anticipadas (27%, frente al 40% registrado en 2019) gracias a reformas recientes.
Presión sobre las cuentas públicas
La nómina destinada a pensiones continúa su ascenso imparable. En enero de 2026, se prevé que supere los 14.250 millones de euros, solo en concepto de Seguridad Social. Este monto representa tres cuartas partes del gasto total en jubilaciones. Los economistas reclaman reformas efectivas: incentivar planes privados, retrasar la edad de jubilación o ajustar cotizaciones son algunas propuestas ante el creciente déficit público.
En comunidades como Galicia, la pensión media es baja (1.174 euros) aunque ha experimentado un aumento del 4,88%. A nivel nacional, esto añade unos 570 euros anuales a la pensión media por jubilación. Sin embargo, solo el 13% confía en que esto sea suficiente para mantener su calidad de vida.
La globalización y la automatización presentan retos adicionales al panorama laboral actual. Cada vez hay menos cotizantes activos sosteniendo a un mayor número de pensionistas. Según datos proporcionados por Eurostat, las pensiones medias en la UE alcanzaron los 17.321 euros anuales en 2023, mientras que España se sitúa por encima de esa cifra. En este contexto, Luxemburgo lidera con unas impresionantes 34.400 euros anuales y Bulgaria cierra la lista con apenas 4.479 euros.
Algunas reformas como incentivos para demorar jubilaciones están teniendo éxito: ya representan más del 11% del total . No obstante, aún persiste una alta dependencia del Estado entre quienes perciben subvenciones o rentas mínimas, lo que incrementa aún más la presión fiscal.
Este desajuste entre unas pensiones elevadas y unos salarios bajos demanda cambios urgentes para equilibrar el sistema sin recortar derechos ya adquiridos.
