La escena política y judicial española suma un capítulo inesperado: Estados Unidos ha remitido al Tribunal Supremo los mensajes de WhatsApp borrados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta entrega, canalizada a través de dos carpetas digitales enviadas desde los servidores estadounidenses, supone un segundo mazazo para el máximo responsable del Ministerio Público, que ya había visto cómo Google hacía lo propio con sus correos eliminados días antes.
El juez Ángel Hurtado, instructor del caso en la Sala Penal del Supremo, entregó inmediatamente la información a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ahora, bajo secreto y durante un mes, los agentes deberán bucear entre esos datos para determinar su relevancia en la investigación por revelación de secretos. La prioridad: esclarecer si García Ortiz filtró información confidencial sobre el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La investigación se intensifica: ¿qué buscan los peritos?
La UCO centra su análisis en un periodo muy concreto: entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, fechas clave en las que se produjo la supuesta filtración de un correo confidencial entre la defensa del empresario y la Fiscalía. El fiscal general borró sus mensajes y eliminó su cuenta de Gmail justo después de que se le notificara la apertura de diligencias penales. Un movimiento que levantó todas las alertas y que, lejos de blindar su privacidad, ha provocado una investigación tecnológica sin precedentes.
El Supremo actuó rápido: emitió comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos para requerir tanto a WhatsApp como a Google la preservación y entrega de todos los datos asociados a García Ortiz durante ese periodo crítico. En paralelo, las tecnológicas confirmaron que conservarían toda la información solicitada mientras durase el proceso judicial.
¿Cómo es posible recuperar mensajes eliminados? El secreto técnico tras WhatsApp
Una pregunta sobrevuela todo este proceso: ¿puede WhatsApp realmente recuperar mensajes borrados? Según la versión oficial de la compañía, una vez entregado un mensaje al destinatario y leído —doble check azul— el contenido desaparece de sus servidores; solo conservan metadatos (hora, tamaño del archivo, dispositivos implicados). El cifrado extremo a extremo protege el contenido incluso frente a la propia empresa.
Pero la realidad parece más matizada. Expertos en ciberseguridad señalan que existen mecanismos por los cuales las autoridades pueden recuperar datos eliminados bajo determinadas circunstancias legales y técnicas. Por ejemplo:
- Copias de seguridad automáticas: si el usuario tiene activada esta función en Google Drive o iCloud, los mensajes pueden quedar almacenados fuera del dispositivo original.
- Solicitudes judiciales internacionales: ante delitos graves o investigaciones oficiales, las tecnológicas pueden verse obligadas a colaborar y entregar información almacenada en servidores fuera del alcance directo del usuario.
En este caso, la petición formal del Supremo —trasladada por canales diplomáticos— ha sido clave para romper el habitual blindaje corporativo. Irlanda respondió que debía tramitarse ante Estados Unidos; allí, finalmente, se accedió a facilitar los datos solicitados.
El blindaje digital y sus grietas: Google y WhatsApp en el foco
Este episodio revela hasta qué punto el supuesto blindaje digital que ofrecen gigantes tecnológicos como Google o WhatsApp puede resquebrajarse ante una orden judicial internacional. El caso García Ortiz demuestra que:
- La privacidad absoluta no existe cuando hay causas penales abiertas.
- Las copias en la nube pueden ser recuperadas incluso tras eliminar cuentas asociadas.
- Las empresas tecnológicas están sujetas a las legislaciones nacionales e internacionales cuando hay delitos graves investigándose.
Paradójicamente, este escándalo ha puesto en evidencia las limitaciones del cifrado extremo a extremo para cargos públicos que manejan información sensible. Los expertos recomiendan evitar WhatsApp para comunicaciones críticas y apostar por apps más seguras como Signal o Telegram.
Implicaciones políticas y sociales: transparencia versus privacidad
El impacto social y político no se ha hecho esperar. La opinión pública observa con inquietud cómo los sistemas diseñados para proteger datos personales pueden ser vulnerables si quien borra información es un alto cargo investigado por filtrar secretos oficiales. El caso reabre el debate sobre:
- La rendición de cuentas digital: ¿Hasta dónde debe llegar la protección frente al derecho a investigar delitos?
- El papel real de las tecnológicas: ¿Son árbitros neutrales o colaboradores necesarios con la justicia?
- La seguridad institucional: ¿Qué protocolos deben seguir los responsables públicos al manejar documentos sensibles?
Mientras tanto, el Supremo confía en estas nuevas pruebas para cerrar filas en una investigación que podría sentar jurisprudencia sobre la gestión digital de secretos oficiales.
En resumen…
El segundo mazazo judicial contra García Ortiz —la entrega por parte de Estados Unidos de sus mensajes borrados— deja claro que ni Google ni WhatsApp pueden blindar totalmente las comunicaciones ante un proceso judicial riguroso. Si algo enseña este episodio es que borrar no equivale necesariamente a desaparecer… al menos si hay jueces dispuestos a pedir ayuda internacional.
¿Moraleja? Si eres funcionario con acceso a información sensible y te planteas borrar chats comprometedores… mejor piénsatelo dos veces. Porque hoy ni siquiera cruzar el Atlántico garantiza el olvido digital.
