El amanecer del domingo en Chilpancingo, Guerrero, fue escenario de un macabro hallazgo que conmocionó a la ciudad. La cabeza de Alejandro Arcos, de 43 años, recién nombrado alcalde, apareció sobre el techo de un automóvil, mientras que su cuerpo yacía en el asiento del copiloto. Apenas seis días antes, Arcos había asumido el cargo con la promesa de traer seguridad y estabilidad a la segunda ciudad más importante del estado.
Arcos se encontraba gestionando los daños causados por el huracán John, que había dejado inundaciones y destrucción en la región. Su compromiso era claro, pero las amenazas no tardaron en materializarse. Semanas antes, dos de sus asesores fueron asesinados, un presagio que él mismo interpretó como un mensaje intimidatorio para quienes se oponen al crimen organizado en la región.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre, declaró el lunes que las autoridades ya están investigando el crimen y que este martes presentará su plan de seguridad nacional. En sus primeras declaraciones, Sheinbaum manifestó su intención de enfocarse en los estados con mayor violencia, incluyendo Guerrero.
Chilpancingo, con una población de 200,000 habitantes, se había convertido en un bastión opositor al oficialismo. En las últimas elecciones, los ciudadanos votaron contra el partido Morena, señalando la falta de control sobre la violencia. Alejandro Arcos, candidato del PRI, logró arrebatarle la alcaldía a Norma Otilia Hernández, de Morena, quien había sido acusada de pactar con el cartel de Los Ardillos, acusaciones que ella niega categóricamente.
El plan de Arcos, titulado “Blindaje Chilpancingo”, prometía un refuerzo en la seguridad con más policías, patrullas y mejoras en los sistemas de denuncia e investigación. El día que asumió el cargo, prometió también alumbrado público en el 90% del municipio. Pero sus propuestas quedaron truncadas por la violencia que azota al estado de Guerrero, un territorio históricamente conflictivo.
Desde los años 70, Guerrero ha sido un campo de batalla, primero para guerrillas campesinas y luego para carteles de narcotráfico. Actualmente, múltiples grupos, como los Beltrán Leyva, Los Ardillos y Guerreros Unidos, se disputan el control de la región, convirtiendo las calles en escenarios de violencia y ajustes de cuentas.
La violencia política no es un fenómeno nuevo en México. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 alcaldes y 70 diputados municipales fueron asesinados, y en la reciente campaña electoral, 37 candidatos a puestos locales perdieron la vida, 12 de ellos en Guerrero.
Los expertos explican que los asesinatos de políticos son usados por las organizaciones criminales para intimidar a las autoridades, enviar mensajes a sus rivales o resolver conflictos con sectores empresariales y militares que rodean a los candidatos. La impunidad reina: el 90% de estos crímenes no se resuelven.
Sheinbaum, quien enfrenta su primera crisis de violencia como presidenta, insistió en la necesidad de mejorar la recolección de datos y la coordinación entre fiscalías y policías. Sin embargo, mantiene la postura de usar a las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, una medida continuada del gobierno anterior.
