A cuatro horas de carretera sinuosa desde Cochabamba, en pleno corazón del trópico boliviano, se levanta Lauca Ñ, un pequeño pueblo convertido en fortaleza.
Allí, entre caminos bloqueados y puestos de control improvisados, Evo Morales lleva casi un año refugiado, protegido por un grupo de cocaleros autodenominados Estado Mayor del Pueblo.
Armados con lanzas de madera y escudos artesanales, estos campesinos vigilan día y noche el acceso al líder indígena, en una escena que parece extraída de una distopía cinematográfica.
A día de hoy, 20 de agosto del 2025, la imagen de Morales atrincherado simboliza la profunda fractura política y social de Bolivia.
En las últimas semanas, las cámaras han logrado captar el ambiente en torno al antiguo presidente: controles férreos en los accesos, caminos cortados y una comunidad movilizada para evitar cualquier intervención policial o militar.
El propio Morales, según relatan sus allegados, se mueve solo en vehículos blindados y a gran velocidad cuando debe abandonar el recinto, siempre escoltado por caravanas de simpatizantes y bajo la amenaza constante de arresto.
🇻🇪 Nicolás Maduro: CORRUPT
🇦🇷 Cristina Kirchner: CORRUPTA
🇭🇳 Zelaya y Castro: CORRUPTS
🇧🇴 Evo Morales: CORRUPT
🇪🇨 Rafael Correa: CORRUPT
🇨🇴 Gustavo Petro: CORRUPT
🇨🇺 Díaz-Canel: CORRUPT
🇧🇷 Lula da Silva: CORRUPTO
🇧🇷 Dilma Roussef: CORRUPTA
🇳🇮 Daniel Ortega: CORRUPT
🇵🇪 Ollanta… pic.twitter.com/dR0Mrl7z6Y— Flávio 🇧🇷🇺🇸🇮🇱 (@Alexbrasile22) August 20, 2025
El peso de la justicia y la política
La situación de Morales se agravó a finales de 2024, cuando la Fiscalía de Tarija emitió una orden de arresto contra él, acusándolo de trata agravada de personas. El caso se remonta a supuestos hechos de 2015 y ha sido utilizado reiteradamente por la oposición y sectores del Gobierno para exigir su detención. En mayo de 2025, la orden seguía vigente tras ser anulada y luego restablecida por distintos tribunales. El ministro de Justicia, César Siles, ha dejado claro que la persecución judicial no se ha detenido.
Morales, por su parte, niega los cargos y los califica de maniobras políticas para impedirle participar en la vida pública. «Si no hay víctima, no hay delito», repite, en referencia a la declaración de la joven implicada, que niega haber sido víctima. Sin embargo, el cerco legal y mediático se ha ido estrechando a medida que se acercan las elecciones presidenciales, las más inciertas en dos décadas.
Los cocaleros, una guardia pretoriana
El Estado Mayor del Pueblo actúa como un auténtico escudo humano en torno a Morales. No son solo campesinos leales: su estructura recuerda a una guardia pretoriana, organizada y decidida a impedir cualquier operación policial. Su armamento rudimentario, basado en lanzas de madera y escudos hechos a mano, simboliza tanto la precariedad como la determinación de un movimiento que ha convertido la defensa de Morales en una causa colectiva.
Entre sus filas predominan los antiguos aliados sindicales del expresidente, muchos de ellos protagonistas de las luchas cocaleras contra la erradicación forzosa promovida décadas atrás por Estados Unidos y los gobiernos anteriores. El vínculo entre Morales y los cocaleros, forjado en años de represión y resistencia, se ha reforzado con el actual asedio judicial. La consigna es clara: «No pasarán», repiten quienes vigilan los accesos al refugio.
Una campaña fantasma y el pulso con la derecha
Mientras tanto, Morales no ha dejado de ejercer influencia política. Desde su refugio, organiza actos, coordina a sus bases y conduce programas radiales. Aunque los tribunales le han prohibido presentarse como candidato, mantiene una «campaña fantasma» que moviliza a miles de seguidores en todo el país.
La situación se enmarca en un giro político decisivo para Bolivia. Tras dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), la derecha se perfila como favorita en las encuestas, con Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga encabezando la intención de voto. El desgaste interno del MAS, las acusaciones de autoritarismo y la crisis económica han facilitado el avance opositor. Los nuevos candidatos prometen desmontar el aparato político construido por Morales y restaurar las libertades individuales, en un contexto marcado por la polarización.
Antecedentes y perspectivas
El exilio interno de Morales comenzó tras la crisis poselectoral de 2019, cuando fue forzado a abandonar el país en medio de acusaciones de fraude y violencia. Su regreso, dos años después, no logró calmar las aguas: las tensiones institucionales y las fracturas dentro del MAS persistieron, así como las denuncias judiciales en su contra.
En el pasado, Morales supo transformar el movimiento cocalero en una fuerza nacional capaz de desafiar al Estado y a la injerencia extranjera. Bajo su mandato, la legalización parcial de la coca y la política de «Coca Sí, Cocaína No» le granjearon apoyos y críticas a partes iguales. Hoy, esas mismas alianzas se reactivan para protegerle frente a una justicia que él considera instrumentalizada por sus adversarios.
El futuro es incierto. Morales, de 65 años, insiste en que no saldrá de Bolivia y que seguirá luchando. Sus seguidores creen que su liderazgo sigue siendo imprescindible para el país, mientras sus rivales apuestan por una renovación política que deje atrás el ciclo del MAS. Todo dependerá de la capacidad de movilización de unos y otros, y del desenlace de los procesos judiciales pendientes.
Claves del momento
- Evo Morales permanece refugiado en Lauca Ñ, protegido por cocaleros con lanzas y escudos, en un clima de máxima tensión.
- La orden de arresto sigue vigente, aunque el proceso judicial está rodeado de polémica y acusaciones de motivación política.
- El movimiento cocalero, organizado como Estado Mayor del Pueblo, actúa como barrera física y simbólica contra cualquier intento de captura.
- El país se enfrenta a unas elecciones cruciales, con la derecha favorita y un MAS debilitado por divisiones internas y la ausencia efectiva de su líder histórico.
La imagen de Morales, atrincherado y rodeado de leales, es hoy la metáfora de un país en vilo, que debate entre la continuidad de un ciclo político y la apertura a un nuevo escenario. El desenlace, todavía incierto, marcará el futuro de Bolivia y la región.
