En el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo se libra estos días una batalla que trasciende la política: es la pugna por el control del relato público, la libertad de prensa y la regulación del acceso de periodistas al Congreso.
Bajo la batuta de Patxi López, portavoz socialista, se ha impulsado una reforma del reglamento parlamentario que permitirá retirar credenciales a quienes “perturben gravemente” la actividad de la Cámara o atenten contra “la dignidad” de diputados y periodistas.
La medida ha sido defendida como necesaria para frenar a los llamados “pseudoperiodistas” y “agitadores ultras”, pero sus críticos ven en ella un riesgo claro de censura institucional y ataque a la libertad de información.
La iniciativa llega tras varios incidentes recientes protagonizados por comunicadores con filiaciones políticas explícitas o actitudes provocadoras.
En las últimas semanas, ruedas de prensa han sido interrumpidas por preguntas fuera de turno y altercados que han impedido el normal desarrollo del trabajo periodístico, lo que ha servido de pretexto para acelerar una regulación largamente debatida.
¿Control democrático o mordaza selectiva?
La reforma plantea un sistema progresivo de sanciones: desde apercibimientos hasta suspensiones temporales e incluso la revocación definitiva de las acreditaciones parlamentarias. Además, se prevé crear un consejo consultivo con representantes políticos y asociaciones profesionales para decidir sobre posibles expulsiones o vetos. La justificación oficial es proteger el derecho a informar y mantener un ambiente respetuoso; sin embargo, en los pasillos del Congreso resuena el temor a un control político directo sobre qué voces tienen cabida en el debate público.
Patxi López ha sido tajante al afirmar que hay “portavoces y diputados gravemente perturbados” en su labor por personas que “intimidan y dificultan el trabajo periodístico”, llegando a calificar algunos episodios como “acoso ultra disfrazado de comunicación”. Por su parte, partidos como PP y Vox denuncian que se trata de una maniobra para acallar a medios incómodos al Gobierno, apuntando directamente a una estrategia para consolidar un relato único desde La Moncloa.
Sánchez, la ‘Brunete Pedrete’ mediática y los periodistas-masajistas
El debate se ha recrudecido en el contexto más amplio del mandato de Pedro Sánchez, acusado recurrentemente por sectores conservadores y parte del gremio periodístico independiente de promover una deriva autoritaria en materia informativa. En este ecosistema, florecen conceptos como la ‘Brunete Pedrete’ mediática —término irónico que señala a los medios alineados con el Gobierno— y los llamados “periodistas-masajistas amarrados al pesebre”: profesionales que, lejos de fiscalizar al poder, actúan como correa de transmisión del Ejecutivo, asegurándose favores institucionales y cuota publicitaria pública.
Estas acusaciones no son nuevas ni privativas del actual Gobierno; sí lo es, sin embargo, la intensidad con que se manifiestan. Desde el entorno monclovita se promueve una narrativa en la que solo existen dos tipos de periodistas: los serios (afines o al menos respetuosos) y los “ultras” (críticos o díscolos). El resultado es una polarización creciente donde cada comparecencia puede convertirse en espectáculo o campo de batalla —y donde cada intento regulador huele a censura para unos y a higiene democrática para otros.
El fantasma europeo: leyes contra bulos… ¿o contra la disidencia?
El contexto internacional añade leña al fuego. España debe adaptar su marco normativo a la nueva Ley Europea de Libertad de Medios aprobada en marzo pasado, diseñada teóricamente para proteger tanto a periodistas como a instituciones frente a amenazas externas e internas. Sin embargo, medidas paralelas impulsadas por Sánchez, como el endurecimiento normativo contra las “noticias falsas”, han sido recibidas con recelo por buena parte del espectro mediático nacional, temeroso de que sirvan como coartada para silenciar voces críticas bajo pretextos ambiguos.
No han faltado advertencias sobre el peligroso precedente: si el criterio sobre quién es periodista legítimo queda en manos políticas —los “Patxi López de turno”—, cualquier Gobierno podría decidir mañana quién informa y quién no sobre sus propios escándalos. La oposición señala además la coincidencia temporal entre estas reformas y las investigaciones judiciales abiertas contra figuras cercanas al Ejecutivo, alimentando sospechas sobre motivaciones reales más allá del orden interno.
La trinchera parlamentaria: izquierda vs. derecha… ¿y periodismo?
El debate sobre libertad informativa no entiende de mayorías absolutas. La izquierda parlamentaria (Sumar, Podemos, ERC, Bildu) apoya férreamente la reforma alegando protección frente a discursos de odio y acoso ultraderechista; la derecha (PP, Vox) denuncia un intento burdo de amordazar medios incómodos mientras se tolera —cuando no se promueve— un ecosistema mediático gubernamental dócil y bien financiado. Entre ambos polos queda atrapado un periodismo parlamentario cada vez más precarizado e instrumentalizado.
El fenómeno tampoco es exclusivo español: en Europa crece el debate sobre cómo combatir bulos sin caer en la tentación autoritaria. Pero aquí las formas importan: si el filtro lo ponen los políticos —y no entidades independientes— hay riesgo real de involución democrática.
Curiosidades y datos sobre el caso
- La reforma fue aprobada en primera instancia por 176 votos frente a 170.
- El consejo consultivo encargado del control estará formado tanto por representantes políticos como profesionales del sector.
- Los incidentes recientes han sido protagonizados por comunicadores conocidos como Vito Quiles o Josué Cárdenas, cuya presencia recurrente ha radicalizado posiciones dentro del propio colectivo periodístico.
- El término ‘Brunete Pedrete’ remite irónicamente a la supuesta artillería mediática al servicio gubernamental —en contraposición con las históricas acusaciones hacia medios conservadores—.
- Las nuevas normas exigirán además transparencia total sobre accionistas, financiación publicitaria pública y cifras reales de audiencia a todos los medios acreditados.
- España destinará 100 millones extra para ayudar a digitalizar medios tradicionales… siempre que cumplan con las nuevas exigencias normativas.
Mientras tanto, periodistas veteranos bromean amargamente en los pasillos del Congreso: “A este paso va a hacer falta presentar el carnet… pero no el profesional; ¡el del partido!”. Y aunque parezca chiste fácil, pocos dudan ya que quien controle ese carnet podrá decidir mucho más que simples turnos o preguntas incómodas.
