Otra que va p’alante.
La política española ha entrado en una nueva era de escándalos y sospecha de corrucción, con la presidenta del Congreso, Armengol, en el punto de mire del Tribunal Supremo.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desempeñado un papel clave en la investigación de varios altos dirigentes del PSOE, incluyendo a Santos Cerdán y a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera.
Estos acontecimientos han llevado a una reavivación de las críticas contra el gobierno de Sánchez, acusado de impotencia ante los escándalos que cercan a su partido.
En el máximo nivel de esta trama, Armengol se ha vuelto un foco de interés para el Tribunal Supremo, que investiga su posible implicación en la trama de sobreprecios vinculados a la malversación del erario.
Según informes recientes, Armengol pagó 12,7 millones de euros a empresas de la trama por obras inacabadas y mascarillas que no sirvieron, lo que ha levantado sospecha sobre su gestión durante la pandemia.
Además, el Supremo ha solicitado a la Fiscalía que investigue si Armengol debe ser imputada por mentir sobre su conocido Víctor de Aldama, un empresario implicado en la trama de contratos irregulares.
El papel de la UCO en las investigaciones
La UCO ha sido clave en la investigación de varios pendrives que han aparecido en los registros de domicilios relacionados con altos dirigentes del PSOE. En el caso de Pardo de Vera, se encontró un documento relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia, lo que ha llevado a su citación judicial para el 21 de julio. Además, en el registro de la casa de Santos Cerdán, se han localizado documentos que lo vinculaban con empresas investigadas por presuntas corruptelas.
El caso ha desatado un aluvió de críticas políticas. Armengol ha intentado desvincularse de las acusaciones, pero su papel en el Congreso ha sido cuestión de interés. Además, ha sido noticia su intento de retira del diario de sesiones las imputaciones de delitos lanzados por Sánchez en el Pleno del Congreso. Mientras tanto, el PP ha acusado al gobierno de Sánchez de ser «una patética demostración de impotencia» ante los escándalos que cercan al PSOE.
Los pendrives y la cadena de custodia
La cuestión de los pendrives ha sido central en las investigaciones. En el caso de Koldo García, exchófer del PSOE, se ha denunciado la irregularidad en el hallazgo de un pendrive en un sobre blanco, cuyo contenido ha sido cuestión de dudas. La cadena de custodia ha sido pobremente documentada, lo que ha llevado a Koldo a pedir que se aparte esta prueba del sumario.
Estos escándalos han tenido un impacto político importante. La oposición ha presado para que se adelante el proceso de elecciones generales, considerando que el gobierno de Sánchez ha quedado debilitado por las acusaciones de corrucción. Además, la gestión de Armengol en el Congreso ha sido cuestión de interés, ya que ha intentado desvincularse de las acusaciones mientras manteiene su papel como tercera autoridad del Estado.
- Armengol ha sido citada por su papel en la gestión de contratos durante la pandemia, lo que ha llevado a una investigación sobre su posible implicación en la trama de sobreprecios.
- La UCO ha localizado varios pendrives en los registros de domicilios relacionados con altos dirigentes del PSOE, lo que ha levantado sospecha sobre la cadena de custodia de estas pruebas.
- Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha sido vinculado a empresas investigadas por presuntas corruptelas, lo que ha llevado a un escándalos político importante.
- La oposición ha presado para que se adelante el proceso de elecciones generales, considerando que el gobierno de Sánchez ha quedado debilitado por las acusaciones de corrucción.
La política española se encuentra en un momento de máxima inefabilidad, con escándalos que cercan al gobierno de Sánchez y a altos dirigentes del PSOE. La investigación del Supremo sobre Armengol y la localización de pendrives por la UCO han sido los focos de interés en las últimas semanas, lo que ha llevado a un clima político tenso y a una crecicente presión para que se toman decisiones políticas más firmes.
