En la política española, los retornos suelen ser recibidos con una mezcla de indiferencia y resignación.
Sin embargo, la vuelta de Artemi Rallo a la primera línea parlamentaria, apadrinada por Pedro Sánchez tras años de discreto retiro, ha puesto en pie de guerra a los analistas y ha encendido las alarmas sobre los límites de la meritocracia y el amiguismo en la cúpula socialista.
El asunto no es menor: hablamos del hombre que, como director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), archivó dos denuncias policiales contra los prostíbulos regentados por el suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano, y que ahora disfruta de escaño en el Congreso y, posteriormente, de asiento en el Senado, gracias a la confianza del presidente del Gobierno.
Quien piense que todo esto es simple casualidad o una travesura burocrática, debería repasar la cronología de los hechos y el trasfondo de un caso donde se entrelazan protección de datos, negocios de dudosa reputación, y una carrera política que, al menos en este episodio, se beneficia de una opacidad poco ejemplar.
Artemi Rallo: jurista, socialista y superviviente
Licenciado en Derecho, catedrático y político de largo recorrido, Artemi Rallo fue nombrado director de la AEPD en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su trayectoria dentro del PSOE de la Comunidad Valenciana y su paso por la dirección general del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia le habían granjeado fama de gestor solvente y discreto, lejos de los focos mediáticos.
Sin embargo, en 2010 y 2011, la Policía Municipal de Madrid presentó sendas denuncias tras detectar cámaras ocultas de videovigilancia en dos saunas vinculadas a la familia de Begoña Gómez, esposa de Sánchez. La documentación policial era clara: cámaras en zonas privadas, ausencia de los documentos obligatorios por ley, y un historial turbio de explotación sexual masculina en los locales.
El archivo exprés de las denuncias
La respuesta de Rallo, entonces máximo responsable de la AEPD, fue tan rápida como benévola. Las dos denuncias quedaron archivadas mediante resoluciones firmadas por él mismo, aceptando sin inspección adicional las alegaciones del propietario: que las cámaras eran pocas, estaban en lugares «públicos» del local y que se borraban las grabaciones a los diez días. Ni rastro de visitas de inspectores ni comprobación in situ, pese a que el artículo 5.1 de la Ley de Protección de Datos exige informar claramente a los afectados y detalla el tratamiento de imágenes en espacios sensibles.
Lo llamativo, y aquí conviene afinar el olfato periodístico, es que el procedimiento se había iniciado tras una denuncia policial. En uno de los expedientes, el de la Sauna Princesa, la Policía constató la existencia de seis cámaras y la total falta de documentos legales. Sin embargo, Rallo dio carpetazo al expediente: “El sistema de videovigilancia […] reúne los requisitos anteriormente descritos, por lo que no se aprecia la existencia de infracción a la Ley”.
Ascenso político y el factor Sánchez
Pocos años después, y tras un periodo alejado de la vida pública, Pedro Sánchez lo rescató para incluirlo en las listas del PSOE al Congreso y, más tarde, al Senado. Su retorno coincidió con la consolidación del liderazgo de Sánchez y el estallido de varios escándalos que salpicaban a su entorno familiar. Para muchos, la lealtad mostrada por Rallo en el pasado y su papel en el archivo de las denuncias serían clave en su meteórico ascenso.
El periodista Javier Negre Entrambasaguas analiza en El Debate este “premio” político y destaca la conexión personal entre Sánchez y Rallo, subrayando cómo el presidente confía en colaboradores que ya han demostrado su fidelidad en situaciones comprometidas para su familia. No es la primera vez que el PSOE recurre a viejos conocidos en momentos de crisis ética, pero el caso de Rallo resulta especialmente paradigmático por la naturaleza de las denuncias archivadas y su posterior papel como defensor de la polémica Ley de Amnistía.
Las sombras de los negocios del suegro
El caso no se agota en los despachos de la AEPD. Los negocios de Sabiniano Gómez Serrano han estado en el punto de mira por múltiples motivos. Más allá de las cámaras ocultas, varios extrabajadores y personas vinculadas a los locales han declarado en los últimos meses sobre prácticas poco ortodoxas. Entre los testimonios más llamativos figura el de un antiguo contable, que asegura haber visto a Sabiniano “dar sobres con dinero a policías municipales y nacionales”. La frase tiene ecos de novela negra y, aunque no ha desembocado todavía en imputaciones formales, alimenta la sospecha de complicidades y protección institucional.
Por si fuera poco, Pedro el Cubano, trabajador de los locales, ha confirmado la existencia de “una cabina camuflada con vídeos en la sala Adán”, donde los chaperos, según él, obtenían “mucha información, más que las señoritas”. Estas grabaciones, según denuncias, habrían servido para espiar a clientes sexuales en complicidad con la llamada “policía patriótica”, añadiendo un elemento de suspense digno de serie de prime time.
Repercusiones políticas y éticas
La polémica por el ascenso de Rallo y el archivo de las denuncias reaviva el debate sobre la independencia de los organismos reguladores y el uso partidista de las instituciones. En un momento en que el PSOE lidia con varias investigaciones judiciales por presunta corrupción y tráfico de influencias, la sombra del favoritismo y la falta de transparencia planea sobre el Ejecutivo.
Las preguntas que surgen son incómodas:
- ¿Hasta qué punto los vínculos personales condicionan los nombramientos públicos?
- ¿Es posible garantizar la imparcialidad de las agencias estatales en casos que afectan al círculo íntimo del poder?
- ¿Por qué la AEPD no actuó con mayor rigor ante las denuncias policiales?
Un pasado que vuelve y un presente en entredicho
El historial de Artemi Rallo incluye logros académicos y una dilatada carrera política, pero este episodio amenaza con eclipsar su legado. En el Congreso, ha defendido recientemente reformas legislativas polémicas, como la modificación de la ley para disolver asociaciones franquistas, siempre desde una perspectiva de “pedagogía social” y “moral colectiva”. Sin embargo, para la opinión pública, su nombre ya está inevitablemente ligado a una de las páginas más oscuras de la política reciente.
Curiosidades y datos llamativos
- Las denuncias archivadas por la AEPD estaban respaldadas por pruebas policiales y no por quejas particulares.
- En la Sauna Princesa, la Policía localizó seis cámaras activas y ninguna documentación legal sobre su uso.
- El contable del suegro de Sánchez afirma que vio entregar sobres de dinero a miembros de la policía, una práctica que, de ser cierta, implicaría delitos de cohecho y corrupción.
- Pedro el Cubano describe un sistema de espionaje sofisticado dentro de los locales, con grabaciones de clientes y presunta colaboración policial.
- Artemi Rallo, tras su paso por la AEPD, ha sido diputado, senador y catedrático de Derecho Constitucional, todo ello mientras su figura gana peso en el círculo de confianza de Pedro Sánchez.
En definitiva, el caso Rallo-Sánchez-Gómez Serrano no solo ilustra los riesgos de mezclar política, familia y negocios, sino que sirve de advertencia sobre los peligros del clientelismo y la opacidad en el ejercicio del poder en España.
