La anunciada reunión llevada a cabo en el Palacio de la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, finalmente se ha producido este jueves y, como era previsible ha conseguido soliviantar al resto de territorios en España, incluido los territorios gobernados por el PSOE.
Según hemos podido conocer en Periodista Digital, el político condenado por los graves incidentes en Cataluña durante el proceso independentista, posteriormente inhabilitado, además de indultado y amnistiado buscando la investidura de Sánchez, ha anunciado un acuerdo de financiación para Cataluña que incluye 4.700 millones de euros adicionales y reconoce el principio de ordinalidad. Este planteamiento se basa, en esencia, en que quien más aporta, más obtiene a cambio, una idea que choca de lleno con los principios del socialismo. Aunque el acuerdo haya quedado atado entre ambos dirigentes, tiene escasas posibilidades de prosperar: necesita el respaldo de todos los grupos políticos, incluidos aquellos que resultarían perjudicados y a los que ahora se les pediría que lo apoyen. El líder de ERC fue directo: «Si este acuerdo no se aprueba en el Congreso, las empresas, los trabajadores y las familias de toda España serán los que pierdan. Es fundamental que participen diversas fuerzas políticas».
La reacción de Castilla y León
El presidente de la Junta de Castilla y León, visiblemente contrariado, insistió en que la Junta no permanecerá pasiva ante un reparto que favorece a Cataluña. «Si se consuma, defenderemos a Castilla y León y a España con todos los recursos a nuestro alcance», afirmó. Y añadió sin rodeos: «Nos oponemos a cualquier privilegio que rompa la igualdad». Desde Ávila, Alfonso Fernández Mañueco, respondió con firmeza. Si el pacto se confirma, llevará el caso al Tribunal Constitucional. Para Mañueco, el acuerdo «rompe la igualdad entre territorios y ciudadanos y perjudica directamente a Castilla y León». Impacto en otras comunidades
El pacto con Cataluña puede alterar profundamente cómo se distribuyen los recursos entre comunidades autónomas. Expertos y dirigentes regionales advierten que, si una región recibe privilegios especiales, otras podrían exigir trato similar, lo que pondría en riesgo la igualdad territorial. Castilla y León y otras comunidades con menor población o capacidad fiscal podrían ver recortados sus fondos para sanidad, educación o infraestructuras, mientras Cataluña obtiene ventajas.
Además, el acuerdo podría generar tensiones políticas permanentes. Cada gobierno autonómico podría intentar sacar su propio beneficio, y la percepción de desigualdad entre ciudadanos de distintas regiones aumentaría. Como señalan analistas y responsables políticos, «cuando unos reciben ventajas que otros no tienen, se resiente la cohesión territorial y crece la sensación de injusticia». La clave, coinciden, está en garantizar un reparto justo y equilibrado que evite conflictos entre comunidades.
