Basta ya.
Basta ya del maltrato institucional a quienes han sostenido durante décadas la seguridad de este país. Basta ya de decisiones técnicas que, bajo apariencia de avance histórico, esconden una nueva discriminación interna.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, prepara el reconocimiento de la condición de “profesión de riesgo” para los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Una reivindicación histórica, justa y necesaria. Pero con letra pequeña.
Y esa letra pequeña duele.
La decisión técnica que se perfila reconoce el riesgo únicamente a quienes se encuentren en servicio activo en el momento de entrada en vigor de la norma. Quedan fuera quienes estén en reserva —en el caso de la Guardia Civil—, en segunda actividad —en la Policía Nacional— y, por supuesto, los ya jubilados.
Es decir: el riesgo existe… pero sólo si le parece bien al ministro y al ministerio y a su criterio, cuando lleva años reconocido y pagado a Policias Locales y a Policías Autonómicas, discriminando a los que prestan servicios estando en la reserva y dejando fuera a los retirados en sus jubilaciones.
El riesgo no caduca
¿Acaso el riesgo sufrido durante veinte o treinta años desaparece cuando un guardia civil pasa a reserva?
¿Se borra la exposición a atentados, al crimen organizado, al terrorismo o a la violencia cotidiana cuando un policía entra en segunda actividad?
El riesgo no es un estado administrativo. El riesgo es una huella biográfica.
Miles de agentes han desarrollado patologías físicas y psicológicas derivadas del servicio. Han acumulado noches sin dormir, intervenciones críticas, agresiones, amenazas, estrés crónico. Han perdido compañeros. Han sostenido el Estado cuando el Estado temblaba.
Y ahora se les dice que el reconocimiento llega… pero demasiado tarde.
Una retroactividad selectiva
El borrador permitiría computar años trabajados en activo para aplicar coeficientes reductores en la jubilación futura. Pero solo si el funcionario sigue en activo cuando la norma entre en vigor.
No habrá revisión de pensiones.. No habrá aplicación automática a quienes ya no estén operativos.
La explicación técnica es evidente: evitar impacto presupuestario y posibles reclamaciones masivas.
Pero la pregunta es política y moral: ¿desde cuándo el equilibrio presupuestario justifica la desigualdad interna dentro de los propios cuerpos?
Agravio comparativo dentro del uniforme
La exclusión de reserva y segunda actividad fractura al colectivo. Divide generaciones. Introduce una línea invisible entre quienes “merecen” reconocimiento y quienes, aparentemente, ya cumplieron.
El mensaje implícito es demoledor: mientras sirvas, te reconocemos; cuando ya no seas útil operativamente, quedas fuera.
Eso no es política de Estado.
Eso es gestión contable de personas.
Las asociaciones profesionales ya advierten que podría abrirse un frente contencioso-administrativo si la redacción definitiva mantiene esta limitación. Y no sería extraño. El principio de igualdad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no son meras fórmulas retóricas.
Una oportunidad histórica… mal diseñada
El reconocimiento de profesión de riesgo es un avance necesario. España llevaba años de retraso respecto a otros colectivos que ya disfrutan de coeficientes reductores por penosidad o peligrosidad.
Pero si se consolida en estos términos, nacerá herido.
Porque el riesgo no empieza ni termina en la fecha de publicación en el BOE.
Porque el servicio prestado no se convierte en inocuo cuando cambia la situación administrativa.
Porque quienes hoy están en reserva o segunda actividad fueron los mismos que ayer estuvieron en primera línea.
Basta ya
Basta ya del maltrato soterrado. Basta ya de dividir a policías y guardias civiles. Basta ya de reconocer a medias.
Si la profesión es de riesgo, lo es para todos los que la ejercieron. Si el Estado debe gratitud, no puede aplicarla con fecha de caducidad.
Reconocer solo a los activos puede parecer una victoria política inmediata. Pero dejar fuera a quienes ya lo dieron todo es una injusticia estructural que terminará en los tribunales… y en la memoria colectiva del uniforme.
Y esa memoria no olvida.
