Le ha pasado como a ese equipo que prácticamente ruega al rival que no siga haciendo sangre y goleando a placer.
Unidas Podemos ha tenido que pactar con su excoordinador jurídico, José Manuel Calvente, para no tener que ir finalmente a juicio y que el magistrado resolviera a buen seguro que el despido del abogado fue nulo de pleno derecho.
Al final hubo un acuerdo de concilicación entre el letrado y el partido de Pablo Iglesias para reconocer la improcedencia de su despido, lo que supone, no obstante, un nuevo revés judicial para el líder morado.
La formación comunista optó por echar al letrado con cajas destempladas y acusándole de un doble delito de acoso laboral y sexual a la abogada Marta Flor.
La medida adoptada por el partido morado se produjo en el mes de diciembre de 2019 cuando su coordinador legal se negó en redondo a seguir con la estrategia marcada por Iglesias en el ‘caso Dina‘.
Calvente tenía claro que no se podía seguir en la línea de defender la tesis del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham a manos de las llamadas ‘cloacas del Estado’ por mucho que a Iglesias le interesara abundar en esa tesis porque en las elecciones generales de 2019 le venía bien al partido mostrarse ante el electorado como una víctima del sistema.
Esa postura del letrado, unido a que también puso en tela de juicio las cuentas de la formación de Iglesias fue lo que llevó a que el partido dejase de contar con sus servicios.
José Manuel Calvente reconoce que aunque podía haber ido a por la nulidad de su despido, lo cierto es que asume que tampoco quería volver a estar vinculado a la fuerza podemita.
Asegura este especialista y asesor judicial que con esta resolución en el acto de conciliación queda liquidada y finiquitada su relación laboral con el partido. Afirma tajantemente que no le interesaba seguir unido a un partido en el que ha sido denunciado falsamente por acoso laboral y sexual.
Eso sí, en el apartado económico, Calvente no va a dejar pasar la ocasión de reclamar, bien por la vía penal o por la civil, la indemnización que legalmente le corresponda por la vulneración de su derecho al honor.
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