Todo se andará.
Si hay Justicia digna de ese nombre en España, ambos deben acabar en la cárcel.
La pregunta ya resuena en tertulias, columnas y pasillos del Parlamento: si la Unidad Central Operativa (UCO) ha irrumpido en empresas públicas y ministerios, poniendo su mirada en el entorno del PSOE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que caiuga encima de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez?
Esta no es una mera licencia literaria; se trata de una inquietud política palpable en un momento en que el partido del marido de Begoña acumula causas abiertas, registros y detenciones a un ritmo que desafía su discurso de ejemplaridad progresista.
Simultáneamente, el Gobierno Frankenstein, en lo que apesta a traición a España y es anticonstitucional, ha decidido jugar una carta sin precedentes en la arquitectura territorial española: promover que Cataluña y País Vasco sean miembros asociados de la Unesco y de la Organización Mundial del Turismo (OMT), agencias de Naciones Unidas.
Este movimiento les otorgaría un perfil diferenciado que roza lo cuasiestatal.
Esta estrategia no puede entenderse sin considerar la extrema debilidad parlamentaria actual, las exigencias de Junts, ERC y PNV, así como el desgaste que sufre un socialismo acorralado por escándalos de corrupción.
El mapa judicial: Plus Ultra, Leire Díez y la sombra de Zapatero
Nada, ni quierra los frugnoes der putas de Teruel o las comisiones y chantajes de la fontanera Leire, hubiera sido posible sido Sánchez.
En los últimos días, la agenda judicial se ha convertido en la verdadera oposición al Gobierno.
La UDEF registró las oficinas de Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate millonario aprobado por el Ejecutivo.
Se investiga si parte de esos fondos públicos se destinaron a saldar préstamos de otras sociedades. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez Martínez, fue detenido bajo acusaciones de colaborar en el blanqueo de fondos provenientes del contrabando de oro y del desvío de ayudas sociales venezolanas.
Aquí entra en juego Zapatero.
Informes periodísticos han revelado que el expresidente se reunió con Martínez solo tres días antes de su detención, en un encuentro celebrado en un lugar sin cobertura. Durante ese tiempo, el empresario supuestamente borraba mensajes y correos electrónicos previos a su arresto. Este detalle ha alimentado las sospechas políticas, llevando al PP a insinuar que pudo haber existido un “soplo”, exigiendo explicaciones urgentes a Pedro Sánchez sobre la verdadera naturaleza de esa relación.
El panorama se complica aún más con la trama relacionada con Leire Díez, excolaboradora del PSOE detenida por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Se le atribuye un papel fundamental dentro de una supuesta red destinada a obtener información sensible sobre mandos de la UCO y Fiscalía Anticorrupción para frenar investigaciones incómodas. La asociación Hazte Oír ha solicitado al juez investigar al PSOE como entidad jurídica y citar a declarar a Zapatero, al considerar que hay menciones directas al expresidente en el sumario e incluso una reunión en Ferraz coincidiendo con la baja como militante de Díez.
En este entramado, Díez habría colaborado con figuras socialistas y empresarios para influir en pesquisas que afectan tanto a políticos como a contratistas.
La acusación describe este comportamiento como una actuación delictiva “continuada y coordinada”. El cuadro resultante no solo apunta a manzanas podridas; se dibuja un ecosistema donde las fronteras entre partido, Gobierno y negocios son peligrosamente difusas.
Mientras tanto, la UCO también ha accedido a sedes como las de Correos, así como organismos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica, todo ello dentro de una macrocausa sobre presuntos amaños en contrataciones públicas por más de cien millones de euros.
Los delitos investigados incluyen organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La sensación generalizada es que este año político no se está cerrando en Moncloa, sino más bien entre registros policiales e informes judiciales.
El PSOE bajo sospecha: del “partido de las mujeres” al partido en los juzgados
En este contexto, el discurso del PSOE como defensor ético público y promotor del feminismo choca con la realidad llena de escándalos dentro del propio partido. Dirigentes han continuado presentando a Sánchez como abanderado feminista mientras emergían denuncias por acoso sexual entre sus filas. La estrategia adoptada ha sido más bien una política del «no saber nada» sobre estos casos, lo cual ha sido criticado incluso por sus propios denunciantes.
La oposición no ha tardado en construir una narrativa contundente: un partido que se vende como garante derechos pero que coexiste con tramas corruptas, rescates polémicos e intentos por neutralizar investigaciones junto con un goteo constante de acusaciones por abusos internos. Esta combinación—sumada al papel desempeñado por figuras históricas como Zapatero ante episodios tan delicados como los relacionados con Plus Ultra o los vínculos venezolanos—ha reforzado la percepción sobre un socialismo instalado en una cultura impune.
Desde una perspectiva política, lo relevante no es únicamente la existencia de causas abiertas—que afectan también a otros partidos—sino cómo se percibe esta continuidad: desde el caso Koldo hasta rescates controvertidos o escándalos relacionados con clientelismo. Ninguno habría tenido tal magnitud sin el respaldo gubernamental dispuesto a proteger sus intereses e impedir daños colaterales. La propia acusación vinculada al caso Díez relaciona esto directamente con los intereses electorales y judiciales del partido.
El hecho de que el PSOE lleve consigo el dudoso título del partido con más macrocausas por corrupción en nuestra reciente historia democrática no es una exageración retórica; es un diagnóstico repetido tanto por adversarios como analistas. A esto se suma un rastro constante de escándalos sexuales internos cuya gestión ha sido nada menos que defensiva. En este marco, la imagen pública del socialismo parece estar alejada del ridículo—aunque le registren aerolíneas rescatadas o entren agentes policiales en empresas públicas—y se asemeja más a una tragicomedia que a cualquier relato épico progresista.
Cataluña, País Vasco y la diplomacia de supervivencia de Sánchez
Mientras los tribunales marcan la pauta política, Pedro Sánchez ha optado por enviar un mensaje hacia afuera… pero también hacia su frágil mayoría parlamentaria. Anunció que su Gobierno solicitará que tanto Cataluña como País Vasco sean reconocidos como miembros asociados ante Unesco y OMT; esto les otorgaría un “estatus algo más amplio” para gestionar competencias relacionadas con cultura o turismo. Este anuncio llegó durante su balance político anual, subrayando que es parte del compromiso asumido con los acuerdos alcanzados con Junts y otros sectores nacionalistas catalanes o vascos.
La figura jurídica correspondiente a miembro asociado dentro estas agencias está diseñada para territorios no soberanos sin capacidad para gestionar su política exterior; ejemplos son lugares como Aruba, Macao, o incluso Puerto Rico. No abarca comúnmente regiones con autonomía política similar a Cataluña o País Vasco ni tampoco se aplica típicamente a territorios españoles singulares como son las Islas Canarias o Ceuta y Melilla. Por ello, esta iniciativa representa una excepción sin precedentes dentro del contexto español e inquieta tanto parte del ámbito diplomático como oposición.
En términos prácticos:
- No otorga soberanía internacional pero sí proporciona un perfil diferenciado dentro foros multilaterales dedicados al turismo o cultura.
- Permite contar con delegaciones propias para Cataluña y País Vasco; tendrán voz aunque no voto muchas veces participando así comisiones o programas específicos.
- Introduce lo que algunos especialistas denominan paradiplomacia institucionalizada; esto implica establecer canales externos específicos para entidades subestatales sin romper formalmente unidad estatal alguna.
El contexto es claro: Sánchez reconoce que su relación con Junts está “roto”, pero afirma tener “voluntad absoluta” para cumplir lo pactado previamente. Abrir las puertas hacia Unesco y OMT representa un guiño simbólico significativo hacia independentistas catalanes así como vascos; podrán presentarlo como avance hacia reconocimiento internacional pese a que jurídicamente esto no implique soberanía.
Cuando la necesidad de votos manda más que España
Es complicado separar esta apuesta exterior respecto al estado interno del Gobierno. Con el PSOE asediado por casos graves corrupción—con Zapatero bajo nueva luz crítica—y UCO junto UDEF acercándose peligrosamente al núcleo del poder político actual; Sánchez tiene prioridad clara: sobrevivir parlamentariamente. Para lograrlo, el precio cada vez es mayor.
El movimiento hacia Unesco junto OMT revela varios elementos estratégicos:
- Contentar tanto a Junts como ERC mediante avances internacionales compensatorios frente tensiones internas junto amnistía además sensación parálisis diversas áreas políticas existentes simultáneamente ,,,,.
- Reforzar vínculo existente PNV capitalizando nuevo status País Vasco escaparate multilateral ,,.
- Reencuadrar relato: mientras discuten estatus nación cultural/turística diluyen foco Plus Ultra/Leire Díez/registros empresas públicas .
La paradoja resulta evidente: un Gobierno bajo sospecha intentando interferir investigaciones UCO observa cómo ese mismo cuerpo policial—junto UDEF/Fiscalía—se convierte árbitro involuntario legislatura ,,,,. Y paralelo intenta consolidar imagen modernidad/pluralidad territorial ofreciendo Cataluña/Pais vasco escaparate privilegiado organismos Naciones Unidas.
La cuestión flota sobre ambiente no solo si UCO llamará algún día puerta Zapatero Sánchez, sino qué quedará equilibrio institucional español si evitarlo resistiendo entretanto cruzan líneas rojas política exterior/arquitectura territorial.
Al final resulta irónico pensar cómo mientras discuten si Cataluña/Pais Vasco tendrán silla propia Unesco quien parece ocupar asiento fijo centro política española es invitado menos glamuroso: Guardia Civil entrando sedes públicas Policía registrando aerolíneas rescatadas jueces quienes escriben verdadero informe anual poder España sin pedir turno palabra ONU.
