Es una resolución que supone un blindaje a la libertad de información frente a los intentos de censura de cargos públicos.
El Juzgado de Primera Instancia Nº 72 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por Koldo García Izaguirre contra Periodista Digital, su director Alfonso Rojo, el redactor David Lozano y el conocido europarlamentario Luis ‘Alvise’ Pérez.
La sentencia no sólo absuelve a los demandados de la reclamación de 20.000 euros por supuesta intromisión en el derecho a la imagen, sino que da la razón a las tesis del abogado Álvaro Rojo (ARQ Abogados) e impone al exasesor de José Luis Ábalos el pago de las costas procesales.
El conflicto judicial surgió a raíz de la publicación, en agosto de 2021, de fotografías que captaban a García Izaguirre en hoteles de Punta Cana y Guinea Ecuatorial. El demandante sostenía que las imágenes, donde aparecía en actitud cotidiana —como consumiendo un bocadillo—, vulneraban su privacidad al haber sido tomadas sin su consentimiento en recintos que él consideraba privados. Sin embargo, la defensa de Periodista Digital recordó con éxito que Koldo García era ya una figura de indudable notoriedad pública por su papel como «mano derecha» del exministro de Transportes y consejero de Renfe Mercancías.
El triunfo del interés general sobre la privacidad
El magistrado Álvaro Rueda Tortuero ha sido tajante en su fallo: el derecho a la información debe prevalecer cuando el contenido es veraz y de relevancia pública. Según las fuentes, el juez determinó que las fotografías fueron tomadas en terrazas y áreas hoteleras abiertas al público, visibles para cualquier transeúnte, lo que anula la expectativa de privacidad alegada por el actor.
Además, la sentencia destaca un factor técnico crucial: la falta de recognoscibilidad. En las imágenes cuestionadas, Koldo García aparecía de espaldas o con el rostro oculto por accesorios como gorras y gafas de sol, lo que, según el Ministerio Fiscal y los codemandados, impedía que se produjera un daño real a su imagen personal. La Justicia ha recordado que quienes optan por cargos de confianza política deben «soportar un cierto riesgo de lesión de sus derechos» en favor del escrutinio de la opinión pública.
Una derrota que sale cara: más de 7.900 euros en costas
El revés para el exasesor ministerial no es solo jurídico, sino también económico. Un decreto posterior del 16 de diciembre de 2025 ha aprobado la tasación de costas definitiva, obligando a Koldo García a abonar 2.696,23 euros a la representación de Luis ‘Alvise’ Pérez y 5.201,33 euros a la de Periodista Digital y Alfonso Rojo.
Esta condena al pago de las costas refuerza la tesis de la defensa llevada a cabo por el abogado Alvaro Rojo, que calificó la demanda de «grotesca» y «temeraria», señalando que el demandante pretendía una indemnización desproporcionada —cinco veces superior a la de víctimas de agresiones graves— por unas fotografías asépticas en un lugar público. Con este fallo, los tribunales ratifican que el entorno del entonces ministro Ábalos, salpicado por polémicas como el «Delcygate» o el uso de dinero en efectivo, es un asunto de máximo interés informativo para la ciudadanía.
En definitiva, la Justicia ha determinado que la «valla» de la privacidad de un gestor público se vuelve transparente cuando este se sitúa voluntariamente en el centro del debate político nacional. Como una linterna que disipa las sombras, el derecho a la información ha prevalecido sobre el intento de silenciar el rastro de quienes manejaron los hilos del poder en el Ministerio de Transportes.
