El Congreso de los Diputados ha dado un giro de tuerca a su relación con los medios de comunicación. A fecha de 23 de julio de 2025, la polémica reforma del Reglamento, defendida con ardor por Patxi López y el bloque socialista, ha obtenido luz verde, permitiendo la expulsión y sanción de aquellos periodistas considerados “incómodos” o que, a juicio de la Mesa, sobrepasan los límites de la cortesía parlamentaria. La medida, presentada como un avance en el orden institucional, ha encendido todas las alarmas entre los defensores de la libertad de prensa y ha puesto en el punto de mira a PSOE, sus socios y, especialmente, a los informadores críticos.
La reforma no ha pasado desapercibida para los profesionales del sector ni para la opinión pública. El caso más sonado ha sido el de Vito Quiles, expulsado tras meses de enfrentamientos verbales y preguntas incómodas a diputados del Gobierno. Quiles, convertido en símbolo de la resistencia periodística, ha denunciado la medida como un acto de censura política, una “crónica de una expulsión anunciada” que, según él, busca silenciar a quienes ponen en aprietos al poder.
Patxi López, el PSOE y el control del relato
No es ningún secreto que Patxi López, portavoz socialista, ha liderado la cruzada contra lo que él denomina “apóstoles del odio” y “pseudoperiodistas”, a quienes acusa de practicar un “periodismo de basura” y de responder únicamente a intereses ajenos a la democracia. López ha sido tajante: “No hacen periodismo, sólo buscan el enfrentamiento y el descrédito de la institución”.
Esta argumentación, compartida y jaleada por los socios de investidura del PSOE –Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria–, ha servido de base para una reforma que, en la práctica, otorga a la Mesa del Congreso un poder inédito para controlar quién puede –y quién no– informar desde el epicentro de la política nacional. La lista de infracciones es tan amplia como ambigua: desde faltas de respeto a incumplimientos del código de conducta o comportamientos considerados intimidatorios. Las sanciones varían desde la suspensión temporal de la acreditación hasta la expulsión definitiva del hemiciclo, en casos “muy graves”.
Por supuesto, la oposición no ha tardado en reaccionar. PP, Vox y UPN han denunciado el “blindaje” del Gobierno y el intento de crear una suerte de “policía política de la opinión pública”, advirtiendo del peligro de censura institucional y de la erosión de los contrapesos democráticos. “Pretenden delinquir sin control, silenciar al que les señala y borrar del mapa a todo el que no aplauda su mentira”, ha asegurado el diputado de Vox, Jacobo Robatto. El PP, por su parte, señala que la reforma no moderniza el reglamento, sino que restringe derechos y siembra la censura.
Europa y el espejo de la libertad de prensa
El debate no es exclusivo de España. En Europa, la tendencia a regular el acceso de los medios a las instituciones ha ido en aumento, aunque con matices y salvaguardas muy distintas según el país. Mientras en Bruselas se refuerzan los mecanismos de transparencia y protección de periodistas, en Madrid el clima parece avanzar hacia una mayor restricción. La paradoja resulta evidente: España, que presume de pluralidad mediática, camina ahora en sentido inverso al de los estándares europeos de libertad informativa.
Las asociaciones de prensa y organismos internacionales observan con inquietud el desarrollo de los acontecimientos. No son pocos los que alertan de que estas reformas abren la puerta a la arbitrariedad y al castigo selectivo de voces críticas, debilitando el papel del periodismo como contrapoder.
El papel de los medios y la reacción de la sociedad
Lo más llamativo del proceso ha sido la actitud de buena parte del sector mediático acreditado en el Congreso. Desde Periodista Digital, la crítica ha sido feroz: se denuncia la “connivencia pastueña” de muchos colegas, resignados o incluso cómplices con la nueva normativa, y se advierte del peligro de un Congreso convertido en escenario de propaganda y no de debate real.
La sociedad, por su parte, asiste dividida al espectáculo. Para algunos, la expulsión de “agitadores” y “ultras” es una medida necesaria para preservar el respeto institucional. Para otros, supone una peligrosa deriva hacia la censura y el control informativo. El tiempo dirá si el nuevo reglamento logra el equilibrio entre orden y libertad, o si, como temen muchos, no es más que un paso más en la domesticación del periodismo crítico.
Algunos datos y curiosidades del caso
- La reforma del reglamento fue aprobada en un pleno extraordinario el 22 de julio de 2025, con el rechazo explícito de PP y Vox, y la abstención de algunos grupos minoritarios.
- Se contemplan hasta 17 tipos de infracciones para los periodistas acreditados, con sanciones que pueden llegar a la expulsión definitiva por periodos de hasta cinco años.
- El caso de Vito Quiles ha marcado un antes y un después, pero no es el único: otros reporteros, como Bertrand Ndongo (también de Periodista Digital), se encuentran bajo la lupa de la Mesa.
- El debate ha sido especialmente intenso en redes sociales, donde se han popularizado hashtags como #CongresoSinPrensa y #LibertadDeInformación.
- En las últimas 48 horas, medios como Periodista Digital han registrado un incremento del 20% en las visitas a sus crónicas parlamentarias, síntoma de que la polémica ha disparado el interés por el control del acceso a la información política.
