El juez rastrea ahora su considerable patrimonio
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera está investigando el patrimonio personal y las cuentas bancarias, acciones y el contenido de las cajas fuertes del ex senador socialista y actual presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y de su familia, tras detectarse «indicios de cohecho» a raíz de sendos informes de la Policía y de la Fiscalía, centrados en su entorno personal, empresarial y político.
El Ministerio del Interior ya ha remitido a varias asociaciones, entre ellas las Asociación Española de Banca (AEB), diversos mandamientos con el objeto de conocer toda la información sobre la actividad financiera entre el año 1998 y la actualidad de Casimiro Curbelo Curbelo, su mujer Remedios y sus tres hijos: Casimiro Adays, María y Almudena, y de las tres empresas de la familia:Argamul Gomera, Chewy West y Caculago Gomera.
Las diligencias policiales previas se han centrado en cuatro operaciones urbanísticas y de ingeniería: El Lamero, Las Petroleras, El Mechal y Travesía de Hermigua, a través de las cuales Curbelo podría haberse embolsado un mínimo de en torno a dos millones de euros gracias a recalificaciones favorables, sobre las que tenía plena competencia como presidente del Cabildo y como responsable último del Plan Insular de Ordenación de La Gomera y del Plan Territorial Especial Turístico.
En los informes de la Guardia Civil y de la Fiscalía se hacen constantes menciones a personas interpuestas y testaferros de Curbelo -así se reconoce al menos uno de los imputados que facilitaron las operaciones urbanísticas- y a «extrañas operaciones mercantiles» o sin «ninguna lógica comercial».
En las conclusiones de la Fiscalía se admite la «clara» existencia de un «hombre de paja» y de «indicios de la posible comisión de diversos delitos de cohecho» por parte del presidente socialista del Cabildo.
Curbelo, que saltó a la primera línea informativa por insultar e intentar agredir a unos agentes policiales tras un altercado en un local de alterne en Madrid, tuvo que dejar el pasado 18 de julio su cargo de senador precisamente por ese escándalo. La dimisión y como consecuencia la pérdida del aforamiento han permitido ahora que pueda ser investigado y, en su caso, juzgado, sin tener que acudir al Tribunal Supremo. El socialista canario podría ser procesado en los próximos días e incluso antes de las elecciones, según distintas fuentes jurídicas.
El pasado día 20 de julio, sólo dos días después de la dimisión, la Fiscalía autorizó al Juzgado de Instrucción a que tomase «declaración como imputado» a Curbelo y a «realizar un estudio de su patrimonio», al haberse detectado «indicios de criminalidad» en las diligencias practicadas y una vez que Curbelo había renunciado como senador, un aspecto que se constató con sendas peticiones al Senado y al Tribunal Supremo con respuesta positiva.
Curbelo, que acumula un enorme patrimonio y posee al menos 26 propiedades en La Gomera, Tenerife y Madrid -todas a su nombre o al de sus empresas y las empresas familiares-, es todavía presidente del Cabildo de La Gomera y secretario general de PSOE de La Gomera, y estuvo a punto de colarse en las listas del Senado aupado por las agrupaciones socialistas locales, aunque finalmente Ferraz lo impidió.
La red de Curbelo
Todo el proceso se inició en 2009, a raíz de una orden de Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera de investigar la obtención de beneficios económicos, mediante recalificaciones de suelo, del entorno personal, empresarial y político del socialista y sus consejeros.
En febrero de 2010, la Guardia Civil ya tenía listas las conclusiones de sus diligencias, elaboradas a partir de interrogatorios, declaraciones, pinchazos telefónicos y registros de ordenadores y correos electrónicos. La operación policial, denominada Telaraña, trataba de desenmascarar toda la red empresarial y política tejida en torno al cargo socialista, sin que en ese momento a él se le pudiese investigar ni imputar por un juzgado de instrucción.
El nombre clave de Curbelo en la mayoría de las comunicaciones era El Papi.
El pasado 10 de mayo, un mes antes de que dimitiese como senador por el escándalo en la sauna madrileña, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife remitió un exhaustivo informe al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 en el que señalaba «indicios de diversos delitos de cohecho» por parte del alto cargo socialista.
En aquel informe se advertía al instructor que, pese a las evidencias de delito, debía abstenerse de investigar el patrimonio de Curbelo y de tomarle declaración como imputado, debido a su condición, en ese momento, de senador y por tanto aforado. Aconsejaba que si se quería continuar con la investigación, debía remitir esas actuaciones al Supremo, lo que hubiese demorado considerablemente el proceso.
