Albarracín confiesa que todo fue un enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía
La juez Mercedes Alaya ha ordenado en la madrugada de este 22 de marzo de 2013 el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ‘conseguidor’ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio Albarracín, mientras que ha dejado en libertad con cargos al exsubdirector general de Mercasevilla Daniel Ponce, todo ello dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.
Ha sido sobre las 6.50 horas cuando la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha comunicado a Albarracín y a Juan Lanzas el auto de ingreso en prisión tras la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó dicha medida de privación de libertad al entender, en el caso del exdirectivo de Vitalia, que su patrimonio «creció mucho» durante el periodo temporal en el que trabajó para Vitalia, entre los años 1995 y 2011.
La juez ha enviado a Antonio Albarracín a la cárcel de Morón de la Frontera, mientras que Juan Lanzas será conducido a la de Sevilla-I.
El abogado de Juan Lanzas, a quien la juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión por cinco presuntos delitos dentro de la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de ‘sobrecomisiones’ por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo, ha negado que exista riesgo de fuga, tal y como ha argumentado la magistrada en el auto de prisión dictado esta madrugada.
Los 82.000 euros, para la familia
Juan Lanzas -que se ha negado a declarar- ha sido enviado a prisión por cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. La juez ha tomado esta decisión al entender que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Tras conocer la decisión de la juez, el abogado del imputado, Pablo Luna, ha atendido a los periodistas para señalar que los 82.000 euros en metálico que la Guardia Civil ha intervenido en el domicilio familiar de Juan Lanzas -en concreto en sobres guardados en la caja de una máquina de escribir- iba destinado a que su familia «pudiera seguir viviendo» ante la previsión de que pudiera entrar en la cárcel.
Al hilo de ello, ha explicado que el dinero «ha sido extraído de sus cuentas corrientes», algo que «se podrá acreditar perfectamente».
Asimismo, ha negado que exista riesgo de fuga, ya que su cliente «conocía las imputaciones desde hace mucho tiempo» y sin embargo no ha intentado eludir la acción de la Justicia, mientras que en relación a la posible destrucción de pruebas ha aseverado que «el procedimiento se encuentra en una fase tan avanzada que todas las fuentes de prueba se encuentran en el Juzgado».
Daniel Ponce, en libertad
De igual modo, la juez ha decretado la puesta en libertad con cargos de Daniel Ponce, para quien el fiscal no pidió el ingreso en prisión, imponiéndole como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes en el Juzgado.
Hay que recordar que, dentro de esta misma investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, la magistrada instructora ya ordenó, por segunda vez, el ingreso en la cárcel de Sevilla-I del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, mientras que en enero ingresó en prisión el presunto ‘testaferro’ de los ERE Juan Francisco Algarín, a quien la Audiencia Provincial dejó en libertad bajo fianza de 10.000 euros, cantidad que a día de hoy no ha podido reunir.
