La matriarca del clan de la droga de Son Banya no acaba de creerse que vayan a dejarla en libertad
La sentencia contra Francisca Cortés Picazo, ‘la Paca’, ha encendido los ánimos no sólo de los jueces y fiscales, sino de la mayoría de miembros de la Guardia Civil y Policía, sobre todo de aquellos que en julio de 2008 formaron parte de una u otra manera de la llamada ‘operación Kabul’ en el poblado mallorquín de Son Banya, sin sospechar que años después tantas investigaciones y tanto esfuerzo iban a quedar prácticamente en nada merced a una resolución judicial.
El malestar es harto evidente en los foros que se generan en la redes sociales, y en todos aquellos estamentos que han sido consultados por RB.
RESTITUCIÓN DE BIENES
El escrito en forma de sentencia de la Sección Segunda, que firma como presidente Diego Gómez-Reino y como magistrados Juan Jiménez y Mónica de la Serna, no sólo supone la absolución de la matriarca y de su hija ‘la Guapi’, así como de otros 37 narcos, sino que abre además la puerta a la restitución del dinero y bienes incautados.
Así, por ejemplo, los 300.000 euros que se encontraron escondidos en el sofá de la ahora demolida vivienda de ‘la Paca’ en el poblado, pueden volver a sus bolsillos. Y para qué hablar del lote millonario de joyas, de los coches deportivos y de su queridos monos a quienes bautizó con los nombres de Luisito y Guilla.
MÁS DE CUATRO MILLONES BAJO HORMIGÓN
En el aire quedan también los 4.300.000 euros que en septiembre de 2009, y dentro del marco de la ‘operación Musaraña’, fueron descubiertos bajo una capa de hormigón en un zulo de su propiedad. Eran sus ‘ahorros’.
Todo depende ahora de que la sentencia sea firme y de que la Fiscalía, si a bien lo considera, dé paso a la apertura de un proceso para que explique la matriarca de la droga, al menos, el origen de tantos bienes.
Mientras tanto el juez instructor del caso, Antoni Rotger, así como el fiscal, Adrián Salazar, los mismos que en su día autorizaron las escuchas telefónicas solicitadas por el teniente del equipo antidroga de la Guardia Civil, las mismas que ahora han sido declaradas ilegales, no tienen por más que aceptar la resolución. Por mucho que les pueda doler, y por mucho que para otros haya sido calificada de «inaceptable», poco más se puede hacer.
Francisca Cortés se encuentra de momento ingresada en la prisión de Alicante, de donde saldrá muy pronto rumbo, quién sabe, a sus antiguos negocios. Su abogado, Carlos Portalo, ya le ha comunicado personalmente la sentencia, fallo que le ha ‘sorprendido’ y que ha llenado de alegría a su clienta, a decir de fuentes judiciales consultadas.
No es para menos. Ni ella misma acaba de creerse que vayan a dejarla en libertad.
