Por José María Arévalo
(Trabajos en la construcción)
Ya hemos comentado hace días el problema de que hubiera representado la reducción de jornada máxima legal que pretendía -y creo que aún no ha desistido de forzarla- la ministra Yolanda Díaz, concretamente en nuestro artículo “Réquiem por las 37,5 horas” del pasado 14 de octubre, parejo al que va a representar la medida -esta sí tiene visos de poder ser aprobada por nuestro legislativo- de exigir a las empresas un mayor control de los horarios, aunque pueda parecer esta de menor importancia, que no lo es, como vamos a ver ahora. Todo ello pone de manifiesto la nefasta, para el trabajo y el empleo, política socialista excesivamente intervencionista.
Me ha parecido muy bien explicado el problema en el artículo, de hace unas semanas, de Juan T. Delgado en Vozpópuli, titulado “Control horario: Yolanda Díaz abre un cisma en el Gobierno por el impacto en el empleo”. Vamos a verlo-
“Más de un ministro del ala socialista aprobó este martes -se refería al 30 de septiembre- el control horario de Yolanda Díaz, sin tener del todo claro que la medida sea positiva para la economía. La presión de la vicepresidenta segunda, tras el fiasco de la reducción de jornada, ha servido para que el Consejo de Ministros dé un primer paso. Pero nada garantiza que la medida vaya a salir finalmente en los términos que pretende la fundadora de Sumar.
Fuentes próximas al Ejecutivo aseguran que varios ministerios son conscientes del impacto que el nuevo control horario puede acarrear sobre el empleo. Esas dudas han salido a relucir en los contactos que los equipos ministeriales han mantenido con los sectores empresariales más afectados.
El más perjudicado es de la construcción, presionado por la enorme carga de trabajo y la alarmante falta de mano de obra para sacarla adelante. Los empresarios han traslado sus temores a los ministerios implicados. A la cabeza está el de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, que necesita al sector privado para sacar adelante sus planes.
El Ministerio se juega mucho. Rodríguez presentó hace dos semanas el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que está dotado con 7.000 millones de euros. Moncloa lo describe como «una movilización de recursos sin precedentes que permitirá avanzar en la consolidación de un sistema público de vivienda con estándares europeos». El plan tiene un doble objetivo: «incrementar el parque de vivienda asequible con carácter protegido y permanente» y «rehabilitar el parque existente, mejorando eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana».
Entre los desafíos del ministerio está atajar la brecha entre los hogares creados y las viviendas requeridas. Al cierre de 2024, ascendía a 134.000 casas. Los objetivos están identificados y hay financiación disponible. Lo que no hay es mano de obra para ejecutarlos.
Faltan 700.000 trabajadores en la construcción
Ese es el gran drama de las empresas de construcción, de ahí que se revuelvan con dureza contra la vuelta de tuerca que Yolanda Díaz quiere aplicar al mercado laboral. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se necesitan actualmente cerca de 700.000 trabajadores.
La organización que preside Pedro Fernández-Alén advierte de que el control horario aumentará las rigidices de un marco laboral rígido de por sí, por el tope fijado para las horas extraordinarias. El techo está en 80 horas anuales, frente a una media de 450 en la UE.
Según la CNC, el control horario y el tope de horas extra actuarán como desincentivo para trabajar en la construcción. Y en lugar de atraer mano de obra contribuirá a espantarla. La patronal augura una caída del 27% del salario de los trabajadores, equivalente a unos 7.000 euros anuales. Por eso, reclama flexibilizar el régimen de horas extraordinarias. La CNC considera que deberían permitirse alrededor de 1,5 horas al día, considerando los picos de producción, los plazos de ejecución y las necesidades actuales de infraestructuras y viviendas.
Todos los argumentos son conocidos por la cúpula ministerial al mando de Isabel Rodríguez. La preocupación de los empresarios también ha llegado a oídos de otros dos ministerios: el de Transportes y el de Economía.
El departamento que dirige Óscar Puente necesita dar salida a los millonarios fondos europeos, cuyo plazo de ejecución expira en agosto del próximo año. No hay que olvidar que el máximo beneficiario de esas subvenciones es Adif. El papel de las grandes constructoras (como ACS, Ferrovial, Acciona o Sacyr) es fundamental para desarrollar los planes previstos en infraestructuras.
En el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, también hay cierta preocupación por el impacto que las nuevas restricciones laborales pueden tener en las horas trabajadas. Sobre todo, teniendo en cuenta que España ya arrastra un problema importante de productividad.
Moncloa no saca pecho del control horario
La falta de entusiasmo en el ala socialista de la coalición se palpa en hechos simbólicos como el que sigue: este martes, el control horario fue aprobado en el Consejo de Ministros, pero Yolanda Díaz no compareció para presentarlo ante los medios de comunicación. Sí hubo hueco para dos ministros: Ana Redondo (Igualdad) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Demográfica), además de la portavoz del Gobierno y titular de Educación, Pilar Alegría.
Más llamativo aún es que Moncloa ni siquiera incluyera el asunto en la nota difundida tras el Consejo, que está alojada en la web oficial. Pese a tratarse de una medida que afecta a millones de trabajadores, el comunicado no hace ninguna alusión. Sí tienen cabida cuatro temas tratados ese día en el Palacio de La Moncloa: la tipificación de la violencia vicaria, la identificación de víctimas de la guerra civil y la dictadura, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Canarias y la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania.”
