Suman impagos cercanos a los 56.000 millones de euros, de los que 13.800 corresponden a las regiones
Las más de 4.000 sociedades públicas españolas acumulan una deuda cercana a los 56.000 millones de euros, una cantidad suficiente para pagar las actuales prestaciones de desempleo y la totalidad de la deuda del Estado.
La espectacular cifra, a la que ha contribuido fundamentalmente una desaforada creación de sociedades, consorcios y fundaciones en las comunidades autónomas y ayuntamientos, supone un coste para cada ciudadano español de aproximadamente 1.200 euros anuales.
Sólo las empresas públicas estatales acumulan una deuda superior a 32.000 millones de euros; las autonómicas, de casi 13.870; y las locales, de 9.328.
Según un informe publicado el año pasado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, el 90% de estas empresas públicas se encontraban en una situación financiera de suspensión de pagos.
Ultimátum
Ante este panorama, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido dar ejemplo, como han hecho algunas comunidades del PP, eliminando 24 organismos, entre ellos la Sociedad Pública del Alquiler, no sin antes instar a todas las regiones a eliminar parte de su conglomerado público.
Así, este 30 de abril de 2012 venció el plazo para que los Gobiernos autonómicos envíen sus proyectos de ajuste presupuestario, en el que debe aparecer un capítulo sobre la disminución de empresas públicas.
El PSOE a la cabeza
Los catalanes son los españoles que más deben por la deuda de sus empresas autonómicas, 853 euros cada uno, como consecuencia del gasto generado por el tripartito socialista de José Montilla que mantuvo 446 sociedades.
Le sigue Baleares, cuya Administración autonómica también estuvo gobernada por los socialistas y que ha gestionado 168 sociedades públicas, cuya deuda corresponde a 608 euros por ciudadano balear.
Aragón es otra de las regiones que más deuda tiene respecto a su población y cuya gestión correspondió al ex presidente socialista Marcelino Iglesias.
Cada aragonés debe 355 euros. Por contra hay autonomías como la riojana que tienen una deuda moderada respecto a sus vecinos de tres euros por riojano.
Ante el reto que tienen marcado los mandatarios autonómicos de recortar gastos destacan los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana.
La mandataria castellano-manchega anunció que antes de junio reducirá las empresas a tan sólo tres, cumpliendo así con el plan general de garantía de los servicios sociales básicos.
Al igual que la Comunidad Valenciana que ya anunció el pasado lunes que van a disminuir los entes públicos de 46 a seis.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que hay que adelgazar el entramado empresarial público, porque muchas de ellas no son «empresas que estén de verdad generando servicios», sino que son «huidas del derecho administrativo y dan lugar a todo tipo de corruptelas».
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’
