El Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente
(J. Bastante/Agencias).- «El Gobierno considera que las relaciones de España con la Iglesia Católica deben seguir basándose en los principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado, cooperación y dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente«. Con esta respuesta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy confirma su intención de no revisar el actual sistema de relaciones Iglesia-Estado.
Unos acuerdos que «siguen desarrollándose satisfactoriamente», según la respuesta, fechada el 27 de enero, a la pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet «¿Piensa el Gobierno mantener el Concordato con el Vaticano?»
En una medida respuesta, el Ejecutivo recuerda que, formalmente, el último Concordato entre España y la Santa Sede fue el del 27 de agosto de 1953, que «dejo de tener vigencia» cuando el 3 de enero de 1979, una semana después de que entrara en vigor la Constitución española, el entonces ministro Mayor Oreja suscribiera en Roma, junto al secretario de Estado vaticano, cardenal Villot, un nuevo modelo de acuerdo para un Estado «aconfesional».
Desde ese momento, recuerda la respuesta, rigen cuatro Acuerdos de Cooperación, sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armas y Asuntos Económicos. Éste último fue objeto de varias modificaciones, la última en 2007, cuando se produjo el incremento al 0,7% de la casilla de la Iglesia en el IRPF, hoy en el candelero.
Para el Gobierno, dichos Acuerdos «son conformes con los principios proclamados por el artículo 16 de la Constitución española. Fueron suscritos el 3 de enero de 1979, ratificados el 13 de septiembre de 1979 por el Congreso de los Diputados, y el 30 de octubre de 1979 por el Senado por amplia mayoría de votos en ambas Cámaras».
En su respuesta a Mulet, el Gobierno insiste en que «desde entonces, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo, en todos sus pronunciamientos sobre la materia, la plena conformidad de los Acuerdos con los principios y normas constitucionales«.
Considera, a la vez, que «tales circunstancias no han cambiado, habida cuenta de las estrechas relaciones de colaboración y cooperación mantenidas por España con la Santa Sede, que siguen desarrollándose satisfactoriamente en el marco de los Acuerdos antes referidos».
Sin embargo, tanto lo referente a la clase de Religión como a la asistencia religiosa en Fuerzas Armadas, Hospitales y Cárceles resultan polémicos hoy día, y son objeto de propuestas por parte de casi todos los partidos del arco parlamentario, al igual que la sempiterna cuestión de la financiación de la Iglesia católica.
