En casa del herrero, cuchillo de palo.
El Gobierno Sánchez ha dado luz verde a un crédito reembolsable por valor de 755 millones de euros para modernizar la red ferroviaria de Marruecos.
Esta decisión contrasta de manera notable con el deterioro que presenta la infraestructura ferroviaria en España.
El Consejo de Ministros aprobó esta financiación el 11 de febrero de 2025, estructurada como un préstamo en condiciones favorables para que Marruecos adquiera 40 trenes interurbanos de empresas españolas.
Sin embargo, este movimiento ha reavivado el debate sobre las prioridades en la inversión pública, justo cuando la red ferroviaria nacional enfrenta deficiencias técnicas documentadas que ponen de relieve vulnerabilidades críticas en términos de seguridad.
La estrategia del Ejecutivo se enmarca dentro de un plan más amplio de internacionalización empresarial.
A través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), España concede créditos a países seleccionados con la condición de que utilicen esos recursos para contratar servicios y productos de firmas españolas. Según el Gobierno, esta fórmula facilita que las empresas nacionales se internacionalicen mientras se financian infraestructuras en el extranjero. Sin embargo, expertos advierten que estos créditos no siempre se reembolsan dentro del plazo establecido, lo que plantea dudas sobre la efectividad real de este modelo financiero.
El caso marroquí no es único.
También se ha aprobado un crédito de 228 millones para modernizar el Metro de El Cairo, autorizado en diciembre de 2024 por el mismo Consejo de Ministros. Ambas iniciativas forman parte de una política más amplia que data desde 2019, cuando se aprobaron créditos por 247 millones para proyectos ferroviarios en Marruecos y Uzbekistán. En cuanto a los tranvías de Casablanca, el préstamo por 190 millones no llegó a ejecutarse porque la adjudicación fue a parar a manos de la compañía francesa Alstom, no a empresas españolas.
La brecha entre inversión exterior e infraestructura nacional
Mientras el Gobierno destina recursos a modernizaciones ferroviarias fuera del país, la red ferroviaria española enfrenta un panorama alarmante.
El accidente ocurrido en Adamuz, Córdoba, cuando un tren operado por Iryo descarriló durante su trayecto entre Málaga y Madrid, pone en evidencia las deficiencias acumuladas en nuestra infraestructura. Documentación oficial revela que Adif notificó al menos ocho incidencias técnicas en el tramo afectado durante los quince meses previos al siniestro. Estas notificaciones incluían problemas de mantenimiento que, si hubieran sido atendidos con prontitud, podrían haber evitado o al menos mitigado el incidente.
El presidente de Renfe ha calificado las circunstancias del accidente como «extrañas», pero los datos técnicos disponibles sugieren que no fue un evento aislado, sino consecuencia directa de una falta evidente de previsión y mantenimiento preventivo.
La acumulación documentada de incidencias técnicas durante meses indica que el sistema encargado del manejo de infraestructuras no ha sido suficiente para garantizar una seguridad operativa adecuada. Este contraste resulta aún más llamativo si consideramos que mientras se invierten recursos significativos en modernizar redes ferroviarias ajenas, nuestra propia red nacional sigue acumulando deficiencias que afectan directamente la seguridad de los viajeros españoles.
Prioridades presupuestarias cuestionadas
La política del Gobierno respecto a financiación internacional también ha suscitado controversia en otros ámbitos.
Se ha renunciado a movilizar más de 3.000 millones provenientes del programa Next Generation para financiar vivienda social, bajo el argumento de «falta de demanda». Esta decisión resulta paradójica en medio de una crisis habitacional en España, donde los precios han aumentado considerablemente y la oferta asequible sigue siendo escasa. Expertos cuestionan la justificación oficial sobre insuficiente demanda y sugieren que podría haber otros factores como la falta de promoción activa y mecanismos simplificados para acceder a estos fondos.
Las decisiones políticas tomadas reflejan un patrón claro: priorizar la internacionalización empresarial por encima del necesario mantenimiento e inversión en infraestructura crítica nacional y políticas sociales relacionadas con vivienda.
Mientras España financia modernizaciones ferroviarias en lugares como Marruecos y Egipto, su propia red ferroviaria continúa deteriorándose, y los fondos europeos destinados a vivienda social permanecen sin utilizarse. Este desequilibrio ha intensificado el debate público acerca del uso adecuado de los fondos públicos y las verdaderas prioridades del Gobierno en cuanto a inversión estratégica.
