¡Menuda panda! (Rosa Díez: «Dice Susana Díaz que ‘jamás descolgaría el teléfono para llamar a Bildu’. Menuda hipocresía: ya lo descuelga su jefe»).
En apenas dos años, de 2016 a 2018, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tuvo que destinar de los impuestos pagados por los andaluces 548 millones de euros a sentencias judiciales que venían dictaminadas por su mala gestión administrativa, mientras políticas como la sanidad, la educación o inversiones experimentaban recortes (El ‘cortijo’ de Susana Díaz pierde influencia electoral: Canal Sur solo lo ve el 8,7 % de andaluces).
De 2016 a 2019, la cifra en sentencias se ha elevado a 762 millones (Populismo de cortijo en Canal SUR: las sevillanas de María del Monte le cuestan a los andaluces más de 8 millones de euros).
De hecho, el nuevo Gobierno ha heredado sentencias que colean como la de la Empresa Metro de Sevilla, que se eleva a 162 millones de euros.
Una suma que habrá que tener en cuenta en los próximos presupuestos que Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín quieren presentar este mes de junio.
Solo en 2018, la Junta desembolsó 168,2 millones de euros por el contencioso del Centro Comercial Nevada o, 63,3 millones de euros por la sentencia de la Nueva Generadora del Sur. Pero el despilfarro de la administración socialista no se saldó el día que Susana Díaz abandonó San Telmo.
El Ejecutivo formado por el Partido Popular y Ciudadanos tendrá que hacer frente, este año al pago de 214 millones de euros, procedentes de sentencias heredadas, entre las cuales ha de sufragar una multa de 162 millones de euros que ha recaído sobre la empresa Metro de Sevilla.
Ante esta situación, la actual Junta andaluza se ha visto obligada a encargar a la Intervención General una estimación para contabilizar el dinero que los gobiernos socialistas han pagado en sentencias judiciales, ya que no existe un registro de todos los expedientes contables de gasto tramitados bajo el procedimiento de sentencias.
