EL Gobierno de Rajoy marcó este 21 de julio un punto de inflexión en el tratamiento político del desafío separatista en Cataluña al requerir a la Generalitat que certifique semanalmente que no se han dispuesto fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La orden se dirige a los interventores de las consejerías, el director general de Política Financiera y el director general de Presupuestos, de manera que la responsabilidad legal en caso de que se vulnere el acuerdo del Ejecutivo está perfectamente individualizada; incluso en términos penales, porque el falseamiento de los certificados remitidos al Gobierno o de la contabilidad oficial sería delito, al margen de la malversación de fondos que también se hubiera cometido.
Es evidente que la Generalitat responderá a esta orden con la insumisión o con impugnaciones legales, pero lo importante es que el nacionalismo sepa que la respuesta del Estado entra en otra dimensión política, porque supone la actuación administrativa directa sobre una de las competencias fundamentales del Ejecutivo autonómico, la del gasto público.
El Gobierno no va a fiscalizar genéricamente la gestión económica de la Generalitat. Sólo va a exigir que el dinero público no financie iniciativas prohibidas por el TC. Se trata de una decisión de gran trascendencia política, porque deja a un lado la vía judicial y utiliza los instrumentos administrativos previstos legalmente.
Si la Generalitat incumple la orden del Gobierno central, este dejará de financiar a la Administración catalana con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica.
Esta medida sólo será disuasoria si el Gobierno central demuestra estar dispuesto a aplicar las consecuencias anunciadas, incluso otras de mayor envergadura, si fueran necesarias.
No usar dinero público contra el orden constitucional es una obligación evidente, pero se ha llegado a un punto en que el nacionalismo separatista catalán está cuestionando las obligaciones más elementales.
Si la Generalitat persevera en financiar el referéndum del 1-O con dinero público, el siguiente paso, además de exigir responsabilidades penales a las autoridades infractoras, no puede ser otro que aplicar el artículo 155 de la Constitución mediante acuerdo del Senado, que transfiera al Ministerio de Hacienda el control sobre ingresos y gastos, así como pagos y cobros de la comunidad de Cataluña.
La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat, revela que el «no» a la independencia gana al «sí».
La firmeza frente al separatismo anima a los catalanes no nacionalistas a poner voz a sus ideas, y medidas como la aprobada ayer por el Gobierno respaldan a esa Cataluña harta de ser silenciada.
