Sn el mal en estado puro.
Con cómplices poderosos y un embajador internacional llamado José Luis Zapatero.
La crisis venezolana vuelve a copar titulares tras la liberación de 35 presos políticos, entre ellos 10 estadounidenses, en un intercambio que ha dejado un regusto amargo.
Mientras algunos celebraban la excarcelación, el régimen de Nicolás Maduro ejecutaba una nueva ola de detenciones arbitrarias contra opositores y activistas.
La dinámica perversa de la llamada “puerta giratoria” de la represión chavista parece más vigente que nunca, reforzando un sistema de control social y político que desafía cualquier atisbo de Estado de derecho.
La noticia de estas liberaciones, que incluye a varios ciudadanos extranjeros y figuras destacadas de la disidencia, se produce en paralelo a la llegada a Venezuela de 251 migrantes deportados desde El Salvador y Estados Unidos, algunos de ellos presuntos miembros de bandas como el Tren de Aragua.
Sin embargo, detrás de estos movimientos diplomáticos y judiciales se esconde un patrón repetido: el régimen utiliza a los presos como moneda de cambio y, tras cada gesto de apertura, intensifica el acoso a la oposición y la sociedad civil.
Un canje calculado y nuevas detenciones
La excarcelación reciente no es un acto de clemencia, sino parte de una negociación internacional impulsada por la presión de Washington y la mediación de actores como el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El resultado: 10 estadounidenses y otros 25 presos políticos venezolanos liberados, a cambio de la recepción de migrantes deportados y la promesa de suavizar sanciones.
Pero mientras algunos recuperan la libertad, otros la pierden. En las últimas horas, al menos 12 nuevos detenidos, entre ellos jefes de comandos regionales de la oposición, han sido arrestados sin orden judicial y en condiciones de desaparición forzada. Organizaciones como el Foro Penal y partidos como Voluntad Popular denuncian que la represión se mantiene intacta: tras cada liberación, el régimen reactiva la maquinaria represiva para mantener el miedo y el control social.
- La prisión de El Helicoide sigue siendo epicentro de torturas y tratos inhumanos. Muchos liberados narran años de aislamiento, golpizas y privación de atención médica. La transferencia arbitraria de presos a cárceles como Yare III, sin aviso a familiares ni abogados, se utiliza como castigo adicional y herramienta de presión política.
Informe Bachelet y los patrones de represión sistemática
El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, heredero del llamado Informe Bachelet, describe con crudeza el panorama: asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y un colapso de los servicios públicos. La represión no es un exceso aislado, sino una política de Estado diseñada para asfixiar cualquier disidencia.
- Según la ONU, solo entre mayo de 2024 y abril de 2025, más de 2.400 personas fueron detenidas bajo cargos de terrorismo y conspiración. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia (DGCIM, SEBIN) operan con impunidad, y las condiciones en centros como El Helicoide son calificadas de inhumanas y responsables de muertes evitables.
- El informe denuncia la reactivación de operaciones como la “Tun Tun”, el uso de leyes como la Ley del Odio y la criminalización de ONG y periodistas. El control del espacio cívico es absoluto, con bloqueos de medios digitales y amenazas a familiares de opositores.
La complicidad de actores externos: el caso Zapatero
El papel de mediadores internacionales ha sido objeto de fuerte controversia. Destaca el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, acusado desde sectores de la oposición y partidos españoles de complicidad o, al menos, de silencio cómplice ante la represión chavista.
- El Partido Popular ha instado a Zapatero a romper su “mutismo” y reconocer públicamente el “pucherazo” electoral y la existencia de torturas y asesinatos en Venezuela. Su supuesta cercanía a Maduro y su participación en procesos de diálogo han sido interpretados como una estrategia para legitimar al régimen y diluir la presión internacional.
- Voces críticas, como la del eurodiputado Esteban González Pons, reclaman la recuperación de sanciones económicas y personales, no solo contra los torturadores chavistas sino también contra sus familiares que residen en España y presuntamente blanquean dinero procedente de la corrupción.
El Helicoide: símbolo del terror y las torturas
El Helicoide, sede del SEBIN en Caracas, es el mayor centro de detención política en Venezuela. Según testimonios de excarcelados y organizaciones de derechos humanos, allí se practican torturas sistemáticas: descargas eléctricas, asfixia, amenazas a familiares y aislamiento prolongado. Los informes de la ONU y ONGs como Foro Penal documentan decenas de muertes, desapariciones y graves secuelas físicas y psicológicas.
- El control de estos centros por parte de los servicios de inteligencia militar ha agravado la situación, generando un clima de terror y sumisión entre los detenidos y sus familias.
- Las denuncias incluyen traslados arbitrarios, incomunicación y extorsión, así como la negación de atención médica y visitas legales.
Asesinos y mafiosos de El Salvador: el factor criminal importado
La llegada de más de 250 migrantes venezolanos deportados desde El Salvador y Estados Unidos, algunos vinculados por las autoridades a bandas como el Tren de Aragua, añade un elemento de preocupación a la ya compleja crisis de seguridad. Aunque el gobierno venezolano asegura que solo siete de los deportados tienen antecedentes penales graves, la realidad es que muchos de los retornados han vivido meses en condiciones infrahumanas en la megacárcel de Bukele, sufriendo torturas y vejaciones, antes de su repatriación.
- EE UU y El Salvador justifican estas deportaciones como parte de la lucha contra el crimen organizado y el control migratorio, pero para Venezuela representan un nuevo desafío en términos de seguridad y riesgo de expansión de mafias transnacionales.
Perspectivas y riesgos futuros
La dinámica de “puerta giratoria” permite al régimen chavista obtener concesiones internacionales, aliviar presión diplomática y mejorar su imagen, a la vez que mantiene intactos los mecanismos de represión. Cada liberación de presos es seguida de nuevas detenciones, en un ciclo perverso que perpetúa la inseguridad jurídica y la vulnerabilidad de la oposición y la sociedad civil.
La presión internacional y los informes de organismos multilaterales evidencian un deterioro imparable de los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, la falta de una respuesta coordinada y firme de actores como la Unión Europea, y la ambigüedad de figuras como Zapatero, refuerzan la impunidad del chavismo y dificultan una transición democrática real.
- La economía venezolana sigue hundida en la inflación, la escasez y el colapso de los servicios públicos, agravando el éxodo y la desesperación de la población.
- La represión política se combina con el avance del crimen organizado y la llegada de mafias extranjeras, configurando un escenario de alta volatilidad y riesgo social.
En este contexto, la situación en Venezuela sigue siendo un reto urgente para la comunidad internacional y un drama cotidiano para millones de ciudadanos atrapados entre la represión estatal, la crisis económica y la inseguridad.
