José Jerí ha dejado de ser el presidente de Perú. Este martes, el Congreso lo destituyó con 75 votos a favor, apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo de manera interina.
Su caída representa un nuevo episodio en la crisis política que asola al país andino: se convierte en el séptimo jefe de Estado que no completa su mandato en los últimos diez años. Desde que concluyó el periodo de Ollanta Humala en 2016, ningún presidente ha logrado gobernar hasta el final.
La moción de censura se aprobó sin debate alguno. Los legisladores consideraron innecesario discutir los argumentos, tal era el consenso en su contra. Jerí enfrentaba investigaciones por parte de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y corrupción.
El punto crítico fue la revelación de reuniones no oficiales que sostuvo con empresarios chinos vinculados al Estado. Su defensa —asegurando que se reunía para coordinar una festividad sobre la amistad entre Perú y China y para comprar caramelos— no convenció a muchos.
Las acusaciones se fueron acumulando en las últimas semanas. Además de las reuniones clandestinas, Jerí fue cuestionado por un aumento desproporcionado de su patrimonio personal, que creció más del 1.000% en 2024, tras solo tres años como parlamentario. También pesaba sobre él una denuncia archivada por presunta violación sexual. Cuando asumió la presidencia en octubre pasado, luego de la destitución de Dina Boluarte, contaba con una aprobación cercana al 60% gracias a su promesa de combatir el crimen organizado. Sin embargo, esa popularidad se desplomó hasta un 37% en febrero.
Resulta irónico que Jerí mismo había votado a favor de leyes que debilitaban la lucha contra el crimen organizado durante su tiempo como legislador desde 2021. Una de sus principales promesas era derogar esas normativas, pero nunca lo hizo. Su gobierno quedó atrapado entre la retórica y la realidad, mientras que la criminalidad continuaba siendo la principal preocupación para los peruanos.
El caos en cascada
La destitución de Jerí abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. El Congreso tiene un plazo limitado para presentar candidatos y elegir al octavo presidente en diez años. Fernando Rospigliosi, actual jefe encargado del Congreso, anticipó que no asumirá la presidencia, aunque le corresponde por sucesión. Los legisladores deben decidir entre cuatro posibles sucesores: Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José Balcázar. Quien sea elegido permanecerá en el cargo hasta el 28 de julio, momento en que tomará posesión el candidato ganador en las elecciones del 12 de abril.
La inestabilidad política en Perú parece casi crónica. En los últimos diez años, han caído presidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, además del propio Jerí. Solo uno de estos siete mandatarios logró completar su mandato, lo cual es alarmante para cualquier democracia.
El embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, advirtió públicamente este lunes que los frecuentes cambios presidenciales alejan las inversiones extranjeras. «La estabilidad es crucial para atraer inversión estadounidense», indicó. Sin embargo, su intervención no tuvo efecto; el Congreso votó sin contemplaciones.
Qué espera a Perú ahora
Las elecciones generales están programadas para el 12 de abril. Si ningún candidato presidencial logra obtener más del 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta programada para el 7 de junio. Además, los peruanos participarán en elecciones primarias en mayo y también acudirán a las urnas para comicios regionales y municipales el 4 de octubre.
La pregunta que queda en el aire es si el nuevo presidente interino podrá mantener cierta estabilidad durante estos dos meses críticos. Perú necesita un gobierno funcional, aunque sea temporalmente. La criminalidad sigue siendo un problema pendiente; las extorsiones y asesinatos a sueldo continúan al acecho. La economía demanda certidumbre, ya que los inversores buscan señales claras sobre si el país puede gobernarse sin caer en el caos.
Lo que está en juego no es solo quién será el próximo presidente; también se trata de si Perú puede romper con un ciclo incesante de inestabilidad que lo ha caracterizado durante toda una década. Cada destitución socava la confianza en las instituciones; cada cambio abrupto debilita la capacidad del Estado para actuar con eficacia ante las adversidades; y cada crisis política sin solución deja más espacio a los problemas originales: delincuencia, corrupción e inequidad.
Jerí llegó prometiendo mano dura contra la criminalidad pero se va envuelto en escándalos por corrupción. Su caída refleja una clase política incapaz de alcanzar consensos ni siquiera sobre lo básico. Mientras tanto, Perú sigue esperando ese líder capaz de completar su mandato sin tropiezos.
