Óscar Puente ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de renuncia en una rueda de prensa en la tarde de este 23 de enero.
Como había comentado varias veces en el devenir de la semana, él no está para esas historias. Piensen que es un socialista de pro, como tantos otros mangantes de este Gobierno de socialistas.
La novedad de este final de la semana era el informe detallado de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que señalaba a una rotura de la vía en el caso del terrible accidente. Aquí lo cuenta El Debate.
De hecho, el propio Óscar Puente sacaba pecho de que este informe estuviera tan pronto y con tanta transparencia.
Ni en sus mejores sueños se pueden ustedes esperar que este señor fuera a dimitir ni por esto ni por nada.
Por más que las víctimas, en formato de familiares de fallecidos o de más de 300 heridos, aprieten sin parar en búsqueda de responsabilidades.
Cuando durante esta semana se le preguntó si consideraba abandonar su cargo, el ministro ya respondió con una frase que ha resonado como un eco de su postura: «No he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo». Puente argumenta que las responsabilidades deben recaer sobre aquellos que hayan contribuido al accidente «por acción o por omisión», sin aclarar si esto incluye su propia gestión al frente del Ministerio de Transportes. También intentó distanciarse de las críticas sobre su actividad en redes sociales, reconociendo que a veces es «excesivo en las expresiones», aunque aseguró que su «versión más responsable y sensible» está presente en este momento.
La presión crece desde múltiples flancos
Sin embargo, la negativa del ministro ha desencadenado una reacción en cadena que trasciende los círculos políticos habituales. Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de El Español, ha sido especialmente contundente, afirmando que Puente debe dimitir como «responsable político» del desastre, aunque aclaró que no le atribuye responsabilidad penal. El periodista ha recordado que hubo «avisos por doquier, llamadas de alarma y advertencias» sobre problemas graves de mantenimiento y seguridad en la red ferroviaria, cuestionando cómo el ministro puede continuar en su puesto tras no haber sido «capaz de garantizar la seguridad de los viajeros».
La organización Hazte Oír ha lanzado una petición formal exigiendo la dimisión inmediata de Puente, logrando ya más de 50.000 firmas en cuestión de horas. Este movimiento ciudadano refleja una creciente frustración entre la población, que ve el accidente no como un hecho aislado sino como la culminación de un deterioro progresivo del sistema ferroviario español, el cual llevaba tiempo mostrando señales preocupantes.
Las investigaciones apuntan a problemas estructurales
Como decimos, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado el informe preliminar que señala una rotura de la vía como la hipótesis más probable detrás del desastre. El documento indica que:
«El coche seis descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura».
Un vacío ya visible en las imágenes proporcionadas por la Guardia Civil. Puente ha sugerido que este problema podría ser tanto «causa» como «consecuencia» del accidente, una ambigüedad que solo alimenta las críticas sobre su falta de claridad.
La investigación sigue bajo el control del juzgado de Montoro (Córdoba), que ya ha recibido el primer informe elaborado por la Guardia Civil tras concluir la inspección del lugar. Los próximos pasos incluyen el análisis metalográfico de las muestras del carril para determinar los detalles sobre la rotura; sin embargo, la CIAF ha dejado claro que «no se descarta ninguna hipótesis» respecto a las causas del fallo estructural.
El Gobierno intenta mantener la compostura
Pedro Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo está asumiendo «desde el primer momento» todas sus responsabilidades y trabajará para restablecer la confianza en el sistema ferroviario. El Gobierno ha declarado tres días de luto oficial, durante los cuales ondeará a media asta la bandera nacional en todos los edificios públicos. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha solicitado a todas las administraciones y partidos políticos mantener una postura de «lealtad institucional» ante el accidente.
La circulación entre Madrid y Andalucía permanece suspendida hasta nuevo aviso; mientras tanto, Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera para los pasajeros afectados. De las 45 víctimas mortales, 43 han sido identificadas mediante huellas dactilares; además, la Junta de Andalucía ha desactivado el Plan Territorial de Emergencias tras localizar a los dos últimos desaparecidos.
La tragedia no solo revela un fallo técnico crítico en las infraestructuras ferroviarias; también abre un debate más profundo sobre la rendición de cuentas política en España. Mientras Puente se aferra a su puesto argumentando su deber investigativo sobre lo ocurrido, tanto ciudadanos como medios sugieren que hay una creciente expectativa social por respuestas contundentes acerca del estado crítico al que se había permitido llegar al sistema ferroviario.
