El editorial se publica días después de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana
ABC editorializa sobre la información que publica este 15 de diciembre de 2014, en su portada: las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Fernando Andreu a dos periodistas de ABC que publicaron reportajes sobre las conversaciones entre un mafioso italiano y el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, antes de que éste entrase en prisión.
El periódico denuncia que, aparte del carácter injustificado de esas escuchas, el juez investigó en detalle las conversaciones privadas, sin relación con el caso, y además pasó íntegros los resultados al abogado defensor de Bárcenas, el ex juez Javier Gómez de Liaño.
Tanto la información como el editorial de ABC se publican días después de que el Congreso haya aprobado el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (que aún tiene que ser respaldado por el Senado y volver a ser definitivamente aprobado por la Cámara Baja), que permite a la Policía hacer pinchazos antes de que un juez los haya autorizado.
La reacción de Andreu fue solicitar el listado de llamadas de los dos periodistas de ABC. También solicitó la identidad de todos los que se comunicaron por esa vía con los periodistas investigados.
Además, toda la información sobre el tráfico de llamadas generado por los periodistas investigados ha acabado en manos del defensor de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, vulnerándose la privacidad de personas completamente ajenas a la operación Tarantela y que podrían acogerse a la protección constitucional de sus datos personales.
Esta actuación judicial es un despropósito que lesiona el derecho de los periodistas a emitir -y el de los ciudadanos a recibir- información veraz, porque cuanto dijo ABC era rigurosamente veraz y no causó perjuicio alguno a la investigación judicial. El delito de revelación de secreto sumarial no tiene asociada para un particular una pena de tal gravedad que justifique la invasión del secreto de las comunicaciones y, de rebote, del secreto profesional del periodista.
Pero lo más grave no es que esta investigación penal sobre dos periodistas de prestigio reconocido tenga un claro sesgo intimidatorio para la labor informativa sobre tribunales. Lo más grave es que se basa en un claro desconocimiento de la diferencia entre revelar un secreto sumarial e informar sobre un secreto ya revelado por terceras personas, que no son los periodistas.
Y poco secreto tendría que proteger el juez Andreu, quien puso en libertad a 31 de los 32 detenidos en la ‘operación Tarantela’, para pasmo y asombro de las policías española e italiana.
