La supresión de las 17 Cámaras regionales y de las 13 televisiones autonómicas supondría un ahorro superior a los 1.600 millones de euros anuales. —Los Parlamentos y las televisiones regionales cuestan 1.600 millones—
Esta cantidad se incrementaría en otros 100 millones si al hipotético recorte se uniese la supresión de órganos regionales duplicados, como las cámaras de cuentas, los consejos consultivos o los consejos económicos y sociales con los que cuentan la mayor parte de las Administraciones autonómicas.
La cifra de 1.700 millones es ligeramente inferior al presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2012 y supone cerca de 500 millones más que lo que dedicará este año el Gobierno de La Rioja a gastos.
El mantenimiento de las 17 Cámaras autonómicas y de sus 1.218 diputados cuesta anualmente 383,8 millones, casi el triple del presupuesto que se destina al Congreso de los Diputados y al Senado.
Las principales partidas, más de un tercio, van a los sueldos de los legisladores y también a los funcionarios que trabajan en los hemiciclos. Así, la Cámara andaluza dispone de un presupuesto anual de 46,7 millones de euros, de los que cerca de 18 millones van a pagar nóminas.
La Cámara regional que mayor presupuesto ha recibido para este ejercicio es el Parlament catalán, que cuenta con 135 diputados, y que goza de un presupuesto superior a 59 millones de euros.
Los dos siguientes Parlamentos con mayor coste son el andaluz y, a mucha distancia, la Asamblea de Madrid, que cuenta con 129 escaños y unas partidas para su mantenimiento de 30 millones de euros. La Cámara madrileña, con tan sólo seis diputados menos que la de Barcelona, gasta la mitad.
Las televisiones autonómicas, abiertas ahora a un proceso de privatización, dispondrán de cerca de 1.200 millones de euros para este año.
La elevada cifra es, sin embargo, 400 millones inferior a la de 2011. En el ejercicio 2012, la mayoría de las Administraciones autonómicas han optado por recortes en sus televisiones de hasta un 20%.
La deuda de las televisiones regionales supera los 2.000 millones de euros, pese a que reciben subvenciones por 1.900 millones de euros al año.
