Cientos, miles.
Bajo un calor infermal, pero firmes y decididos.
No es habitual ver a jueces y fiscales, acostumbrados a la sobriedad del estrado, cambiando el mazo por la pancarta.
Pero este sábado, 28 de junio de 2025, Madrid ha sido testigo de una imagen insólita: miles de miembros de la judicatura y la fiscalía —arropados por numerosos ciudadanos— abarrotaron la entrada del Tribunal Supremo para exigir el fin de lo que denominan “injerencia política” y defender con uñas y dientes la separación de poderes.
El epicentro: una protesta organizada por las cinco asociaciones mayoritarias del sector, que ha abierto la puerta a una huelga prevista para los días 1, 2 y 3 de julio.
El ambiente era de preocupación institucional, pero no faltó algún toque irónico en los corrillos togados: “¿Quién vigila a los vigilantes?”, preguntaba un juez veterano mientras ondeaba una pequeña bandera constitucional.
El lema de la jornada lo decía todo:
“Sin Estado de derecho no hay democracia”.
https://twitter.com/fdezordonez/status/1938907554765066720
¿Por qué protestan jueces y fiscales?
La chispa que ha encendido esta movilización ha sido doble:
- La reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, que según denuncian los convocantes, podría abrir la puerta a criterios más subjetivos o politizados, debilitando el principio de mérito y capacidad.
- El refuerzo del poder del fiscal general del Estado, figura nombrada directamente por el Gobierno, sin contrapesos efectivos. Temen que se convierta en un superpoder político con toga.
Las asociaciones denuncian que estas reformas legislativas “comprometen gravemente” la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y suponen un ataque directo a la separación de poderes. En palabras del manifiesto leído durante la concentración: “La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía para todos”.
Bolaños dice “ni una sola línea”: ¿convencen sus argumentos?
El ministro Félix Bolaños ha defendido ante los medios que “ni una sola línea” de su reforma afecta a la independencia judicial ni al Estado de derecho. Insiste en que las críticas son “infundadas” y pide respeto para el poder legislativo, equiparando esta polémica reforma con otras históricas como el matrimonio igualitario —de esas que primero escandalizan y luego normalizan—.
Entre sus principales mensajes:
- Gracias a esta ley, se incorporarán 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años: “Nunca antes se había hecho una incorporación tan masiva”, presume Bolaños.
- El dilema es entre inmovilismo o modernización: “Las reformas que necesita la justicia deben convertirla en un servicio público del siglo XXI”.
- “Pueden estar tranquilos; ni una sola línea afecta a la independencia judicial”, repite como un mantra frente a los manifestantes.
Sin embargo, quienes portaban hoy toga en vez de birrete no parecen convencidos. Alertan de que las reformas abren vías para colar a perfiles afines en la carrera judicial —por ejemplo, facilitando el acceso mediante sistemas menos objetivos— e incrementan notablemente el riesgo de injerencias políticas.
Las advertencias togadas: peligro real para el sistema
Según las asociaciones convocantes —APM, AJFV, FJI, AF y APIF— hay motivos serios para encender todas las alarmas institucionales:
- Modificación del acceso: critican que se sustituya el actual sistema (basado en oposición) por pruebas más subjetivas o centros preparatorios dependientes directamente del Gobierno. Temen una selección ideológica encubierta de futuros jueces y fiscales.
- Conversión automática: otro punto caliente es convertir en jueces titulares a sustitutos o interinos con experiencia, lo que consideran contrario al principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad.
- Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): ven un intento claro de politizar aún más el órgano encargado del gobierno interno de los jueces.
Todo ello bajo una tramitación acelerada (por procedimiento urgente), sin debate suficiente ni demanda social clara. Por si fuera poco, desde el CGPJ se recuerda que el ejercicio del derecho a huelga por parte de jueces carece hoy de soporte normativo expreso; algo que no impide que las asociaciones mantengan su pulso institucional.
“Saquen sus manos del Poder Judicial”: ecos históricos
Entre aplausos y cánticos nada habituales en estos gremios (“¡Saquen sus manos del Poder Judicial!”), los manifestantes recordaron que la Constitución Española garantiza un Estado basado en el imperio de la ley y una Justicia independiente. La confianza ciudadana —alertan— está en juego si se percibe cualquier atisbo de control político sobre jueces o fiscales.
En el acto tomaron la palabra varias voces destacadas:
- María Jesús del Barco (APM)
- Sergio Oliva Parrilla (AJFV)
- Fernando Portillo (FJI)
- Cristina Dexeus (AF)
- Miguel Pallarés (APIF)
Todos ellos coincidieron en señalar que su protesta no va dirigida contra ningún gobierno concreto ni contra el poder legislativo; es una defensa estricta del Poder Judicial como garantía última para todos los ciudadanos.
¿Y ahora qué? Huelga inédita e incógnitas legales
La movilización marca solo el inicio. La semana próxima está prevista una huelga nacional inédita en la historia reciente española: tres días consecutivos sin actividad ordinaria en juzgados ni fiscalías. El Consejo General del Poder Judicial insiste en que carece hoy por hoy de competencia para fijar servicios mínimos o sancionar paros togados; desde 2009 nunca se han impuesto castigos por situaciones similares.
Por su parte, la Fiscalía solo pide asegurar aquellas actuaciones cuya suspensión pueda causar perjuicios directos a los derechos ciudadanos.
Curiosidades togadas
- La última vez que España vio algo similar fue durante las tensiones por la reforma Gallardón… aunque entonces las togas salieron menos masivamente.
- En redes sociales han proliferado memes con Bolaños vestido de árbitro diciendo aquello de “ni una sola falta”, mientras los jueces le muestran tarjetas rojas metafóricas.
- El propio ministro comparó esta reforma con leyes históricas como el matrimonio igualitario… pero ningún juez recuerda haber salido entonces a manifestarse con toga.
- La huelga coincide con uno de los momentos procesales más intensos del año: si finalmente se mantiene, podría provocar un atasco monumental en expedientes civiles y penales.
Por lo pronto, España asiste a un pulso institucional sin precedentes entre Gobierno y Poder Judicial. Y como diría cualquier juez tras deliberar: visto para sentencia… aunque esta vez será el ciudadano quien juzgue.
