Moncloa sigue recibiendo golpes y apenas estamos a miércoles. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y hasta hace poco mano derecha de Pedro Sánchez, ha confirmado ante el juez la mediación directa de Pepe Blanco en los nombramientos de cargos relacionados con la trama de corrupción que salpica al Ministerio de Transportes.
Lejos de negar la implicación del histórico dirigente socialista, Cerdán ha apuntalado la tesis judicial que sitúa a Blanco como pieza clave en la designación de altos cargos afines para facilitar adjudicaciones públicas bajo sospecha.
Esta confesión, recogida durante su declaración previa a su ingreso en prisión, no sólo pone en entredicho la limpieza interna del partido, sino que alimenta un debate candente sobre la influencia real de los veteranos socialistas en el aparato estatal y sus ramificaciones con el mundo empresarial.
La investigación, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sigue acumulando grabaciones, agendas y testimonios que refuerzan la hipótesis de una red organizada para obtener réditos económicos a cambio de favores políticos.
Según lo declarado por Cerdán, Pepe Blanco ejercía como intermediario autorizado —con el beneplácito tanto de José Luis Rodríguez Zapatero como del propio Pedro Sánchez— para pasar nombres tanto a José Luis Ábalos como al propio Cerdán. Estos perfiles eran posteriormente compartidos con los ministerios implicados “para que pudieran elegir”, aunque las verdaderas opciones ya venían cribadas desde arriba. En palabras del exsecretario de Organización: “Cuando llegan a los Gobiernos se montan los equipos y el Gobierno forma parte de ese proceso… buscan perfiles técnicos y políticos del partido que puedan ocupar cargos”.
El trasfondo es claro: más allá del argumentario oficial sobre buscar “gente comprometida con su proyecto político para agilizar la Administración”, lo cierto es que la selección se orientaba hacia personas afines capaces de garantizar la ejecución fluida —y discreta— de proyectos estratégicos. Este proceso favorecía una gobernanza vertical en la que el ministro quedaba supeditado a un círculo cerrado de confianza, dificultando cualquier margen para discrepancias o controles internos.
No deja de ser irónico —y casi tragicómico— que, mientras algunos defendían este sistema como necesario para “agilizar” los engranajes del Estado, los principales protagonistas hayan acabado envueltos en una maraña judicial por presunta corrupción sistémica.
Ábalos, Koldo y las grabaciones incómodas
La dimensión mediática del caso no hace sino crecer conforme emergen nuevos datos. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y también encausado, ha señalado repetidamente a Blanco como artífice último del sistema de nombramientos sospechosos. En paralelo, Koldo García Izaguirre, antiguo asesor ministerial e investigado central en la trama Koldo, ha reconocido ante Cerdán su preferencia por tratar con él frente a otros históricos socialistas: “A mí me han venido Pepe Bono, Pepe Blanco… Que han venido a pedirme de todo, pero yo te prefiero a ti. ¿O no?”.
La existencia de grabaciones —algunas protagonizadas directamente por Blanco— refuerza el relato policial sobre una red bien estructurada. Al menos ocho reuniones documentadas entre Koldo y Blanco entre 2018 y 2021 sugieren una colaboración estable y continuada. El denominador común: “resolver problemas” para empresas vinculadas al entorno socialista o al lobby Acento, presidido por el propio Blanco.
El sobrecoste millonario en Albal: Antifraude pone cifras al escándalo
A este escenario ya caldeado se suman las conclusiones demoledoras difundidas por la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo ha detectado un sobrecoste injustificado superior al millón de euros en la construcción de la estación ferroviaria de Albal (Valencia), una obra cuya tramitación se remonta a 2011 bajo el mandato ministerial de Pepe Blanco y cuya ejecución fue rubricada años después por Isabel Pardo de Vera en ADIF y José Luis Ábalos desde Fomento.
El informe remitido al juez instructor señala “conductas, hechos u omisiones que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves”, incluyendo pagos por encima del coste real sin informes técnicos ni jurídicos que lo justificasen. La adjudicación recayó finalmente sobre Lantania S.L., una empresa señalada ya previamente como beneficiaria habitual dentro del entramado investigado.
Entre las irregularidades detectadas destacan:
- Falta absoluta del procedimiento legalmente establecido para justificar los incrementos.
- Modificados contractuales por más de 800.000 euros sin respaldo documental.
- Recepción ficticia o adelantada respecto al estado real de las obras.
- Implicación directa o indirecta —según Antifraude— tanto del Ayuntamiento socialista como del entonces equipo directivo estatal.
La Agencia advierte además que estas anomalías podrían estar relacionadas con el conocido como ‘caso Koldo’, lo que incrementa el alcance judicial del asunto.
Reacciones políticas: Moncloa toma distancias mientras crecen las grietas internas
El terremoto político es palpable. Mientras Moncloa intenta desmarcarse discretamente del papel jugado por Pepe Blanco —a quien hasta hace poco se consideraba un hombre fuerte en las sombras—, dentro del PSOE crecen las voces críticas e incluso temerosas ante un posible efecto dominó judicial. La presión mediática y las demandas sindicales internas han obligado a Sánchez a ofrecer explicaciones públicas sobre su modelo organizativo y su compromiso con la regeneración institucional.
Por si fuera poco, Feijóo ha aprovechado el cierre del curso político para anunciar una batería legislativa destinada a “limpiar” lo que denomina “la etapa negra del sanchismo”. El líder popular promete derogar las leyes impulsadas bajo este modelo organizativo vertical y marcado por los escándalos recientes.
La cuestión ahora es si este modelo endogámico sobrevivirá al envite judicial o si asistimos al inicio real de un cambio profundo en las costumbres políticas españolas.
