¡Menuda panda!
No todos los días una decisión administrativa levanta una ola de indignación tan transversal como la que recorre estos días la política española.
Y menos aún cuando lo que está en juego es la seguridad —literalmente— de miles de mujeres víctimas de violencia de género.
El relato parece sacado de un guion disparatado: el Gobierno decide cambiar los dispositivos de control telemático para maltratadores porque “le jodía mucho” a Irene Montero y su panda que fueran de origen israelí, optando por alternativas más baratas.
Como cuenta Luis Balcarce en OKdiario, eligieron un modelo que les pareció similar que ofrecían los chinos en AliExpress y rechazaron todas las advertencias de que era una filfa.
El resultado: fallos masivos, pérdida de datos y una cascada de denuncias archivadas por falta de pruebas.
A día de hoy, 20 de septiembre del 2025, la polémica no solo sigue viva, sino que crece con cada nueva revelación.
El sindicato policial JUPOL habla ya abiertamente de “pulseras AliExpress”, mientras la ministra Ana Redondo se ve obligada a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre una gestión que ha dejado al descubierto un preocupante nivel de improvisación y sectarismo ideológico en uno de los asuntos más sensibles del Estado.
De Telefónica a Vodafone-Securitas: el relevo que desató la tormenta
Hasta 2023, el sistema español para monitorizar a maltratadores funcionaba bajo el paraguas técnico y logístico de Telefónica, con dispositivos subcontratados a una empresa israelí. Su fiabilidad estaba fuera de toda duda. Pero la llegada al Ministerio de Igualdad del equipo liderado por Irene Montero trajo consigo una consigna clara: prescindir del proveedor israelí, por mucho que supusiera sacrificar calidad o garantías. La razón no era técnica ni económica; era puramente ideológica.
En marzo de 2024, el contrato pasa a manos de una UTE formada por Vodafone y Securitas. El cambio no tarda en mostrar sus grietas:
- Se producen fallos masivos durante la migración de datos.
- Cientos de denuncias por quebrantamiento terminan archivadas por imposibilidad técnica para probar los hechos.
- Las víctimas comienzan a denunciar que las pulseras saltan falsas alarmas o, peor aún, no alertan cuando deberían.
- Se pierde información clave sobre las órdenes de alejamiento activas.
La Fiscalía General del Estado recoge en su memoria anual la gravedad del asunto: múltiples sedes judiciales reportan problemas técnicos graves en Castellón, Pontevedra, Madrid, Girona, Granada o Tenerife.
El “efecto AliExpress”: dispositivos baratos y dudas sobre su eficacia
Lo que podría haber quedado como un episodio más dentro del rosario habitual de problemas administrativos adquiere tintes surrealistas cuando sale a la luz el origen y coste real de los nuevos dispositivos. Medios como Libertad Digital y esRadio desvelan que las pulseras adquiridas pueden comprarse en AliExpress o Alibaba por precios entre 17 y 21 euros —muy lejos del estándar internacional para tecnología especializada en seguridad personal—.
El propio Observatorio contra la Violencia Doméstica advierte a principios de 2024 al Ministerio sobre el riesgo que supone utilizar dispositivos sin garantías contrastadas. María Ángeles Carmona, su presidenta entonces, llega a comprobar personalmente la disponibilidad online y alerta sobre tres problemas principales:
- Fallos recurrentes durante la transferencia masiva de datos entre proveedores.
- Sistemas anti-manipulación deficientes: los agresores pueden retirarse las pulseras con relativa facilidad.
- Incidencias graves con las alertas: tanto falsas alarmas como ausencia total cuando realmente se produce un riesgo.
La reducción del número de víctimas protegidas es demoledora: según datos oficiales, se ha pasado en apenas un año de casi 5.000 dispositivos activos a poco más de 2.300.
Sectarismo ideológico y consecuencias jurídicas
La raíz del problema rebasa lo técnico o lo económico: lo grave aquí es el sectarismo ideológico. La decisión —según desvelan varias fuentes— parte del rechazo visceral hacia todo lo relacionado con Israel por parte del anterior equipo ministerial. Se opta así por proveedores sin experiencia previa ni solvencia probada en materia tan delicada.
Las consecuencias son directas:
- Centenares de mujeres quedan desprotegidas o inseguras ante fallos técnicos constantes.
- Los jueces se ven obligados a archivar procedimientos porque no hay pruebas fiables tras perderse datos clave durante el proceso.
- La reputación institucional queda seriamente dañada mientras crece la sensación social —y policial—de desprotección.
El sindicato JUPOL resume el sentir general con ironía amarga: “El Gobierno más feminista protege a las víctimas con pulseras compradas en AliExpress”.
¿Qué dice ahora el Gobierno? ¿Y qué papel juega Ana Redondo?
En medio del escándalo, Ana Redondo —sucesora directa de Montero— se ve ahora forzada a dar explicaciones públicas. El PP exige conocer cuántas mujeres han quedado sin protección efectiva debido al desastre tecnológico y pide responsabilidades políticas inmediatas.
Mientras tanto:
- La Fiscalía reconoce oficialmente pérdidas irreparables de información durante ocho meses clave.
- Las asociaciones feministas reclaman transparencia total sobre los contratos firmados y exigen revertir el sistema actual cuanto antes.
- Los cuerpos policiales denuncian precariedad en las Unidades especializadas (UFAM) e insuficiencia grave en medios técnicos.
Curiosidades y datos singulares
- Las pulseras antimaltrato pueden encontrarse en AliExpress desde apenas 16 euros si se adquieren al por mayor; algunos modelos permiten manipulación sencilla e incluso su recarga depende… ¡del propio agresor!
- Durante los meses críticos tras el cambio, los sistemas llegaron a emitir alertas erróneas tantas veces que muchas víctimas decidieron prescindir voluntariamente del dispositivo.
- El Observatorio contra la Violencia Doméstica ya había advertido al Ministerio meses antes sobre los riesgos técnicos… pero sus advertencias fueron sistemáticamente ignoradas.
- El caso recuerda amargamente al fiasco legislativo anterior —la famosa ley del “solo sí es sí”— donde también el fanatismo ideológico terminó teniendo consecuencias reales para cientos (o miles) de mujeres españolas.
- La polémica ha dado lugar incluso a encuestas virales preguntando si debería dimitir la ministra Redondo… mientras en redes sociales circulan memes que comparan las pulseras oficiales con gadgets electrónicos low-cost.
Y así, entre dogmas, compras online y alarmas fallidas, España asiste atónita al último episodio donde la política ideológica termina convirtiéndose —nunca mejor dicho— en cuestión vital.
