Así como no se iban a hacer ricos.
Porque tienen pisos, casas y chalets como quien tiene granos de arroz.
Y todo producto de la ‘extorsión’.
La imagen que proyectaba era impecable: una experta socialista en rescates empresariales, con un currículum brillante, presencia en importantes compañías públicas y privadas, y un discurso centrado en la protección del tejido productivo tras la pandemia.
Sin embargo, detrás de esta fachada, los documentos revelan una historia mucho menos heroica: “honorarios” de 7.000 euros mensuales, una comisión del 2% por cada crédito público obtenido y contratos gestionados a través de sociedades pantalla, mientras se continuaba operando, desde dentro, el Fondo de Reestructuración de la SEPI.
Lo que hasta hace poco eran meras sospechas y rumores en los despachos políticos y empresariales ha evolucionado hacia un caso judicial con nombres, cifras y correos electrónicos. En el centro del escándalo aparece María Jesús Garrido Solís, quien hasta hace poco era responsable del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial, junto al expresidente del holding público, Vicente Fernández.
De gestora de rescates a intermediaria de créditos: la doble vida de una alta cargo
Según la documentación que posee la Audiencia Nacional y a la que han accedido varios medios, Garrido y Fernández ofrecían a empresas privadas facilitar el acceso a financiación pública –en particular del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), gestionado a través de Sepides, una filial de la SEPI– a cambio de una estructura clara de comisiones.
Los esquemas presentes en los contratos son evidentes:
- “Honorarios” fijos de 7.000 euros mensuales más IVA por servicios “de consultoría” en busca de financiación.
- “Prima de éxito” del 2% sobre el total del dinero conseguido cuando la operación resultara exitosa.
El problema no radicaba solo en las tarifas, sino en quién las ofrecía y desde qué posición. Garrido continuaba siendo subdirectora del Fondo de Reestructuración y alta directiva de la SEPI cuando, al mismo tiempo, canalizaba estas operaciones mediante la consultora Allies & Altera, cuyo administrador es precisamente Vicente Fernández. La combinación entre arbitrar rescates públicos multimillonarios y asesorar, cobrando comisiones, a empresas para obtener esos mismos recursos públicos no se encuentra en ningún manual aceptable sobre buen gobierno.
En su trayectoria profesional, Garrido presumía haber liderado la ejecución del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y haber gestionado ayudas para compañías como Hesperia, Volotea, Abengoa, Soho Hoteles o Vincci. Es decir, no era una figura marginal; era una cara visible dentro del gran paraguas estatal destinado a los rescates tras el impacto del Covid.
Allies & Altera, Mediaciones Martínez y el carrusel societario
Para dar forma legal a ese negocio paralelo se empleaban al menos dos vías principales documentadas:
- La consultora Allies & Altera, presentada ante potenciales clientes como una firma especializada en buscar financiación pública y privada.
- La sociedad Mediaciones Martínez SL, posteriormente renombrada como Promociones Ku-ma, identificada por la UCO como pieza clave en la trama de comisiones relacionada con Vicente Fernández.
En 2024, mientras Garrido seguía como subdirectora del Fondo de Reestructuración, fue ella misma quien envió contratos de asesoría a empresas desde Allies & Altera, estableciendo los pagos mensuales y la prima por éxito sobre los fondos obtenidos mediante mecanismos públicos vinculados a SEPI y Sepides. Los documentos indican que utilizaba su correo personal y WhatsApp para estas comunicaciones; sin embargo, nunca ocultó su condición como alta directiva de la SEPI, algo que se presentaba como garantía para acceder directamente a los fondos públicos.
Antes incluso de formalizar su operativa con Allies & Altera, Garrido y Fernández ya colaboraban desde principios de 2023 usando Mediaciones Martínez SL, una sociedad que la Guardia Civil sitúa en el núcleo central de esta red que rodea al expresidente Fernández y otros cuadros socialistas investigados por delitos como organización criminal o malversación. Este entramado mercantil desemboca en un conocido domicilio situado en la calle Serrano, 76 en Madrid, donde operan empresas vinculadas a Antxon Alonso, socio cercano a Santos Cerdán, además del despacho legal GVJ & Associates, con conexiones en Suiza.
Lejos de ser un episodio aislado, las cronologías muestran una clara continuidad: inicialmente mediante Mediaciones Martínez; luego reforzando su consultoría con Allies & Altera en 2024 mientras intentaban difuminar el vínculo directo entre Garrido y esa trama asesoría retribuida.
El papel de María Jesús Garrido: poder interno, contactos externos y correo Gmail
La figura de Garrido resulta especialmente delicada por varias razones acumuladas:
- Ocupa la subdirección del Fondo de Reestructuración Empresarial dentro de SEPI.
- Simultáneamente es subdirectora de Participadas y consejera dominical en importantes empresas como Correos, Mercasa, Cetarsa, Ebro Foods o Mayasa.
- Se jacta haber pilotado aspectos fundamentales del dispositivo FASEE así como parte esencial del plan para rescates estratégicos.
Dicha posición le otorgaba un conocimiento profundo sobre los circuitos aprobatorios, plazos e incluso debilidades específicas dentro cada expediente. Además, generaba una percepción externa que indicaba que “sabía cómo empujar” para aumentar las posibilidades para lograr financiación pública. De hecho, varios clientes consultados admiten estar preocupados por esta posible incompatibilidad: alguien que decide o influye sobre rescates estaba simultáneamente solicitando comisiones por facilitar esos mismos fondos desde una consultora privada.
Para evitar dejar rastro incómodo en los sistemas oficialesde la empresa pública, Garrido optó por utilizar un correo Gmail para comunicarse sobre asuntos más sensibles. Aun así, no dudaba en resaltar su estatus como alto cargo cuando le convenía cerrar contratos. Interpelada por medios informativos sobre su vinculación con Allies & Altera, ha negado tener “vinculación societaria”, pero no ha aclarado si ha trabajado o colaborado con dicha consultora. Las empresas que firmaron acuerdos con ella aseguran haberla visto participando activamente en reuniones y negociaciones e incluso enviando borradores contractuales.
