Tienen más cara que espalda.
El Gobierno de Pedro Sánchez no conoce el rubor al momento de achacar la responsabilidad de sus desmanes a otros. Y ahora, son las empresas.
Entre las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, destaca la creación de una lista negra pública de empresas condenadas por delitos como corrupción, fraude, cohecho o blanqueo de capitales. Esta iniciativa, presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero, forma parte del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye un total de 84 medidas distribuidas en 18 textos legislativos diferentes.
La joya de la corona de este paquete normativo es, sin duda, la mencionada lista negra. Pasará de ser un registro confidencial a uno accesible para todos los ciudadanos, permitiendo que cualquiera pueda consultar qué empresas han sido condenadas. Las firmas incluidas en este listado no podrán contratar con ninguna administración pública.
Además, el Gobierno ha decidido ampliar el período máximo de inhabilitación para recibir subvenciones o beneficios fiscales de 15 a 20 años. Este endurecimiento busca cerrar las puertas a aquellas empresas que hayan incurrido en prácticas corruptas.
El entorno político que rodea esta aprobación es especialmente significativo. Sánchez ya había anunciado que tomaría medidas hace meses tras la dimisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuya supuesta implicación en el caso Koldo desató una crisis interna en el partido. También están bajo investigación el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Paralelamente, una auditoría forense encargada por el propio PSOE ha descartado financiación ilegal dentro del partido, aunque ha señalado gastos «llamativos» durante la gestión de Ábalos, como comidas en restaurantes que superaban los 60 euros por persona.
Por otro lado, el Gobierno ha decidido aumentar notablemente el control sobre los partidos políticos. A partir de ahora deberán llevar a cabo auditorías externas e independientes de sus cuentas financieras; esta obligación afecta especialmente a aquellos partidos con financiación pública superior a 50.000 euros. El umbral para hacer públicas las donaciones se ha reducido drásticamente: pasa de 25.000 euros a tan solo 2.500 euros. Asimismo, se ha acortado el plazo para informar a la Administración a un mes. Ignorar estas obligaciones conllevará sanciones equivalentes al doble del importe no declarado.
En cuanto al ámbito penal, el Ejecutivo ha ampliado el plazo de prescripción para los delitos relacionados con corrupción, llevándolo de 5 a 7 años. Esto permitirá dedicar más tiempo a investigar casos complejos y evitar que la prescripción genere situaciones de impunidad. También se contempla la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública, con jueces capacitados y un refuerzo para la Fiscalía Anticorrupción.
Otra iniciativa destacada es la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que reunirá funciones actualmente dispersas entre diversas instituciones: la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad para Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este nuevo organismo también asumirá la responsabilidad de coordinar en España la protección contra fraudes que afecten los intereses financieros europeos.
Además, se han fortalecido los mecanismos para recuperar activos mal habidos. Se incluyen figuras como el «decomiso sin condena» o el decomiso de riqueza no justificada, lo cual permitirá embargar bienes desde las primeras etapas de una investigación. También se prevé vincular los beneficios penitenciarios a la devolución del dinero sustraído.
Sin embargo, esta estrategia del Ejecutivo no está exenta de críticas. Hay quienes cuestionan si este enfoque punitivo hacia las empresas no es más bien un intento por desviar la atención sobre los problemas internos del PSOE. Mientras el partido intenta recuperarse tras los escándalos que han afectado a sus altos cargos, estas nuevas medidas buscan proyectar una imagen firme contra la corrupción. No obstante, surge una pregunta recurrente: ¿lograrán estas normas restaurar la confianza ciudadana en las instituciones o son simplemente un intento por ocultar lo innegable?
El anteproyecto aún debe llegar al Congreso para su debate y votación en septiembre, lo cual significa que queda un largo camino antes de convertirse en ley. Mientras tanto, las investigaciones judiciales contra exdirigentes socialistas siguen su curso en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno examina en secreto los pagos realizados en efectivo por parte del PSOE.
